Denunció “acomodos” de escribanos registrales para no ir a oficinas del interior y dice que lo “cancelaron”

El viaje lo conocía de memoria. Durante años cada mañana el escribano Francisco García se subía a un auto (o a un ómnibus) y recorría cerca de 200 kilómetros para ir y volver desde Solymar, donde vive, a las oficinas de la Dirección General de Registros (DGR) en Florida primero y Minas después. Más de tres horas en la ruta. Pero ya no: dijo basta, cansado de lo que entiende son injusticias y un doble criterio (un trato “desigual y discriminatorio”) respecto a otros escribanos de la dirección que funciona dentro del Ministerio de Educación y Cultura(MEC) y registra casi todas las compraventas, desde autos a inmuebles, así como hipotecas y embargos. Algunos de ellos han llegado a “acomodos”, según relata, para evitar hacer cientos de kilómetros por semana como él. Eso lo iría descubriendo poco a poco. Al principio le llegaban rumores que corrían por las oficinas, más tarde aparecerían pruebas bastante claras.

Las mismas reglas para todos o para ninguno, pensó.

El tema se ha convertido en una suerte de batalla legal y personal con la administración, que arrancó en marzo de este año.

La historia que aquí contaremos incluye un concurso interno cuyo procedimiento incluyó diversas polémicas, supuestos “arreglos” con varios funcionarios que no trabajan en las oficinas del interior que eligieron en aquel concurso y hasta una denuncia de acoso moral laboral contra la directora del Registro, que aún se encuentra en trámite.

Todo esto en medio de una situación que algunos ven como crítica por la falta de escribanos en oficinas de todo el país de la DGR, según denunciaron los funcionarios registrales hace algunas semanas en el Parlamento. De hecho, la escribana Cecilia Carranza, presidenta de la Asociación de Técnicos Registrales del Uruguay (la ATRU, que agrupa a los profesionales del Registro), dice a El País que por la falta de escribanos hay que “andar tapando agujeros” y “apagando incendios” (ver recuadro más abajo).

Para entender la importancia de la DGR, se podría decir que casi toda la economía del país pasa por sus oficinas. Y, por eso, los trabajadores afirman que la seguridad jurídica hoy está muy comprometida.

Foto: Leonardo Mainé.

Pero empecemos por el principio: Francisco García (su nombre y apellidos reales fueron cambiados para preservar su identidad) entró a la DGR como funcionario presupuestado hace ya una década.

Sus primeros pasos en la Dirección General de Registros fueron en 2014 en una oficina del interior. Tres años después pasó a ser encargado en Florida y en 2022 se presentó a un concurso de ascenso para escribanos de la DGR: se ponían a disposición 13 puestos grado 11 y seis grado 12. Hacía unos 10 años que no había un concurso así, era una muy buena oportunidad. Él era grado 4, por lo que lograr el ascenso implicaba una suba de sueldo nada despreciable. En la misma situación se encontraban muchos compañeros de la DGR. La peculiaridad de aquel concurso fue que los nuevos cargos estarían ligados a ubicaciones geográficas concretas. Los seleccionados podrían elegir de una lista de oficinas específicas que estaban disponibles y, en teoría, deberían ir a trabajar allí. Los mejores puntuados podrían elegir primero.

Decimos en teoría porque a veces no todo es lo que parece.

El 8 de febrero de 2023 se publicaron las listas de prelación final y él quedó en el noveno puesto para ambos cargos. Dos días después lo llamó un escribano de la DGR que había sido presidente de uno de los tribunales del concurso, para que eligiera en qué oficina quería trabajar dentro del menú de opciones que existían (esto a pesar de que en las bases se indicaba que la elección se haría en forma personal, lo cual se supone no se concretó por falta de tiempo). A García le interesaban Pando y Canelones capital, dos ciudades que estaban disponibles en el concurso, para evitar el traslado diario a Florida.

Pero, mala suerte, le comunicaron que ambas ciudades ya habían sido tomadas por dos escribanas que habían quedado encima de él en el orden de prelación.

Con esa situación, en una primera instancia él dijo que iría por el puesto en Florida, donde ya trabajaba, aunque unos días después rectificó y “pidió” el cargo del Registro Departamental de Lavalleja: eran 26 kilómetros menos al día. No era mucho, pero estaba algo más cerca de su casa.

Empezó a trabajar en Lavalleja en junio de 2023, aunque por un tiempo más siguió yendo a Florida para hacer la “transición” con la escribana que iba a quedar allí.

Durante todo este proceso se fue enterando que varios de los escribanos que habían ganado el mismo concurso que él no habían asumido en las ciudades que habían elegido sino que —con el nuevo y mejor sueldo— seguían trabajando en las oficinas y en los departamentos donde vivían. O que, con suerte, iban unas pocas veces al mes. No todos los días. Todo esto lo confirmaría más adelante, según reconstruyó El País.

