El procedimiento de actuación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ante “situaciones de acoso moral laboral” es bien claro. En el sexto punto dice que el plazo de elaboración de los informes finales y las conclusiones de la comisión que estudia estos temas “no deberán superar los 30 días a partir de la generación del expediente correspondiente”. Si las actuaciones se demoran “por la necesidad de estudios específicos o cualquier otra circunstancia excepcional”, el plazo “podrá ser prorrogado en el menor período posible”.
Pero eso no es lo que sucedió con una denuncia por acoso laboral que ha causado cierta conmoción entre los empleados del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (Sodre) y que ha afectado el trabajo en el organismo.
Ya va medio año desde que se presentó la denuncia contra un jerarca. No solo eso: denunciante y denunciado conviven en el mismo ámbito laboral en el Auditorio Nacional Adela Reta.
Aquí contaremos una historia como tantas que suceden en el Estado. Y que aún no tiene un final claro.
Denuncia: convivencia "imposible" en el Sodre
Fernando Couto es director de Espectáculos y director general de Auditorios del Sodre. Con una larga carrera en este organismo público, donde ingresó por concurso en 1985 al Ballet Nacional, hoy es funcionario de confianza del consejo directivo de la institución, igual que había sucedido en el gobierno anterior. Y tiene además una amplia trayectoria en el Carnaval y en la música tropical. Dirigió y participó en conjuntos como Uruguay Show, Los Gaby’s, Fantasías, Zingaros, Dundee’s, y Crazy’s pero sobre todo ganó cinco primeros premios con la revista Magazine. También cantó en Karibe con K.
El 13 de marzo pasado el consejo directivo del Sodre recibió una denuncia por acoso laboral contra él, presentada por escrito por una funcionaria del auditorio que menciona actos supuestamente hostiles y reiterados en su contra. En esa nota, a la que accedió El País por fuentes lejanas a la propia involucrada, se afirma que la situación es “insostenible” y que afecta al funcionamiento del teatro debido al “comportamiento y forma de trabajo” del director. Agrega que es “imposible” la convivencia y el trabajo en equipo.
El mismo día fue presentada una carta de tenor similar por parte de otra funcionaria del auditorio, quien respalda la denuncia original. Y unos días después tres directores artísticos del Sodre presentaron nota con detalles sobre la existencia de supuestos malos tratos y hostilidades del mencionado funcionario, según confirmó El País. “La comisión los llamó a ellos tres a ver si eran nuevas denuncias que presentaban, y dijeron que era en apoyo a las primeras denunciantes”, relata una fuente vinculada al Sodre.
Couto no respondió las consultas de El País vía WhatsApp, llamada telefónica ni correo electrónico, al cierre de esta edición. La denunciante principal, en tanto, se excusó de realizar declaraciones ni hablar del asunto.
En aquella nota presentada el 13 de marzo la funcionaria puso ejemplos de la “preocupante” relación laboral directa con el denunciado. Algunos de ellos: reiterados correos electrónicos sin respuesta, que “a veces pasa una semana entera sin que me hable”, “en muchas ocasiones me gritó y me dijo que yo no sé los procedimientos de trabajo y que me falta conocimientos, no como él”, “tengo que soportar muchos reclamos y enojos por muchos llamados, pedidos, comunicaciones que me hacen directamente, ya que de su parte no hay respuesta”, “he tenido que soportar comentarios de dónde estaba, por qué iba a comprar comida en vez de pedirla para no salir, por qué estaba fuera de la oficina (yo estaba solucionando problemas y continuamente voy por todas las áreas, salas)”, “un día fui a ver un ensayo del ballet en la mañana, por eso silencié el celular y cuando volví me dijo por qué no estaba en la oficina y que ver el ensayo no era mi trabajo”, “hace meses estoy intentando tener una reunión para poder ver calendario y avanzar pero nunca pude”.
La carta de la otra funcionaria, que se sumó a la denuncia, dice que desde la llegada de Couto como director y en particular durante el último año “se han dado situaciones hostiles que generan un clima de trabajo de tensión e incomodidad” que es “bastante generalizado”. Entre los ejemplos menciona que no hay “trabajo en equipo” sino individual, que tiene una forma de responder “agresiva o a la defensiva” que él argumenta es “pasional”, que no responde mails ni mensajes telefónicos lo que “retrasa el trabajo” y que se ausenta en jornada relevantes.
