Llegó a su casa y halló el terreno cercado: el millonario negocio de las estafas inmobiliarias en costa de Canelones

El 10 de octubre Miguel llegó a su casa en el balneario Santa Ana y vio que algo había cambiado en el fondo del terreno. El candado que daba acceso a esa parte del predio ya no era el suyo y el lugar estaba cercado con alambrado, pilotes y porteras. También había palos pintados de rojo que, según interpretó, marcaban los límites de la zona. Miguel sostiene que esa franja le pertenece, pero otra persona también reclama la titularidad. Días después recibió fotografías en las que aparecía una malla negra colocada para separar su propiedad del área en disputa. Cuando volvió a ir, encontró a dos trabajadores cortando el pasto. Al preguntarles quién los había contratado, apareció una mujer que dijo ser la dueña del terreno.

Miguel, cuyo nombre se ha modificado para preservar su identidad, denunció lo ocurrido ante la Policía y cuestionó el procedimiento porque, según dice a El País, no recibió copias de las primeras actuaciones hasta que concurrió acompañado por su abogado. El caso llegó a Fiscalía, donde, de acuerdo con su relato, le indicaron que debía recurrir a la vía civil para reclamar el inmueble. Ahora busca recuperar el predio mediante acciones judiciales.

En Santa Ana se repiten relatos de lo que los vecinos describen como ocupaciones ilegales.
André Simoes, otro vecino del balneario, habla de las dificultades que enfrentan quienes no residen en forma permanente. Él, por ejemplo, debió iniciar un juicio luego de que una persona instalara un contenedor en su terreno sin autorización. El proceso se extendió durante tres años y culminó con una orden de lanzamiento, aunque quien ocupaba el predio se retiró unas 12 horas antes de que se concretara la medida. Simoes relata que su terreno estaba cerrado y que se encontraba realizando obras en su vivienda de veraneo cuando ocurrió el episodio. A partir de entonces, reforzó las medidas de seguridad con cámaras y un cerco perimetral.

Los casos se producen en un contexto de aumento de las intervenciones de la Intendencia de Canelones vinculadas a denuncias por ocupaciones. Los registros de la Unidad de Control y Respuesta de la comuna, a los que accedió El País, muestran que en 2023 hubo 25 actuaciones, en 2024 fueron 45, en 2025 se contabilizaron 168, mientras que entre enero y agosto de 2026 la cifra ya llegó a 375.

La mayor concentración se registra en el municipio de La Floresta, que comprende Santa Ana (ver recuadro aparte).

Consultada por El País, la intendencia canaria señala que no se han detectado “ocupaciones masivas” y sostiene que, ante situaciones sospechosas, el propio gobierno departamental realiza la denuncia correspondiente. Pero los vecinos dicen que hay problemas y que los controles fallan.

Y, de hecho, a las denuncias presentadas ante la intendencia se suman investigaciones policiales que apuntan a maniobras más complejas que la ocupación física de un terreno. El Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Policía identificó unos 40 hechos vinculados a usurpaciones de terrenos, padrones e inmuebles tanto en Canelones como en Maldonado, además de delitos conexos de estafa y falsificación documental, desde 2023.

Foto: Fernando Ponzetto/El País.

Según un informe al que accedió El País, en el conjunto de las investigaciones se registraron en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública más de 90 denuncias judiciales en los dos departamentos y se identificó y sometió a la Justicia a más de 20 personas. Entre ellas figuran seis escribanos, funcionarios municipales, intermediarios, colaboradores, presuntas mulas financieras y testaferros.

El informe advierte que las maniobras no siempre comienzan con el ingreso de personas a un terreno. En algunos casos los involucrados identifican propiedades cuyos titulares fallecieron, viven en el exterior o no realizan un seguimiento frecuente de sus bienes. Luego recurren a documentación presuntamente falsa o irregular para simular derechos sobre los inmuebles y desplazar a sus propietarios.