García hizo el trayecto Solymar-Minas durante un año y medio hasta que en diciembre de 2024 —un momento clave en esta intrincada historia— la directora de entonces le pidió si podía pasar en forma transitoria (una “actividad comisionada”, como se le llama) al Registro de la Ciudad de la Costa, debido a que esa oficina tenía carencia de personal y acumulaba mucho trabajo. Eso sería hasta el 31 de mayo, dice la resolución a la que accedió El País.

Un sueño: dejaría de hacer más de 200 kilómetros diarios para llegar a su lugar de trabajo. Ahorraría dinero y tiempo. Igual que muchos de sus colegas que habían ganado aquel concurso.

Pero era por unos meses nada más. Así que decidió pasar a la acción: el 20 de marzo, ya con el nuevo gobierno, García juntó fuerzas y dirigió una carta al ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía donde pidió mantenerse en la oficina de Ciudad de la Costa y no en la de Minas. Nada que no se hubiera hecho con otros escribanos, razonó.

Para justificar su pedido, mencionó que se trataba de una oficina con alta demanda de trabajo y puso ejemplos de otras situaciones donde se habían atendido pedidos similares. También denunció el “trato desigual y discriminatorio”, la “tolerancia y discrecionalidad que se ha tenido en casos similares” a los cuales se ha “favorecido” y “acomodado”. Lo dicho: muchos de sus compañeros escribanos no estaban trabajando en las oficinas en las que debían trabajar, no hacían cientos de kilómetros a la semana. Habían “arreglado” con las autoridades mantenerse en las ciudades donde vivían, a pesar de la necesidad de escribanos registrales en muchas localidades del interior.

“En algunos casos ellos invocan el criterio de la discrecionalidad, que la administración los precisa en determinado lugar”, dice García a El País. “Bárbaro, pero el problema es que son demasiados. Parece que en casi todos los casos era importante que se quedaran donde estaban y no fueran a donde habían elegido. El único que hizo el cambio y fue todos los días al mismo lugar fui yo, salvo los que pudieron elegir mismo donde vivían”, lamenta.

La práctica es habitual e histórica en la DGR, dice a El País la diputada colorada Elianne Castro, quien trabajó un tiempo en el Registro de la Ciudad de la Costa. “Es común que cuando los escribanos ganan un concurso para determinado departamento acepten, estén un tiempo y luego se muevan; sucede siempre”, explica (ver recuadro más abajo).

La directora general del Registro, Valeria Castro, fue consultada para este informe pero declinó realizar declaraciones sobre el tema. “No da entrevistas”, dicen desde el departamento de comunicación del MEC.

Son cerca de 10 los casos que denuncia el escribano, según consta en el expediente en la cartera y según el propio García relata a El País.

Se trata de diferentes situaciones en las que las autoridades del Registro aplicaron un criterio discrecional; en algunos casos hubo acuerdo verbal, en otros habría quedado por escrito.

Veamos algunos ejemplos concretos.

Como el de una funcionaria del registro de inmuebles de Montevideo que no concurre a la oficina de Pando a la que debería ir, justo una de las que pretendía García. Solo lo hizo unas pocas veces durante las primeras semanas de 2024. Ella vive en Montevideo.

Lo mismo ocurre con la que había tomado el cargo de Canelones capital: sigue trabajando en el registro de comercio en Montevideo.

Foto: Leonardo Mainé.

Otra escribana vive y trabaja en Colonia y concurre solo en forma esporádica a la oficina de Fray Bentos, donde debería estar en forma permanente.

Otra eligió Paysandú pero sigue viviendo y trabajando en Maldonado: en 2024 fue algunas veces a la oficina del litoral pero ya no va más, según la información que recabó García.

En el concurso para grado 12 nadie quería tomar el cargo en Artigas. Pero la última de la lista (número 13) lo aceptó: los anteriores habían elegido otros lugares o habían renunciado al ascenso porque la ciudad del norte no les resultaba atractiva por la distancia. Esa funcionaria vive y trabaja en Melo, a casi 400 kilómetros de Artigas. Lo que hizo al principio, según supo El País, fue ir una semana al mes a Artigas pero tiempo después presentó un expediente pidiendo quedarse en Melo y lo logró. Hoy trabaja en la oficina de Cerro Largo.

Nadie eligió Rivera, que también estaba en oferta. “A la luz de todo esto, alguien podía haberlo elegido; después arreglaba y se quedaba donde estaba”, justifica el funcionario.