Testigo: "Yo presencié el daño"
En marzo el consejo directivo del Sodre envió las denuncias y las cartas a la comisión de acoso moral laboral que funciona en el MEC, integrada por dos representantes de la administración y dos representantes de la coordinadora de sindicatos. También decidió que, mientras el tema se investigaba, Couto no trabajara en su oficina en el Adela Reta para evitar el vínculo directo con los denunciantes, y le pidió que concurriera a trabajar al Auditorio Nelly Goitiño. Pero, como veremos más adelante, esta decisión se modificaría unos meses después debido a que el tema no se abordó con la rapidez que suele exigir un asunto tan delicado.
Para empezar, la comisión tardó en empezar a tratar el asunto. De hecho, la mayoría de las entrevistas a testigos se realizaron entre julio y agosto.
A uno de las testigos que declaró ante la comisión, según parte del expediente al que accedió El País, le preguntaron:
—¿Presenció alguna situación de maltrato entre el denunciado y la denunciante o hacia otros funcionarios por parte del denunciado?
—Con respecto a la persona que denuncia, yo presencié su daño porque me llamó llorando y no podía hablar —respondió sobre un hecho que sucedió en el verano pasado—. Subí a su oficina y ella me explicó que el señor Couto no le hablaba y le pregunté si lo hacía delante de alguien y me contestó que no, que era en la relación vincular entre ellos. Me agregó que él estaba interfiriendo con sus actividades laborales y que eso le generaba daño (…) Me mostró una planilla, creo que en Drive, en la que se incorporaban espectáculos (…) Couto ponía espectáculos por encima de los que ella ya había agendado con los productores y sin avisarle ni preguntarle. Yo intenté preguntarle si eso no sería causa de un error para ver si había voluntad o no de realizar el daño y ella me mostró una cadena de mails en donde le preguntaba o le podía explicaciones al señor Couto sobre esta situación y él no se justificaba en un error, por lo cual concluí que había voluntad de proceder de esa manera. En conclusión, yo presencié el daño (…) y presencié las pruebas de una injerencia laboral con ánimo de perjudicar la situación emocional de la trabajadora.
—¿Considera que estas incidencias pueden perjudicar el funcionamiento del servicio? —le preguntaron a este testigo.
—Sí, por supuesto, indefectiblemente. Lo más grave es el daño a la salud de las personas y como corolario no hay un servicio de espectáculos de buena calidad si la salud de las personas está dañada.
Este testigo también declaró a la comisión que “el clima laboral es muy triste” en el auditorio, en “niveles de violencia que jamás había visto”. “Hay personas que están siendo violentadas y no logran darse cuenta que padecen una situación de violencia o acoso. Hay personas que son violentas y acosadoras y no saben que están teniendo conductas violentas y acosadoras”, aseguró.
Es “grave” y “hay mucho para trabajar” dijo este testigo, quien aclaró que no tiene “amistad ni enemistad” con ninguna de las partes.
Entonces le preguntaron si había sufrido “algún tipo de violencia” por parte del denunciado. Y dijo que sí, en el marco de una reunión en la que ellos dos representaban al Sodre:
—En forma violenta delante del sindicato me interpeló por haber cumplido con un mandato del consejo directivo anterior y se enojó y me preguntó por qué lo hice. El consejo me pidió que realizara un informe y una resolución estableciendo que el reglamento de salida de la orquesta (de giras y espectáculos fuera del auditorio) se aplicara a los bailarines y procedí a realizar el informe y el proyecto de resolución (…) Él se enteró en la bipartita que había sucedido eso, se enojó, me habló fuerte, me interpeló por lo que había hecho frente a los compañeros del sindicato, me sentí muy mal, fue muy inapropiado y lo reconozco como un acto de violencia (…) Me resultó sumamente violento. Yo no sé por qué estaba enojado, quizás porque el consejo no le avisó de la decisión.
El acoso con la denunciante principal “era en el uno a uno” sin demasiados testigos, dice una persona vinculada al Sodre hasta hace poco tiempo.
Otro jerarca, quien también pide no ser identificado, dice que él no tuvo malas experiencias aunque en su caso no había trato laboral directo. “Pero se sabe que es muy duro”, admite, “es una persona con la que es muy difícil la coordinación, el trabajo diario con él es complejo”. Y dice que una vez vio a la denunciante “desbordada” por una comunicación “violenta”, donde el denunciado le decía que “hacía todo mal”.
También definen al denunciado como alguien que ha ido acumulando poder con el paso de los años, período tras período. De hecho, hoy ostenta dos cargos.
Alguien dice: “Es un artista súper completo pero como contrapartida tiene la soberbia de ‘lo que digo yo es lo que hay que hacer, la verdad absoluta es la mía. Si decís algo distinto, te hago hacer sentir que no tenés razón’. Y nunca nadie lo paró”. Y aclara: “No es que él se proponga hacer sentir mal pero lo hace”.
