Redacción El País
La Suprema Corte de Justicia (SCJ)investiga la actuación de por lo menos cinco juzgados penales que liberaron narcotraficantes mediante adulteraciones de expedientes realizadas por el falsificador Matías Campero, hoy en prisión preventiva.

Bajo la mira de la Corporación también se encuentra el Instituto Técnico Forense (ITF). Se presume que en uno de los expedientes donde la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, otorgó la prisión preventiva para el narco Juan Antonio González Bica, el ITF elaboró un informe tomando un certificado médico supuestamente elaborado por Campero.

En base a ese informe médico, el ITF envió un documento a Mainard donde señalaba que el narcotraficante González Bica sufría de dolencias renales y cardíacas. La magistrada le otorgó la prisión domiciliaria con una tobillera electrónica y dos meses más tarde, la rompió y se fugó.

La Suprema Corte de Justicia determinó una investigación administrativa en el Juzgado de Mainard. Pero la jueza no fue la única magistrada inducida a error. Los juzgados de Crimen Organizado de 1er Turno, 8° Turno de Montevideo, Libertad (San José) y de Maldonado también otorgaron liberaciones de narcotraficantes mediante certificaciones falsas elaboradas por Campero.

Una fuente de la Suprema Corte explicó a El País que todas esas situaciones están bajo investigación. “Hasta el momento no se constató una infiltración en el sistema informático del Poder Judicial”, agregó.

Sí se comprobó que las maniobras orquestadas por Campero se limitaron a arrancar hojas de expedientes judiciales y sustituirlas por otras falsificadas donde disminuía notoriamente las fechas de liquidaciones de penas. Por ejemplo, en uno de los juzgados, el preso debía salir en libertad en 2025 y Campero falseó la hoja y puso que la excarcelación era este año. Ello fue detectado por un magistrado y denunciado a la Corte y a la Fiscalía.

Las liberaciones anticipadas de los narcotraficantes obligaron a la Suprema Corte de Justicia a ordenar a todos los jueces una medida inédita: revisar todas las prisiones domiciliarias otorgadas a ese tipo de delincuentes (ver nota aparte).

En forma paralela, la Corte determinó que, en caso de analizar una liberación por enfermedad de un recluso, el juez del caso debía tener a la vista de la historia clínica.

Por su parte, la fiscal de Estupefacientes de 1er Turno, Mónica Ferrero, también investiga cada una de las prisiones domiciliarias de los narcotraficantes y si los informes del ITF que constan en esos expedientes son apócrifos o no.

Las prisiones domiciliarias de imputados por delitos de drogas generaron críticas del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hacia la Justicia. Poco después, la Suprema Corte decidió sumariar y trasladar al Juzgado de 31er Turno a la jueza especializada de Crimen Organizado de 1er Turno, Adriana Chamsarian.

Según supo El País, la magistrada no fundó las razones por las cuales decidió la prisión domiciliaria sin tobillera del narco Miguel Ángel Leal, quien había sido detenido con 15 kilos de cocaína. Leal sigue prófugo.

En la tarde de ayer, el fiscal adjunto de Corte, Juan Gómez, concurrió a la sede de la Suprema Corte de Justicia a reunirse con la presidenta del organismo, Doris Morales.

Las excarcelaciones de los narcotraficantes fueron analizadas junto con otros temas, dijo poco después Morales en una conferencia de prensa.

“Sin duda planteamos la preocupación por estos temas. Se dispuso una investigación administrativa y un sumario que están en curso. Se siguen haciendo otras investigaciones con el fin de saber si existe alguna otra cuestión para analizar o llevar a cabo algún sumario”, explicó la presidenta de la Suprema Corte.

Con respecto al combate al narcotráfico, Morales dijo que todos los poderes del Estado “tienen que trabajar” en forma conjunta y “no criticar a los demás”. De esta forma, la presidenta de la Corte aludió a los cuestionamientos realizados por el ministro Heber al trabajo de las dos juezas de Crimen Organizado.

Para Morales, los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- deben trabajar juntos para enfrentar un problema que es “grave” y “mundial”, en referencia al narcotráfico. “Esa es la gran preocupación que tiene que mover a los tres poderes y siempre respetando la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes”, sostuvo.

Morales insistió que el Poder Judicial “está abierto” a planteos de otros organismos del Estado y continuará trabajando “sin criticar a los demás y sin creer que tenemos la solución en nuestras manos. Este tipo de problemas (generados por el narcotráfico) supera a los (operadores) que estamos tratando de solucionarlo”.

Por su parte, el fiscal de Corte dijo a El País que la reunión con Morales “fue de articulación” y agregó que en la misma se abordaron varios temas y no solo las falsificaciones de expedientes judiciales.

De todas formas, el jerarca de la Fiscalía sostuvo que hasta el momento no hay indicios de actos de corrupción en las decisiones de las juezas de Crimen Organizado que otorgaron prisión domiciliaria a narcotraficantes que se fugaron.

Gómez explicó que dialogó con Morales sobre la instalación de las fiscalías de Violencia de Género en el interior para lo cual precisará saber cuándo estarán listos los juzgados y los nombramientos de los magistrados. Y agregó que prometió crear una fiscalía en Ciudad del Plata (San José), la que deberá ser acompañada por un juzgado. “De eso se habló en la reunión con la presidenta de la Corte. Estamos de acuerdo en eso (con la Corporación). Estamos tratando de cumplir con esa promesa”, concluyó Gómez.