La Asociación de Funcionarios Regístrales del Uruguay (AFRU) advirtió este miércoles en el Parlamento que está “gravemente comprometida la seguridad jurídica” nacional, tras considerar que es “imposible” poder realizar una labor “seria y responsable” con la dotación personal a la fecha.
Los funcionarios públicos advirtieron en la comisión que trata el proyecto de Presupuesto Nacional que presentó el gobierno, que la Dirección General de Registros (DGR) —bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC)— cuenta con 215 funcionarios, de los cuales 70 de ellos tienen causal jubilatoria, “no siendo suficientes los ingresos para cubrir las necesidades de todo el país”.
“Existen sedes registrales sin funcionarios escribanos presupuestados como Río Negro y Rivera, y otros como Florida, Treinta y Tres y Paysandú comparten la tarea con un escribano presupuestado de otro departamento, concurriendo a dicha sede uno o dos días a la semana”, indicaron los funcionarios en un documento para los legisladores, al que accedió El País.
El colectivo puntualizó que la función registral resulta “imprescindible” para una buena labor de gobierno al cumplimiento de las normas “esenciales”, como el “lavado de activos y la lucha contra el narcotráfico”, valorando que a través de la contratación comercial, inmobiliaria y mobiliaria “se legitima el dinero proveniente de las actividades ilícitas, evitando que nuestro país se vuelva un posible aterrizaje para estas prácticas ilegales”, indicaron.
Los funcionarios denunciaron que los artículos 344 y 345 del proyecto de ley de presupuesto “quitan” 12 vacantes de la DGR, para “utilizarlas en la creación del ‘Programa de Desarrollo Territorial —Espacios MEC’—, lo que deja “inoperante” dicha unidad ejecutora.
El sindicato calificó de “desmantelamiento” de la DGR los cambios previstos por el Poder Ejecutivo, que entre varios efectos, "impide" que varios funcionarios que trabajan hace años puedan acceder a su "justa" presupuestación.