Las pelotas ya no rebotan contra la pared del fondo. Donde hasta hace unos días se escuchaban los gritos y losimpactos secos del juego de paleta, hoy hay bolsas de portland, mezcla fresca y obreros perforando el suelo. La histórica cancha de frontón del club La Estacada, esa donde entrenaban muchos de sus socios más antiguos, está clausurada. Sobre ella, en el rincón donde picaba la pelota, se construye un vestuario femenino, con un préstamo no reembolsable del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Una madera que tapa todo no deja ver la construcción un martes en la tarde cuando El País visita el lugar, pero un rato antes los obreros estaban trabajando: en el medio de una cancha de frontón techada se levanta un vestuario.

Esta insólita obra se convirtió en el final de una disputa más grande que arrastra varios años, que mezcla intereses de los socios, decisiones administrativas, denuncias de distintas irregularidades, y también sospechas de negocios inmobiliarios. Hay una guerra interna entre los socios, que según el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) tiene que ser resuelta puertas adentro, sin intervención.

Según denuncian varios socios, la obra del vestuario se quiere mostrar como una mejora en la infraestructura del club, aunque existen otros lugares para esta construcción, y un vestuario antiguo de mujeres donde su puerta fue tapada y no se usa. Para Ignacio Spiller, socio del club desde 2005 de 47 años, y denunciante ante el MEC del accionar de la directiva en 2019, lo que pasa ahora es el síntoma más visible de un intento por desplazar a los jugadores de paleta y liberar un espacio valioso para otros fines. “El objetivo de fondo es borrar la actividad del frontón, porque todas las otras actividades fueron tercerizadas: el gimnasio, el restaurante, las clases de karate, para poder avanzar con un proyecto inmobiliario”, dice Spiller.

Los problemas en La Estacada no son nuevos, el club fue fundado en 1940 y pasó varias crisis. En 2020 el MEC había decidido intervenir el club. En aquel momento el interventor estuvo hasta la siguiente elección. Pero los conflictos internos no hicieron más que crecer. Además el MEC notificó al club por no hacer un llamado adecuado a sus socios para votar o ir a asambleas. “Presentaron un listado de mails y el ministerio les dijo que eso no era prueba, que tenían que tener los mails que enviaban a los socios”, explica Spiller.

En esta administración el MEC también le pidió al club “no innovar” y esperar hasta la próxima directiva para resolver qué hacer con la cancha de frontón. Pero en los hechos no acataron esta recomendación.

En una asamblea, el entonces presidente del club Gustavo Moneta, hoy convertido en administrador cobrando un salario, intentó presentar un proyecto inmobiliario para desarrollar en el lugar. Esta versión fue contada a El País por seis socios diferentes.

“La intención ha sido quedarse con ese terreno. Elaboraron todo un proyecto, con una torre de cuatro pisos y otra de seis. Están los renders de prueba. Ese trabajo cuesta miles de dólares, nadie lo hace gratis”, sostiene el socio Spiller, uno de los principales denunciantes.

La propuesta salió a la luz a partir de una asamblea convocada por Moneta, expresidente del club. En el orden del día figuraba un título genérico: “Mejoras en el edificio sede”. Sin embargo, antes se filtró entre los socios el llamado “Anteproyecto La Estacada”, un plan que contempla la construcción de 23 apartamentos en el predio del club, según consta en un documento al que accedió El País y que detalla cada una de las unidades, los espacios comunes y las plazas de estacionamiento.

Moneta había confirmado una entrevista con El País pero a último momento se negó a hablar. También se intentó contactar al actual presidente en ejercicio, Daniel Ricci, quien fue vicepresidente durante la gestión de Moneta, pero se excusó de dar declaraciones argumentando que no quería brindar “más información” y que le quedaba poco tiempo en el cargo.

