Finalmente, luego de cinco años de haberse diagnosticado el problema y a dos de haber sido plasmado en un documento oficial, el actual gobierno se encamina a implementar un mecanismo de control para la venta de autos de alta gama. La decisión se basa en que se trata de un rubro de “alto riesgo” y muy utilizado para el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.
En marzo de 2019, el Estado obtuvo US$ 271.000 por el remate de un Ferrari Italia Spider Cabriolet, incautado en una operación contra el lavado de activos. En 2020, pocos meses después de haber asumido el cargo, el entonces titular de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, compareció ante la Comisión de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados y advirtió: “Por razones operativas algunas actividades quedaron fuera de la supervisión, como, por ejemplo, la comercialización de automóviles de alta gama. Hablo de los verdaderamente de alta gama”. Ese año se vendieron en Uruguay unas 540 unidades de este tipo de vehículos.
En marzo de 2021, cuatro meses después de sus declaraciones, el Estado remató una Range Rover 5.0 HSE, un Chevrolet Camaro 2SS, un Porsche Boxster S y un Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo incautados al sindicalista argentino Marcelo Balcedo, condenado por lavado. En esa oportunidad se ofrecieron US$ 490.945, pero el adjudicatario de tres vehículos no pagó la seña. Los autos debieron volver a rematarse meses más tarde, logrando para el Estado casi US$ 300.000.
En 2023 se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, documento que sirvió de base para la Estrategia Nacional que el gobierno adoptó en julio pasado. Allí se recomendó al Poder Ejecutivo incluir a comerciantes e intermediarios de autos de alta gama como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
Ya hacia el final de su gestión, Chediak insistió en la necesidad de avanzar en ese camino: “Los autos de alta gama son los que suelen comprar esos nuevos ricos que son lavadores”, señaló.
La evolución de ese mercado tan específico habla por sí misma. En 2024 se vendieron en todo el país 1.120 vehículos de alta gama, con valores que van de US$ 55.000 a US$ 300.000, una cifra récord. El crecimiento acumulado entre 2020 y 2024 fue del 107,4 %. En otras palabras, mientras aumenta el volumen de transacciones, crece también el riesgo.
El control y la DGI
El jueves pasado, en el mismo ámbito parlamentario en el que habló Chediak en 2020, las actuales autoridades de Senaclaft se refirieron al tema y su planteo no estuvo exento de polémica.
El asesor de la Secretaría, Daniel Espinosa, explicó que el sector de autos de alta gama es “claramente” de riesgo. “Una de las soluciones era ponerlo como sujeto obligado y que Senaclaft lo controlara. Nos parece que, si consideramos costo-beneficio, no es una buena medida. Hay mil cuatrocientas automotoras en el país, no todas venden autos de alto valor. No todas cumplirían y sería difícil inducirlas al cumplimiento”, detalló.
Espinosa dijo que es mejor controlar ese mercado de autos de alta gama a través de la factura electrónica de la DGI. “Senaclaft tiene facultades de acceso que le permiten tener un detalle actualizado de todos los autos de los que quiera saber, a través de la factura electrónica de la DGI, o sea, superiores a US$ 100.000, a 150.000, lo que sea. Creemos que por ahí podemos focalizar mejor el control y evitamos poner a todas las automotoras del país como sujetos obligados y también le evitamos un problema a la Senaclaft de control, porque para poner un sujeto obligado hay que tener instrumentos o medios para controlarlo”, indicó.
El expresidente de la Jutep y actual asesor de Senaclaft, Ricardo Gil Iribarne, respaldó el planteo: “Estamos tratando de trabajar con ese esquema; hagamos las cosas sensatas que tienen sentido. Hay otra forma de resolver esto sin tirarle el fardo al sector privado”.
Opiniones en contra
El diputado Conrado Rodríguez (Partido Colorado) expresó su discrepancia y recordó que la línea de trabajo del anterior gobierno era diferente: “Entendí lo que explicaba Espinosa, pero no es menos cierto que la situación no solamente se da con las automotoras. Luego hay una reventa de esos vehículos de alta gama que son adquiridos, muchas veces, por narcotraficantes. Eso me preocupa y entiendo que debería haber una mirada más profunda para poder investigar”.
