La titular de la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti Alonso, sostuvo en el Parlamento que el sistema tiene una "real debilidad", y que esto repercute en serias dificultades para prevenir el lavado de dinero.
"Los números hablan por sí solos. Las condenas que tenemos por temas de lavado de activos son escasísimas. (...) Tomen en cuenta que avanzaron los estándares y nuestras condenas se fueron en picada. Entonces, ¿podemos imaginarnos cómo puede ser si hoy viene un organismo internacional a evaluarnos?", se preguntó la jerarca en una sesión de la Comisión de Lavado de Activos de la Cámara de Representantes realizada el jueves 21.
En dicha comisión legislativa, Libonatti informó que entre 2015 y 2019 se concretaron 50 condenas por este tema, mientras que en el período siguiente de tres años estas fueron apenas seis.
La jerarca señaló que la "secretaría antilavado" cuenta con un marco legal que le otorga "fortalezas", pero también, sostuvo, se han encontrado con "bastantes desafíos y algunos puntos débiles. Necesitamos mucha información y, para eso, precisamos equipos que estén preparados, porque no nos podemos olvidar de que los delincuentes avanzan rápidamente, mucho más rápido de lo que nosotros quisiéramos avanzar como Estado".
Libonatti recordó que en una evaluación realizada en 2019 por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) —una organización intergubernamental que nuclea a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte— Uruguay alcanzó apenas el segundo escalón (superior).
Los resultados contra ese delito son calificados por Gafilat de cuatro formas: moderado, superior, sustancial o alto.
"Solo doy esta referencia de algo que me sorprendió. Argentina acaba de ser evaluado con estándares más altos en algunos puntos en los que nosotros no fuimos evaluados (en 2019). Incluso (es esperable que) Argentina, en un resultado inmediato, esté mejor que nosotros", expresó la jerarca en la comisión parlamentaria.
Enseguida Libonatti aclaró que la misión de la Senaclaft no debe ser trabajar para tener una buena evaluación de Gafilat, sino para llevar adelante objetivos tales como atacar el delito, tratar de ir contra los delincuentes, procesarlos y sacarles los bienes que obtuvieron en forma ilícita.
La próxima evaluación de Gafilat a Uruguay se hará dentro de cinco años. "La efectividad no se logra en un año, tampoco en dos años; hay que demostrarla a lo largo del tiempo. Desde hoy debemos pensar en tener un sistema efectivo. Si solamente pensáramos en esos números —cuatro condenas en tres años—, con avances en los estándares y en las exigencias, ¿cuál podría ser nuestra situación si fuéramos evaluados hoy (por Gafilat)?", se preguntó Libonatti.
"Organizaciones poderosas"
En tanto, Ricardo Gil Iribarne, hoy asesor de la secretaria antilavado y extitular de ese organismo, afirmó en la comisión de diputados que Uruguay enfrenta una "situación preocupante" relacionada con un incremento de la presencia del crimen organizado.
Con respecto a las condenas por lavado, Gil Iribarne señaló: "Hay un problema de cantidad, sí. Pero, además, hay un problema de calidad. La Evaluación Nacional de Riesgos decía que hay seis condenas, pero que el problema real es que son todas chiquitaje. No hay organizaciones importantes desmanteladas y sabemos que en Uruguay operaron, y siguen operando, organizaciones que lavan dinero y que tienen cierto nivel de sofisticación".
Además, el experto advirtió a los legisladores: "No nos podemos quedar en el primer escalón o en el primer resultado en investigación, que generalmente es el delincuente más vulnerable, sino tratar de escalar, porque las cadenas de lavado son complejas y muy poderosas".