Para los denunciantes es claro que la actual directiva no tiene intenciones de que el club siga en sus actividades habituales. “Lo que no se entiende, y ya es una crítica directa al MEC, es por qué no han hecho nada en todos estos años. Los dueños del club somos los socios”, remata Spiller. El MEC es la policía administrativa y actúa sobre denuncias, ya que tiene a cargo más de nueve mil instituciones.

El club La Estacada tiene dos sedes: una sobre la calle José Luis Zorrilla de San Martín, a pocos pasos de la rambla de Punta Carretas en una zona estratégica donde cada metro cuadrado vale oro, y otra que desemboca directamente en el río donde se amarran las embarcaciones.

Foto: Estefanía Leal.

En ese terreno privilegiado, el club arrastra una larga historia de internas y denuncias que hoy vuelven a salir a la superficie. Un hotel que se construyó enfrente a la sede de Zorrilla, en predios donde el club tenía canchas de pádel, y la sensación de que lo están haciendo desaparecer “de a poco”. Para varios socios, nunca quedó del todo claro qué pasó con ese terreno, donde en su momento se proyectaba construir una plazoleta. La idea tenía una razón histórica: allí terminaba el antiguo tranvía que, hace más de cien años, llegaba hasta la Punta de las Carretas.

Durante la administración anterior, el MEC llegó a redactar un informe a fin del año pasado que recomendaba intervenir el club por múltiples irregularidades: cobro de viáticos sin respaldo documental, insultos a empleados, rotura de embarcaciones con intencionalidad, se denuncia que se colocó azúcar a motores de lanchas para fundirlas, y hasta el pago de un sueldo al entonces presidente, a pesar de que el cargo es honorario. La resolución, sin embargo, nunca fue firmada por el ministro Pablo da Silveira. El documento fue elaborado por la abogada Zulyana González, de la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del MEC.

En una carta enviada al ministro José Carlos Mahía el 7 de mayo pasado, siete socios del frontón reclaman que se concrete la intervención y se quejan por la “demolición" de la cancha de frontón “en represalia porque los socios de la paleta hemos sido quienes llevamos adelante las denuncias contra la directiva ante el MEC en los últimos dos años”. Y agregan: “La cancha del club La Estacada es un frontón histórico en el barrio Punta Carretas, con 90 años de existencia. No existe otra igual en varios kilómetros a la redonda en Montevideo. Por tal motivo, siendo las consecuencias de esa demolición irreparables, solicitamos que el MEC, en su calidad de policía administrativa de las instituciones civiles, accione urgentemente”.

Entre las denuncias de los socios también figura el ingreso de embarcaciones no registradas en el club con las cámaras de seguridad apagadas. Según denuncian, ese acceso se cobraba por fuera de los canales formales. Otros hechos derivaron en denuncias ante Prefectura y también en la Policía.

Foto: Ignacio Sánchez.

En cambio, Mario Galeotti, director de Asuntos Constitucionales y Legales del MEC, asegura que hoy La Estacada funciona con absoluta regularidad. “Al día de hoy, 12 de junio de 2025, el club está funcionando conforme a los estatutos que lo rigen”, afirma.

Para el MEC la construcción sobre la cancha de frontón no viola ninguna norma interna del club, al menos hasta ahora. “Hoy por hoy es una decisión legítima y discrecional de la comisión directiva, que tiene los poderes para hacerlo”, explica Galeotti. Según dijo, los socios disconformes con la medida, como los pelotaris que quedaron sin lugar donde entrenar, pudieron haber activado mecanismos internos para intentar frenarla. “¿Cuál es? Reunir al diez por ciento de la masa social de socios activos y convocar una asamblea general extraordinaria para discutir el tema”, dice Galeotti.

En años anteriores, el club ya había sido intervenido por el MEC debido a denuncias de socios y problemas financieros. Sin embargo, según Galeotti, esa situación ha cambiado. La actual gestión contrató a un estudio de abogados, quienes realizaron un relevamiento que demuestra que se han subsanado las irregularidades denunciadas hasta 2023. “El club está en un proceso de encauzamiento y regularización de toda su gestión”, sostiene.