En la mayoría de las entrevistas con la comisión estuvo presente un abogado de Couto, según supo El País. “Y eso que los testigos son reservados”, dice una de las personas que declaró. Otro comenta que “algunos lo tomaron como coacción”.
¿Es habitual que un abogado de una de las partes esté presente en estas declaraciones ante una comisión que analiza denuncias de acoso? Esto responde el abogado Diego Yarza, experto en temas laborales: “Los abogados pueden tener muchas contras pero son garantistas de los derechos, de un lado o del otro. En un procedimiento donde no se llegó a ninguna conclusión, parece acorde que se acepte un abogado de un lado y del otro. Debería haber de los dos, por un tema de garantías; no solo de uno”.
Mientras la comisión seguía investigando, el consejo directivo del Sodre dio marcha atrás y semanas atrás autorizó a Couto a volver a trabajar a su oficina en el Adela Reta, lo que implica volver a verse con la denunciante, y con otros funcionarios que han presentado denuncias. “Eso, más que un problema, fue un horror”, dice una funcionaria.
El argumento del departamento jurídico del Sodre, según supo El País, es que había pasado mucho tiempo y que con el alejamiento también se perjudicaba al supuesto acosador, ya que todavía no se había probado lo que se denunciaba.
“Hoy los dos están en el mismo piso, a dos oficinas de distancia, sabiendo que ella fue la que lo denunció”, apunta un director.
¿Cuándo existe acoso laboral?
En las denuncias de acoso laboral la prueba más importante pasa por los testigos porque “el acosador intenta no dejar rastros”, dice el abogado Diego Yarza, “lo único que uno puede es presentar testimonios de personas que hayan trabajado con el denunciado o que hayan visto algún inconveniente con el acosador”.
¿Qué se entiende por acoso laboral? “Hostigamiento en forma permanente por más de seis meses; no una vez sola y después no pasó nada” ni “un entredicho en cualquier ámbito laboral”, dice Yarza. Hay “mucho desconocimiento e ignorancia, a veces mala fe”.
El protocolo del Ministerio de Educación y Cultura toma la definición de Ana Sotelo Márquez en su publicación Acoso moral laboral desde la perspectiva de los derechos humanos fundamentales, que dice que “se entiende que existe acoso moral en el trabajo toda vez que estamos ante hechos, actos u omisiones reiterados o no del empleador o de cualquiera de sus dependientes, por los cuales se configura la violación del derecho a la dignidad, derecho a la integridad moral, a la intimidad, a la imagen, a un medio de trabajo adecuado; mediante maltrato, injuria, amenaza, hostigamiento o cualquier otro tipo de conducta degradante produciendo un daño”.
Trámite reservado y demorado en el Sodre
El País realizó en julio un pedido de acceso a la información pública pero el 13 de agosto el MEC declaró reservada la información solicitada: solo confirmó que las denuncias se presentaron en marzo y que el procedimiento se encontraba en trámite, por lo que a la fecha “no se ha adoptado resolución al respecto”.
Un mes después, tampoco se ha adoptado una resolución al respecto.
“El tema se ha manejado muy mal por parte del Sodre”, dice un director que pide anonimato.
El presidente del Sodre, Luis Pérez Aquino, confirma a El País que el tema “está en proceso en el MEC” y que “seguramente” cuando todo concluya le “mandarán un informe” al consejo directivo de la institución. ¿Cuándo sería eso? “No tengo idea cuánto más va a tardar. Es un expediente confidencial, desde el Sodre no tenemos acceso”, explica Pérez.
Tampoco sabe mucho más el director general del MEC, Carlos Varela, quien explica que a propósito él no se ha informado y espera el pronunciamiento de la comisión de acoso. “No tengo conocimiento ni quiero tenerlo”, indica Varela. Dice que el informe llegará a las autoridades con recomendaciones de los pasos a seguir, lo que puede ir desde el archivo hasta iniciar un sumario.
En cambio, el director de Asuntos Constitucionales y Legales del MEC, Mario Galeotti, sabe algo más porque dos funcionarias de su oficina integran la comisión de acoso laboral que trata el asunto. Dice que se está instruyendo la denuncia y tomando declaraciones a testigos pero que ya se entró en la etapa final. “Creo que la resolución estará dentro de un mes, más o menos”, indica Galeotti, “es un caso complejo y delicado”.
Complejo y delicado como casi todos los de acoso laboral, claro. Que además suelen ser difíciles de probar porque muchas veces es la palabra de uno contra la palabra de otro.
¿Pero por qué se demora tanto tiempo un asunto tan delicado? ¿Es normal eso en el Estado?
