Redacción El País
Uno de los abogados de las víctimas de Conexión Ganadera, Juan Pablo Decia, que defiende a un conjunto de aproximadamente 200 personas, anunció que presentará un escrito ante la Justicia el próximo lunes para que se convoque a una audiencia. Allí solicitará el cambio de prisión domiciliaria a efectiva de las imputadas Daniela Cabral y Ana Iewdiukow, o que en última instancia se levante esta medida cautelar para que no sigan descontando días de su eventual condena.
Este reclamo viene de una de las claves del sistema penal uruguayo. Cuando una investigación se formaliza, los imputados pasan a cumplir determinadas medidas preventivas. Si esa medida preventiva es de prisión, los días que transcurran allí se descuentan luego de la eventual condena que disponga la Justicia. Esto incluye no sólo la cárcel, sino también el arresto domiciliario. Por poner un ejemplo, si en el juicio se determina una pena de 36 meses y la persona condenada ya estuvo seis en prisión (efectiva o domiciliaria) durante la etapa previa de la investigación, a partir de allí pasará 30 meses en prisión.
Uno de los elementos relevantes de este asunto es que tanto Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, y Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, fueron imputadas por un delito continuado de estafa pero aguardan el juicio en prisión domiciliaria, la primera en un apartamento en Punta del Este y la segunda en Parque Batlle.
Decia reclama que, si en el juicio llegaran a ser condenadas a ir a la cárcel, como él espera, de la pena se le descontarán los días que hayan pasado en sus casas.
Entonces pedirá al fiscal del caso en la audiencia, si la jueza la convoca, que se solicite por parte de la Fiscalía el cambio de prisión domiciliaria a efectiva o, en todo caso, la suspensión de la prisión domiciliaria por unas medidas limitativas de menor trascendencia, como el impedimento de salir de Uruguay (pero con libertad de movimiento en el territorio nacional). En ese caso la sustitución de la pena ya no es un día por cada día transcurrido antes del juicio, sino de 0,5, es decir, un día de pena por cada dos días de medidas limitativas.
"Rechazamos el cumplimiento de prisión domiciliaria en estas condiciones", aseguró Decia en diálogo con El País.
Marcó con énfasis el caso de Cabral, que está "en un apartamento embargado, comprado por Gustavo Basso en vida con dinero de la actividad ilícita, la estafa sostenida en la que estuvo involucrado".
"Están descontando la pena que eventualmente les recaiga. No es justo que estén adelantando su condena en prisión domiciliaria en las condiciones de extrema comodidad y lujo en las que están ahora", añadió el abogado.
Además, afirmó que incluso en prisión domiciliaria existe el riesgo de entorpecimiento de la investigación, que es uno de los que se intenta limitar con las medidas preventivas: "Hoy ellas pueden recibir a testigos o imputados; pueden entorpecer la investigación".
Entonces "sabiendo que la acción penal es pública y sin desconocer el principio acusatorio que determina que toda la actividad procesal tiene que tener la iniciativa de Fiscalía", en el escrito pedirá que se convoque a una audiencia con el fiscal Enrique Rodríguez para solicitarle a este que reclame el cambio o dejar sin efecto la medida preventiva.
La respuesta de un abogado de Cabral a Juan Pablo Decia
El País se contactó con los defensores de los imputados. Pablo Donnángelo, uno de los abogados de la familia de Basso, señaló que "la presunta víctima no es parte en el proceso penal, es simplemente un coadyuvante del fiscal, y es el fiscal quien puede pedir alguna medida cautelar que implique alguna restricción a la libertad de un imputado".
"Debería desestimarse su planteo de plano por improponible", dijo respecto del escrito que presentará Decia.
"Nos preguntamos si efectivamente esta especie de 'nuevo alarido de prensa' de parte de este abogado no es más que una jugada para presionar al fiscal y a la Justicia. La gente debe saber que no todo vale en el marco de una investigación penal. La teatralización de una causa penal le hace muy mal al sistema y lo desmerece. Hay límites, y esos límites los pone la ley. Nosotros preferimos la sobriedad", concluyó.
En este caso, quien sí cumple prisión efectiva como medida cautelar es Pablo Carrasco, imputado por estafa y también lavado de activos.
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