A LOS TROPEZONES

Caída de la actividad fue transmitida por jerarca de la Corte a cuatro jueces.

Los juicios penales cayeron a un 20% en los primeros nueve días de implementación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) en comparación con el antepenúltimo turno realizado con el sistema viejo. Ese dato fue transmitido por el subdirector general de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, a los jueces penales Julia Staricco, Tabaré Erramuspe, Néstor Valetti, Fanny Canessa y Silvia Urioste en una reunión mantenida el martes 7 en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Participantes de la reunión señalaron a El País que los mismos fiscales que pedían procesamientos por el código viejo ahora no inician la formalizaciones de investigaciones bajo el nuevo régimen.

"¿Qué esta pasando? ¿No hay más delitos? ¿La Policía dejó de detener delincuentes?", se preguntó un magistrado que participó de la reunión con el subdirector Pesce.

Consultado por El País, el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, respondió que Pesce le transmitió que no haría declaraciones a la prensa sobre la reunión que mantuvo con los jueces. "Efectivamente se produjo un diálogo entre Pesce y los magistrados. Pero Pesce considera que fue en el marco de una reunión de trabajo y su contenido no debe publicitarse", dijo Oxandabarat.

La Dirección de Comunicación de la Suprema Corte de Justicia (Dicomi-SCJ) informó que, en todo el país, se realizaron 135 audiencias de formalización de investigaciones con el nuevo Código del Proceso Penal. Eso representa un promedio de 15 audiencias por día.

Según Oxandabarat, todavía es "muy temprano" para determinar el rango normal del nuevo sistema del proceso penal.

"En los primeros cuatro días hubo desconcierto, fallas en el sistema informático de la Fiscalía y cierta inseguridad. Pero ahora crecen rápidamente el número de audiencias", dijo el vocero de la Corte.

El ocio campea en los nuevos juzgados penales. Jueces y funcionarios charlan de banalidades entre una audiencia y otra. Con la excepción de ayer, por las mañanas no se trabajó en los juzgados que funcionan con el nuevo Código del Proceso Penal por falta de audiencias.

Una situación muy distinta ocurre en los juzgados de la calle Uruguay donde se tramitan casos del viejo código. Las cajas de plástico llenas de expedientes se amontonan en los despachos de los actuarios. Allí prima el descontrol y el caos.

Dentro de los expedientes hay casos de vencimientos de penas. Es decir, refieren a solicitudes de libertades y ello expone a la Suprema Corte a indemnizaciones por prisiones indebidas. "Es imposible controlar los vencimientos de penas", afirmó un juez penal a El País.

La falta de funcionarios es obvia en los juzgados que tramitan casos por el viejo código. Antes de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, cada juzgado contaba con 12 funcionarios. Ahora cuatro juzgados y medio tienen 12 trabajadores. Ello genera una sobrecarga de trabajo.

Para empeorar aún más la situación de esos juzgados, una magistrada se ausentó por enfermedad y dos juezas debieron suplantarla.

Un juez relató a El País que tiene que estudiar más de 45 expedientes desde cero para dictar sentencias. La mayoría de ellos aún está dentro de cajas de plástico y no se diferencian si se tratan de libertades de presos o no. Para complejizar aún más la difícil situación de estos juzgados, la Corte aún no habilitó los correos electrónicos para las cuatro fiscalías que siguen los casos previos a la implementación del nuevo código. Ello significa que los jueces envían a esos fiscales notificaciones vía mail y estas no le llegan. Por ello, los cedulones deben ser llevados en forma personal a los fiscales.

En la reunión con Pesce, los jueces penales le entregaron una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, donde informaron sobre "la grave situación" que enfrentan en este momento. La misiva fue firmada por los jueces Nelson dos Santos, Tabaré Erramuspe, Ana Ruibal, Fanny Canessa y Julia Staricco.

La carta, a la que tuvo acceso El País, señala que el edificio donde funcionan los juzgados que tramitan casos del código viejo, en la calle Uruguay 907, "no tiene" un sistema de seguridad policial adecuado pese a que en su interior se encuentran expedientes correspondientes a 20 juzgados penales antiguos, los ocho magistrados a cargo de ellos, actuarios y funcionarios.

"Es así que no se cuenta con un número suficiente de funcionarios policiales afectados a la seguridad judicial, ni al carcelaje, ni a la puerta de entrada al edificio", sostiene la misiva.

Asimismo, "se carece de un sistema de control de ingreso del público, tales como acreditación de identidad, de citación, cámaras de filmación y un scanner detector de metales. En tal sentido sería conveniente la asignación URGENTE (sic), de más funcionarios policiales para la custodia del carcelaje que en la actualidad cuenta con uno solo". Además, los jueces sugirieron a la Corte que, en caso de no ser posible la asignación de funcionarios, se realice una declaración de días inhábiles por un plazo prudencial para organizar las sedes.

En la tarde de ayer, comenzó a salir humo del ascensor de los presos en el juzgado de la calle Uruguay. No aguantó la carga de expedientes.

En la mañana de ayer, el Consejo Honorario de Instrucciones Generales aprobó una nueva directiva referida a los criterios generales de investigación. A la reunión concurrieron el fiscal de Corte Jorge Díaz, Sara Ilha por la Secretaría de la Presidencia, en representación de la sociedad civil Alicia Deus, y por la Facultad de Derecho Rafael Biurrum. En la reunión se dejó sin efecto la instrucción referida a la actuación entre la Fiscalía y la Policía en los delitos contra la salud pública, la vida y la propiedad.

En la reunión con el subdirector general de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, cuatro jueces penales que tramitan expedientes según el Código del Proceso Penal antiguo señalaron que había problemas de competencias con los fiscales.

Por ejemplo, un caso de estafa denunciado antes de la implementación del nuevo código realizada el miércoles 1°, la Policía informó al juez de turno y este dispuso continuar las investigaciones y volver a ser informado.

Días atrás, la Policía detuvo al acusado y dio cuenta a uno de los cuatro fiscales que trabajan con expedientes del viejo código. "Pero ellos no quisieron asumir competencia", dijo un juez a El País. Enseguida agregó: "El nuevo código establece que el fiscal debe encargarse de esa investigación. Ese problema de competencias se repitió en dos o tres ocasiones. Los jueces señalaron que no podían tomar el caso y los fiscales afirmaron que no eran competentes. La Policía no sabía qué hacer". Antes de la implementación del nuevo código, un individuo pateó la puerta de una casa, ingresó y apuñaló al dueño. El agresor fue detenido el miércoles 7.

El juez del caso asumió competencia porque el ilícito había ocurrido antes de la entrada en vigencia del nuevo código. El magistrado ordenó careos entre las personas que vivían en la casa y el detenido.

Poco después, el juez del caso salió a buscar a los fiscales y no encontró a ninguno en el juzgado. Preguntó a la actuaria y esta la respondió que los fiscales habían considerado que no eran competentes.

El juez actuante señaló que el indagado se encontraba detenido desde el día anterior y que debía resolver ese día porque vencían los plazos constitucionales.

El magistrado sostuvo que si los fiscales adscriptos no aparecían en un plazo de diez minutos llamaría al titular. Poco después, regresaron los dos fiscales adscriptos.