Varela explica que en el MEC hay varios casos a estudio y que los funcionarios que integran la comisión trabajan en forma paralela en sus oficinas en otros asuntos. Pero adelanta que el ministerio estudia un rediseño del protocolo de actuación para revisar temas como las garantías, la reserva, los plazos, la forma de notificación y el proceso.
“Hay que tener en cuenta que en estos casos una demora puede implicar un daño para el denunciante pero también para el denunciado si lo que se dice es falso”, sostiene Varela.
Es “lo más habitual” que haya demoras inexplicables, dice la psicóloga Silvana Giachero, especialista en acoso laboral. Y asegura que en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) se ratificó el convenio 190 de la OIT pero a la vez se diseñó “un sistema muy perverso para las víctimas”, se crearon las comisiones de acoso moral laboral en todos los organismos públicos, que a su juicio terminaron siendo “minijuzgados dentro de las instituciones” obligando a los propios organismos a que las denuncias se hagan allí y que tengan sus propios protocolos “pero además no exigen personal idóneo en temas súper complejos” (en el caso de la comisión del MEC, el reglamento dice de todos modos que los integrantes deberán acreditar “idoneidad en la materia, competencias y formación necesaria para el abordaje”).
El problema, dice la especialista, es que estas comisiones “se sobrecargan de denuncias y no pueden cumplir con los plazos”, en este caso los 30 días, y al mismo tiempo “si no entienden muy bien y los casos son complejos, tampoco pueden terminar de cumplir” porque a veces hay denuncias falsas o con “presiones del sindicato” o donde “la verdadera víctima es la denunciada”, alerta la especialista. En la práctica, “obligan a los funcionarios a investigar a los propios funcionarios” y “que sean abogados, no los hace idóneos en la materia”.
A un empleado acusado de acoso “no lo podés sacar eternamente” de su trabajo, dice Giachero, “y por eso a veces regresan”. “Si es un acosador, va a seguir persiguiendo a la víctima si es tonto. Si no es tonto, se quedará quieto”, afirma la psicóloga. Y, en cambio, “si la verdadera víctima fue separada del cargo, corre más riesgo al regresar a su lugar”.
El abogado Yarza dice que por todo esto el procedimiento debe ser rápido y es clave el principio de celeridad, “más de 30 días no puede durar una investigación”. Él mismo ha tenido casos, con medidas preventivas para un denunciado, de más de un año y medio de plazo.
Una abogada que pide no ser identificada, relata: “Yo he llevado adelante procesos como este en otras organizaciones. Y volás... volás, aunque la denuncia pueda ser falsa”. Entonces dice: “Porque siempre hay gente que está pasando mal. De un lado o del otro”.
Más de 500 denuncias al año en el Ministerio de Trabajo
La comisión de acoso moral laboral del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) no decide sino que recomienda qué hacer con cada caso que estudia. Según el reglamento, al que accedió El País, el resultado de cada investigación se plasma en un informe detallado en el que se formulan propuestas para intentar revertir la situación, “sugerencias y recomendaciones de aplicación o no de determinado procedimiento administrativo”. El informe es remitido al jerarca del inciso, manteniendo la “debida confidencialidad aún después de la resolución”. Y, dice el protocolo, la dirección de cada unidad —en este caso, el Sodre— es la encargada de “llevar adelante la propuesta de medidas a adoptar”. La comisión bipartita de salud laboral hace “el seguimiento del cumplimiento del informe de evaluación de los factores de riesgo psicosociales”, indica el reglamento.
El abogado Diego Yarza dice: “Si se excede el tiempo que dice el protocolo, yo recomiendo que el que se sienta agraviado de un lado o del otro puede ir en forma independiente a la Inspección General del Trabajo”. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo “es mucho más rápido que las comisiones de acoso laboral” de los organismos, opina Yarza.
¿Cuántas denuncias se presentan ante el Ministerio de Trabajo cada año? No hay cifras desglosadas de denuncias de acoso laboral en las oficinas públicas sino globales (tanto en el sector público como en el privado), indican a El País en esa cartera. En ese sentido, las cifras vienen en aumento desde 2020: ese año se presentaron 238 denuncias; en 2021 fueron 298; en 2022, 432; en 2023, 512; en 2024, 598. Este año van 226 denuncias por acoso laboral.
La psicóloga Silvana Giachero tiene una visión menos optimista que Yarza sobre el rol del Ministerio de Trabajo. Dice que el ministerio le dice al organismo “que investigue”. Y, si ya investigó, “toma lo que dice el organismo, no hace una nueva investigación”. Cumplido este paso, el funcionario puede recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “El proceso total puede llevar seis o siete años. ¿Y mientras tanto? O te vas o te tomás una licencia médica eterna o pedís traslado si es que te lo dan. O la persona se enferma y causa un deterioro”, lamenta Giachero.
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