Redacción El País
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó revisar todas las prisiones domiciliarias que fueron concedidas por las juezas de Crimen Organizado de 1° y 2° Turno, Adriana Chamsarián y María Helena Mainard.

De hecho, en la tarde de hoy se está desarrollando una audiencia en la que se están revisando los documentos por los que Chamsarián le concedió prisión domiciliaria a un delincuente condenado por el delito de asistencia al narcotráfico.

La audiencia que se realiza está a cargo de la fiscal adscrita de Estupefacientes, Gabriela Fernández.

El domingo 17 pasado, El País informó que el falsificador Matías Campero no solo consiguió, a través de los documentos apócrifos (informes del Instituto Técnico Forense (ITF) e historias clínicas, entre otros), la excarcelación del narcotraficante Juan Antonio González Bica —que se fugó tras romper la pulsera electrónica mientras estaba con prisión domiciliara y continúa prófugo—, sino que también hizo lo mismo con Antoni Suárez, un líder narco de Villa Española. Este, que estaba en el Penal de Libertad, logró que lo trasladaran a una clínica para adictos. Al conocerse la maniobra, el delincuente volvió a la prisión.

El viernes 22, en tanto, El País consignó que una investigación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) constató que otro jefe narco, Miguel Leal, estuvo solo tres meses y 15 días en la cárcel cuando debía cumplir una condena de cuatro años y siete meses de penitenciaria. Gracias a certificados médicos falsos, que también habrían sido suministrados por Campero, Leal consiguió que le dieran prisión domiciliaria. El narcotraficante fue detenido luego, momentos antes de realizar una entrega de estupefacientes.

González Bica y Suárez fueron beneficiados con la prisión domiciliaria por decisión de Mainard. Leal, en tanto, lo consiguió por orden de Chamsarián. Lo hicieron luego de revisar expedientes que eran modificados por Campero, y en los que se señalaba sobre enfermedades que supuestamente tenían los delincuentes. Apelaba a problemas renales que implicaban que tuvieran de dializarse.

Fuentes del caso señalaron a El Pais que la historia clínica del proxeneta —que ser revisa si es apócrifa— también consiguió prisión domiciliaria revela que padece varias dolencias.