JUSTICIA PENAL

La Corte culpó a la Fiscalía por fallas en el nuevo Código

Ayer volvió a caer el sistema informático de Fiscalía; las audiencias comenzaron más tarde de lo previsto.

La jueza María Rosa Aguirre llevó adelante un proceso oral contra dos acusados de hurto. Foto: F. Ponzetto
La jueza María Rosa Aguirre llevó adelante un proceso oral contra dos acusados de hurto. Foto: F. Ponzetto

El segundo día de aplicación del nuevo Código de Proceso Penal volvió a sufrir algunas fallas en el sistema informático, lo que derivó en el atraso del comienzo de las audiencias en los juzgados ubicados en la calle Juan Carlos Gómez.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) culpó ayer a la Fiscalía General de la Nación de las fallas en la implementación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP), que comenzó a funcionar a las 00:00 horas del miércoles 1°.

"Si bien es cierto que algunos titulares de prensa de esta jornada (por ayer) mencionaron la existencia de desconcierto y caos en el primer día de vigencia del nuevo Código de Proceso Penal, esos calificativos debieron acotarse al desempeño de la Fiscalía", advirtió un comunicado de la Corte.

De inmediato señala que los sistemas informáticos y las previsiones de recursos técnicos y humanos que implementó la Suprema Corte se mantuvieron operativos desde el minuto inicial de la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP).

En el comunicado, el subdirector General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, recordó que, días antes de la implementación del nuevo código, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, pidió disculpas por adelantado sobre eventuales deficiencias del nuevo sistema procesal penal.

Pesce dijo: "Es cierto que puede haber problemas. Son todos problemas que ha tenido la Fiscalía al asumir su nuevo rol (investigación de delitos). Ellos nos han comunicado la existencia de dificultades en sus sistemas informáticos y que son temas que se irán subsanando con el correr de las horas".

Acuerdos.

El segundo día de aplicación del nuevo CPP, el sistema volvió a sufrir algunas fallas informáticas, lo que derivó en el atraso del comienzo de las audiencias en los juzgados de Juan Carlos Gómez.

En la Fiscalía de Flagrancia hubo cuatro casos sobre hurtos: tres terminaron con acuerdos entre el representante del Ministerio Público y la defensa; un cuarto imputado quedó en libertad por falta de pruebas.

El primer caso, referido a un robo de celulares en grado de tentativa en el Centro de Montevideo, se diligenció en el Juzgado de 37° Turno, cuyo titular es el juez Gonzalo Arsuaga.

El acusado era Álvaro T., quien fue capturado en un arresto ciudadano tras robar un celular en 18 de Julio y Vázquez.

El abogado defensor de Álvaro T., Nicolás Pereyra, llegó a un acuerdo con la fiscal de Flagrancia, Stella Llorente, para aplicar una pena de siete meses de prisión por un hurto agravado en grado de tentativa. El juez Arsuaga hizo lugar al acuerdo, el primero concretado entre un defensor particular y un representante del Ministerio Público.

El segundo caso trató sobre el intento de robo de un Dae-woo, modelo Tico, por parte de Martín S. y Esteban R., en la calle Copay y Pasaje 50 Metros. La Policía los detuvo dentro del auto estacionado en forma sospechosa. En el sistema de arranque del auto había un trozo de una tijera.

La fiscal adscripta de Flagrancia, Astrid Aragón, solicitó a la jueza María Rosa Aguirre la formalización de la investigación y relató que había llegado a un acuerdo con la defensora pública de los imputados, Andrea Souto. El acuerdo establecía una prisión de 14 meses para los dos indagados. Aguirre hizo lugar al pedido.

El tercer caso se desarrolló en el Juzgado de 36° Turno de la jueza Marcela Vargas. El fiscal de Flagrancia Gustavo Zubía solicitó seis meses de prisión para un individuo que intentó un hurto en Carve y avenida Garzón. Zubía llegó a un acuerdo con la defensora pública Paola Vitale y el sujeto fue a prisión por seis meses.

La jueza de 34° Turno, Blanca Rieiro debió pronunciarse sobre un robo en grado de tentativa de un transformador y cables en la avenida Francisco Solano López y avenida Rivera. En este caso el fiscal Zubía y el defensor Diego Moreira llegaron a un acuerdo de suspender el proceso con medidas que debe cumplir el acusado.

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