En otro concurso, específico para Treinta y Tres y abierto a toda la ciudadanía a diferencia del anterior, quien quedó en primer lugar empezó a concurrir todos los días a la oficina olimareña pero un par de meses después dejó de hacerlo. Bajó a una vez por semana y el resto de los días se queda en el registro de inmuebles de Montevideo. En Treinta y Tres, como en otras ciudades, hay una escribana contratada por un convenio con la Asociación de Escribanos del Uruguay. “Las razones por las cuales acaece esta situación radican en que él vive en Montevideo y le queda muy lejos viajar a Treinta y Tres todos los días”, denunció García al MEC.

Pero nada de esto parece haber despertado la alarma de las autoridades. Más bien hubo una aparente molestia con el escribano denunciante por la forma en que presentó su reclamo. Pero por aquel entonces él ya no quería seguir yendo todos los días a Lavalleja.

“A mí me cancelaron, como dicen ahora”, afirma hoy García. “Me dijeron que tenía que haber planteado de otra manera mi petición; yo todo lo que decía era real”.

A fines de abril García fue citado a una reunión por la actual directora general de la DGR, Valeria Castro. Pensó que la solución estaba cerca. Pero no.

Cuando llegó, lo hicieron pasar a una sala y también estaban otros tres funcionarios mencionados en su documento. Allí —como todo es negociable— le propusieron un camino intermedio: ir tres veces por semana a Lavalleja y dos a Ciudad de la Costa. Era algo así como un favor. El escribano no aceptó la propuesta e insistió con su planteo de trabajar toda la semana donde vive. Así las cosas, la DGR también volvió a su planteo original de que él trabajara toda la semana en la oficina de Lavalleja, donde además se había jubilado la encargada.

Esa reunión en la DGR estuvo cargada de tensión por los detalles internos que revelaba el escrito que el escribano había presentado en marzo. Le reprocharon haber mencionado situaciones irregulares de otros escribanos en su documento original.

En otro escrito, de varios que intercambiaron el funcionario y la administración, García denunció al MEC que aquella reunión se transformó en “una emboscada”, “un interrogatorio, un careo” donde se lo “forzó” a aceptar la propuesta de trabajar mitad de la semana en Lavalleja y mitad en Ciudad de la Costa, y a “desistir” en su reclamo administrativo. Hubo una “presión institucional indebida”, un “ambiente hostil” donde se sintió “desprotegido”.

García piensa hoy que, de haber sabido el tono de aquella reunión, hubiera ido junto a su abogado.

En aquel documento también denunció acoso laboral por el “hostigamiento reiterado, la utilización de reuniones sorpresivas en entornos intimidantes, el uso de canales insistentes para quebrar la voluntad del funcionario y el intento de forzar una conducta contraria a su convicción profesional y personal”. Todo eso “vulnera la dignidad, el equilibrio psicoemocional y la autonomía funcional del servidor público”, indicó.

La denuncia de acoso laboral aún se está tramitando en la comisión del MEC que analiza estos casos (y que avanza con cierta lentitud porque además tiene por delante otros casos a estudio).

La asesora legal de la DGR, Beatriz Gargallo, elevó un informe a las autoridades donde concluye que el funcionario “debe presentarse a cumplir función en el Registro de Lavalleja” y dice que García “no estaba obligado” a aceptar la vacante en aquel departamento.

Sobre la denuncia de acoso laboral, plantea que se justifica una investigación administrativa pero ya adelanta su postura: “Es una pobre defensa que con total mala fe intenta torcer el verdadero motivo de este procedimiento y que es no cumplir con su función en su lugar de trabajo”.

Nada dice Gargallo de los escribanos que no asumieron en los lugares previstos por el mismo concurso en el que García fue a parar a Lavalleja.

En una resolución posterior firmada por la directora Castro se indica que el traslado de un funcionario es “potestad discrecional” de la administración.

El escribano, mientras tanto, aguarda la respuesta de la comisión de acoso laboral y está con licencia médica psiquiátrica. Le diagnosticaron un trastorno mixto de angustia y depresión, y no ha vuelto a trabajar.

Dice que ha pensado en renunciar a la función pública y también en pedir un pase en comisión a otro organismo. Que la administración lo castiga “por haber peticionado algo que claramente era ajustado a derecho, con un claro tinte sancionatorio y discriminatorio” y por haber denunciado otros casos.

Y dice que no tuvo intención de “exponer” ni “mandar al frente” a otros funcionarios, sino que los mencionó como “antecedentes” para su petición.

Pero parece haber tocado algo que nadie quería que trascendiera las paredes de las oficinas centrales de la Dirección General de Registros en el Edificio del Notariado ahí cerca de la Plaza de los Bomberos. Esas oficinas por donde pasa buena parte de la economía del país.