En un hecho inédito en la historia judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió sumariar y trasladar a la jueza especializada en Crimen Organizado de 1er Turno, Adriana Chamsarian. De esa forma, la Corporación decidió el inicio de un proceso disciplinario a la magistrada.

Según supo El País, la decisión se adoptó luego de que se encontraran “errores” en un expediente donde la jueza otorgó la prisión domiciliaria sin tobillera electrónica a un narcotraficante que luego se fugó. Se trata de Miguel Leal, quien estuvo solo tres meses y 15 días en la cárcel cuando debía cumplir una condena de cuatro años y siete meses de penitenciaria. Leal había conseguido la excarcelación gracias a certificados médicos apócrifos elaborados por el falsificador Matías Campero, hoy en prisión preventiva.

Tras una orden de la Suprema Corte enviada a todos los jueces para que revisaran los casos de prisiones domiciliarias a narcotraficantes, la propia Chamsarian informó a la Corporación el caso de Leal.

En la tarde de ayer, la Suprema Corte analizó el expediente y decidió trasladar a la jueza al Juzgado de 31er Turno, a cargo de juez Fernando Islas. A su vez, Islas ocupará el lugar de Chamsarian.

Según supo El País, la magistrada no habría fundado las razones por las que otorgó la prisión domiciliaria para Leal.

Además de Chamsarian, por lo menos cinco jueces fueron inducidos a error por Campero, quien incluía en expedientes certificados médicos adulterados. En estos certificados se basaban peritos del Instituto Técnico Forense (ITF) para brindar dictámenes sobre los estados de salud de los presos, los cuales luego eran utilizados por los magistrados para otorgar las prisiones domiciliarias de los reclusos, en los casos conocidos dedicados al narcotráfico.

En el caso específico de Leal, el médico forense reconoció que había tenido en sus manos una historia clínica parcial del traficante de drogas. En ningún momento el perito pidió la historia clínica completa de Leal. Si lo hubiera hecho, se habría dado cuenta que carecía de las enfermedades renales y cardíacas que figuraban en la documentación apócrifa.

El jueves 17, El País informó que Campero falsificó documentos en el Juzgado Penal de 8° Turno, cuyo titular es el juez Nelson dos Santos.

Fuentes del caso informaron que Campero arrancó hojas de un expediente e incluyó otras falsas donde adelantaba en dos años la salida de prisión de un delincuente. Poco después, llegó el padre del penado y Campero le mostró que este iba a poder salir en libertad en 2023 y no en 2025. Era un engaño para sacarle dinero a cambio de sus servicios.

El magistrado sospechó que algo raro ocurría. Es inusual que un abogado solicite ver un expediente dos veces en poco tiempo. Luego que Campero se reiteró de la sede, Dos Santos y una actuaria analizaron el expediente y lo cotejaron con un cuaderno donde se anotan las liquidaciones de pena. De esa forma se descubrió la falsificación. Tras esto, Dos Santos informó sobre lo ocurrido a la Suprema Corte de Justicia y a la fiscal Mónica Ferrero.

Campero también es investigado por haber falsificado certificados para un narcotraficante de Villa Española. Gracias a los documentos apócrifos, Antoni Suárez pasó de una celda del Penal de Libertad a una clínica para adictos, donde también se tratan enfermedades cardíacas y renales. Pero la “frutilla de la torta” fue la adulteración de documentos que indujeron a error a la jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, María Helena Mainard. En este caso Campero y la abogada María de las Mercedes Acosta lograron la prisión domiciliaria con tobillera del narcotraficante Juan Antonio González Bica.

Según informó El País, el propio Campero participó en la audiencia como público.

Pocas semanas después de obtener la prisión domiciliaria, González Bica se fugó.

El falsificador adulteró documentos que le permitieron a él mismo salir de la cárcel de Maldonado en 45 días, pese a que enfrentaba acusaciones por secuestro y privación de libertad. Las penas por esos ilícitos superan los 5 años de penitenciaría. Salió de la prisión con una tobillera. En los certificados médicos señalaba que sufría de dolencias cardíacas y renales.

El Ministerio del Interior informó que 52 narcotraficantes obtuvieron la prisión domiciliaria por supuestas dolencias. La fiscal Ferrero y las fiscales adjuntas Gabriela Fernández y Patricia De Amorín procuran, en la investigación, precisar cuántos traficantes de drogas fueron liberados gracias a falsificaciones elaboradas por Campero.

Tras una orden de la Suprema Corte de Justicia, los jueces penales de todo el país también analizan caso a caso las prisiones domiciliarias.

A partir del lunes 25, las solicitudes de prisiones domiciliarias comenzaron a llegar a los juzgados penales de la calle Juan Carlos Gómez junto con historias clínicas de los presos. De esa forma, se pretende evitar que en los expedientes se incluyan certificados médicos falsos. En los legajos hay un código QR donde los jueces tienen una ficha electrónica.

No obstante, según pudo saber El País, en los últimos cuatro días llegaron a distintas sedes documentos del ITF sobre estados de salud de presos que carecían de código QR.

Los magistrados se quejan de que están en “la primera línea de batalla” tomando declaraciones y participando en audiencias, y “no poseen” un sistema informático que les permita ser inmunes a las filtraciones de un falsificador como Campero.