El Parlamento discute actualmente un proyecto de ley que modifica la normativa antilavado, y Rodríguez adelantó que, una vez que el texto llegue a la comisión, evaluará si corresponde incluir a las automotoras en la lista de sujetos obligados.
Espinosa replicó que aún se necesita más información del sector para tomar esa decisión: “Hay una primera venta del vehículo, pero después hay toda una cadena de ventas. No necesariamente el primer comprador es el comprador final; puede haber testaferros. Este es un tema para trabajar desde el punto de vista del riesgo. No nos negamos a ninguna solución, pero en este momento no tenemos la información suficiente como para proponer esa inclusión”.
Remates y narcotráfico
En la última década, el Ministerio del Interior y la Junta Nacional de Drogas han rematado decenas de vehículos de alta gama decomisados en operativos contra el narcotráfico. Camionetas blindadas, deportivos europeos y motocicletas de gran cilindrada pasaron de las manos del crimen organizado al patrimonio estatal o a subastas públicas.
Estos remates no solo permiten recuperar activos para el Estado, sino que también ponen en evidencia el estrecho vínculo entre el narcotráfico y el mercado automotor de lujo.
Falta de personal y presupuesto
La Senaclaft carece de los suficientes recursos humanos y materiales para asumir todas sus competencias. Durante la sesión de la Comisión de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados, las autoridades de la secretaría admitieron que el organismo no cuenta con previsiones específicas en el próximo Presupuesto Nacional.
La secretaria nacional, Sandra Libonatti, explicó que la Senaclaft depende de la Presidencia de la República y se financia con partidas generales de ese inciso, pero sin un rubro propio que asegure estabilidad financiera ni la posibilidad de planificar a mediano plazo.
La Senaclaft tiene 32 funcionarios, todos son pases en comisión salvo dos administrativas. La Oficina carece de expertos en algunas áreas para tratar desde el punto de vista legal o contable casos tan complejos. A modo de ejemplo, el asesor Ricardo Gil Iribarne planteó la necesidad de que las investigaciones dispongan al menos un experto en temas informáticos ya que el riesgo de lavado en Criptomonedas es cada vez mayor.
Libonatti explicó que se está trabajando en una reestructura. “Para el presupuesto había poco tiempo para analizar, se corre mucho y queríamos hacer una evaluación seria de cuál es la estructura que entendíamos importante para cumplir con los cometidos que nos asigna la ley”, dijo.
El diputado Pablo Abdala (Partido Nacional) cuestionó esa situación y advirtió que, pese a la inminente evaluación internacional a la que Uruguay será sometido en 2030, el organismo encargado de coordinar las políticas antilavado carece de los medios suficientes. Señaló que una reestructura interna prevista por el Ejecutivo recién podría instrumentarse en 2027, por lo cual el fortalecimiento institucional se postergaría.
Libonatti reconoció que el mayor déficit está en el plano de los recursos humanos. Actualmente la Secretaría funciona con un equipo reducido que debe atender tareas de supervisión, control, capacitación y coordinación interinstitucional. En este punto, Gil Iribarne fue categórico: “El principal sujeto obligado es el propio Estado”.
En materia de formación, las autoridades explicaron que dependen en gran medida de instancias brindadas por organismos internacionales como Gafilat, que permiten capacitar sin costo a técnicos y supervisores. Asimismo, se mencionó que el Fondo de Bienes Decomisados puede destinar partidas excepcionales para contratar profesionales específicos, aunque se trata de una herramienta limitada y con escasa continuidad.
Gil Iribarne también puso sobre la mesa la necesidad de un cambio de actitud ya que con una reestructura o fortalecimiento no es suficiente. “Lo que he percibido es —dando una visión general de cuando volví a este tema— que todo el sistema está a media máquina, como en una especie de trabajo a reglamento. Yo creo que eso hay que romperlo, es responsabilidad de todos nosotros; cada uno en lo suyo, pero de todos nosotros. No es un problema de un partido político, no; es un problema del país, que lo tiene que asumir”, afirmó.
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