Entre los mecanismos detectados figuran poderes generales falsificados, escrituras públicas apócrifas, protocolizaciones irregulares y documentos que pretenden acreditar una supuesta antigüedad en la posesión. Una vez construida esa apariencia de legitimidad, los involucrados instrumentan compraventas simuladas, incluso entre integrantes de una misma organización, para incorporar los padrones a su patrimonio registral y comercializarlos posteriormente.

Otra modalidad consiste en publicar en redes sociales ofertas de supuestos derechos posesorios (ver recuadro más abajo) y concretar cesiones mediante documentos que aparentan respaldar la operación. Según el informe al que accedió El País, estas maniobras pueden perjudicar tanto a los propietarios originales como a quienes creen adquirir derechos válidos y terminan involucrados en denuncias por usurpación.

Varias operaciones fueron realizadas por la Policía en la costa contra redes dedicadas a la estafa inmobiliaria y falsificación de documentación notarial: Scam Land I, Scam Land II, Negrazca, Liguezperig.

La primera de ellas se originó a partir de una solicitud de colaboración de la Fiscalía de Atlántida, tras una serie de denuncias por estafa y usurpación de terrenos ubicados en la costa de Canelones, en balnearios comprendidos entre los arroyos Solís Chico y Solís Grande.

La investigación permitió identificar una maniobra de comercialización fraudulenta de supuestos derechos posesorios mediante publicaciones en redes sociales y posteriores cesiones documentadas. Según el informe, en distintas etapas habrían participado profesionales del ámbito notarial, un funcionario municipal y otros colaboradores.

Uno de los aspectos particulares del caso fue la existencia de dos grupos de damnificados: propietarios legítimos que descubrieron que sus terrenos habían sido alambrados, limpiados u ocupados por desconocidos, y personas que habían comprado supuestos derechos sobre esos inmuebles y que, al tomar posesión, terminaron involucradas en denuncias por usurpación. En esta operación se contabilizaron 50 damnificados.

El análisis policial estimó que los involucrados habrían obtenido un beneficio económico superior a los dos millones de pesos y 103.000 dólares.

Otra investigación, Scam Land II, detectó irregularidades registrales sobre tres padrones. El caso culminó con condenas por falsificación ideológica y estafa, incluyendo abogados y escribanos.
En Maldonado, la operación Negrazca se centró en maniobras inmobiliarias en Punta Negra. Los investigadores identificaron a una organización que habría utilizado poderes cuestionados para instrumentar compraventas simuladas y obtener la titularidad registral de terrenos pertenecientes a terceros, algunos de ellos extranjeros o propietarios que no controlaban sus bienes con frecuencia. El perjuicio económico identificado superó los 250.000 dólares y hubo condenas y formalizaciones.

La operación Liguezperig, por su parte, comenzó con una denuncia por la presunta usurpación de un inmueble en Parque del Plata vinculado a un trámite sucesorio. La investigación detectó el uso de un supuesto poder general antiguo cuya autenticidad fue cuestionada, así como documentación notarial presuntamente apócrifa. El caso culminó con tres condenas y permitió identificar conexiones con otras maniobras investigadas en Negrazca.

Consultada por El País, la fiscal Sandra Fleitas, que lleva adelante la investigación vinculada a las personas que estaban al frente de una inmobiliaria en Punta Negra, dice que las demás denuncias deben ser investigadas por las fiscalías de los departamentos donde fueron presentadas, por razones de competencia territorial. Y advierte que, si se trata de una cantidad importante de casos, los involucrados podrían no ser los mismos.

Foto: Ricardo Figueredo/El País.

En Santa Ana una familia asegura ejercer actos posesorios sobre un terreno desde 1998, cuando adquirió un predio lindero. En las últimas semanas la familia encontró postes colocados dentro del terreno y luego una malla de sombra. De acuerdo con su representante legal, otras personas comenzaron a ingresar, cortar el pasto y actuar como si fueran propietarias.

El abogado señala que una mujer se presentó en el lugar y manifestó tener derechos sobre el inmueble. Al consultar información registral, dijo haber detectado una inscripción provisoria vinculada a presuntos derechos posesorios sobre el padrón. La familia cuestiona esa inscripción y presentó una acción posesoria recuperatoria y conservatoria para intentar recuperar el control del terreno y preservar sus derechos.

El expediente se encuentra en una etapa inicial y reservado, según el profesional.
Otro vecino de Santa Ana cuenta que cuida un terreno cuya antigua propietaria falleció hace unos 25 años. Según su testimonio, cuando comenzaron a presentarse personas que reclamaban la propiedad, una de ellas instaló un nicho y posteriormente apareció un contador de agua. Al consultar a OSE, le informaron que alguien había concurrido con documentación vinculada al solar.

El hombre denunció además el robo de un nicho de luz que había instalado y puso el caso en conocimiento de la Policía y la Fiscalía.

La abogada de este vecino dice que el conflicto enfrenta a dos partes que reclaman derechos posesorios sobre un mismo inmueble y que la cuestión consiste en determinar quién tiene mejor derecho sobre el terreno. Ella recibió consultas de otras personas que atraviesan situaciones similares.

Pero el problema no es exclusivo de Santa Ana. Una pareja de vecinos de Jaureguiberry, que pide mantener su identidad en reserva por temor a represalias, también afirma que en la zona se producen ocupaciones y construcciones en terrenos ajenos, además de intervenciones sobre la vegetación.

Cuentan que en un predio había árboles frutales y un humedal, y denuncian la tala de pinos y el retiro de carteles que identificaban especies. Según su relato, los trabajos continuaron después de que la Policía concurriera al lugar. También afirma que debió modificar la carátula de su denuncia para que quedara registrada como una presunta usurpación.

Dicen, además, que un joven rompió el parabrisas de su automóvil cuando pasó frente al terreno en disputa. La pareja manifestó preocupación por lo que considera una modalidad de ocupación seguida de la instalación de construcciones precarias, contenedores y vehículos.

Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Según sus testimonios, algunos predios que estiman que pueden valer entre 40.000 y 50.000 dólares se ofrecerían por unos 10.000. También afirman haber identificado varios terrenos vinculados a un mismo número telefónico, aunque esa observación no permite establecer por sí sola una conexión delictiva entre los casos.

La preocupación sobre este tema también fue planteada por la organización de vecinos Nuestra Cultura, de Santa Ana, en una carta dirigida a la Intendencia de Canelones. En el documento se cuestionan las presuntas irregularidades en las cesiones de derechos posesorios, la falta de controles y el deterioro de la convivencia en los balnearios.

La organización denunció que algunas personas aprovechan la falta de seguimiento de determinados padrones para ocuparlos y cuestionó operaciones en las que se invocan derechos posesorios sin que, según su interpretación, exista una posesión efectiva. Por eso, reclamó una regulación de las cesiones de derechos posesorios y la creación de ámbitos de trabajo que permitan recibir denuncias, fiscalizar y dar respuestas a los residentes.

Una residente de Santa Ana dice a El País que presentó denuncias ante la intendencia tanto por las presuntas ocupaciones como por los ruidos de una pizzería cercana a su vivienda. Ella también relata que una mujer se acercó a un predio situado detrás de su casa y dijo haberlo comprado por entre 12.000 y 13.000 dólares. La documentación que le mostró no permitía identificar claramente el terreno adquirido, según dice.

Los testimonios recogidos por El País reflejan conflictos de distinta naturaleza: desde disputas por la posesión que deben resolverse en la Justicia civil hasta investigaciones por posibles estafas y falsificación documental. Por ahora, no hay elementos que permitan afirmar que todos los episodios denunciados en los balnearios respondan a una única organización.

Mientras la Policía continúa las investigaciones sobre maniobras inmobiliarias y las fiscalías atienden las denuncias presentadas en sus respectivas jurisdicciones, los vecinos reclaman que existan mayores controles y respuestas para evitar nuevas ocupaciones y resolver los conflictos que ya afectan a sus propiedades y a la convivencia en la costa.

Foto: Ricardo Figueredo/El País.