Por eso, el informe que había elaborado en su momento la abogada Zulyana González —y que recomendaba la intervención del club— fue descartado por la nueva administración del MEC. “Hoy carece de fundamento. No es necesaria la intervención porque no existen irregularidades actuales detectadas”, concluye Galeotti.

En su visión, lo que ocurre en La Estacada no es un problema legal, sino un conflicto social entre grupos con intereses contrapuestos. “A los de la náutica no les interesa la paleta, y a los de la paleta no les interesan los barcos. Ese es el problema. No hay un affectio societatis entre la masa social”, dice. Y remata: “Ahí entra en juego la democracia interna, un juego de mayorías y minorías. Los socios deben resolverlo entre ellos”.

Última asamblea.

Denuncian uso de “poderes” para votar y “tomar” el club

El jueves pasado se realizó una asamblea en la que se aprobó el balance y se definió la fecha de las elecciones, fijadas para el 24 de junio. Pero también se encendieron nuevas alarmas entre varios socios. Carlos Barthe es uno de ellos. No juega a la pelota ni participa de los campeonatos internos, es socio porque tiene ahí amarrada su embarcación. “La gente le tiene miedo al administrador, porque ha dañado embarcaciones”, advierte Barthe, que impugnó la última asamblea.

Foto: Ignacio Sánchez.

El motivo de su impugnación es claro: en la asamblea solo había unas 12 o 13 personas presentes físicamente, pero el administrador, Gustavo Moneta, presentó unos 50 poderes que utilizó como votos a su favor. Barthe denuncia que esos poderes no están acompañados por respaldo notarial y que nadie controla si efectivamente corresponden a socios con la antigüedad que exige el estatuto para poder votar.

Lo más grave, dice, es que se anticipó que en las elecciones del 24 va a utilizar el mismo mecanismo. “Las decisiones del club están siendo tomadas por una sola persona”, dice Barthe.

Son varios los socios que denuncian la situación de la pérdida del frontón. Una de ellas es Leonella Acosta. Aunque algunos ya se fueron por los conflictos.

Foto: @UyDeporte.

En los últimos tres años, Leonella fue medalla de oro en el Sudamericano de Chile y en el Prepanamericano de Perú, y ganó el Abierto de España. En los Juegos Panamericanos de Santiago, en 2023, se colgó la medalla de plata representando a Uruguay. Pero el club La Estacada no le permitió seguir pagando la cuota e ir a entrenar. Las respuestas fueron difusas, para ella excusas, que en los hechos llevaron a que sean menos los que estén disputando el espacio del frontón como una disciplina deportiva que define al club.

Para Rodolfo Saldain, socio del club y conocido públicamente por su trabajo en el gobierno de Luis Lacalle Pou en la reforma de la previsión social, “siempre hubo dos intereses muy diferentes en el club: la parte náutica y la sede de Zorrilla, donde estaba el frontón”, explica.

Según Saldain, en los últimos años ha habido un predominio de los sectores náuticos, que han impulsado una agenda que “sospecha” busca eliminar la cancha de paleta para hacer negocio con el terreno. “Creo que hay una intención de suprimir el frontón desde hace mucho tiempo”, advierte. Saldain recuerda que el club ha pasado por distintas etapas: desde tener una cancha de pádel frente a lo que hoy es un hotel, hasta acuerdos con el club de rugby Champagnat, que funcionaron durante un tiempo. También tuvieron un trabajo en conjunto con el Yacht Club de Punta del Este.

Foto: Archivo El País.

“Esto va a llevar a que probablemente se pierdan socios, que somos socios por el frontón”, dice Saldain. Recuerda que ya hay otro antecedente, existió una cancha de bochas, que fue demolida. “Eso creo si fue un cambio generacional, ya no se usaba”.

Néstor Iroldi, cinco veces campeón del mundo en paleta representando a Uruguay en 1966, 1970, 1978, 1980 y 1981, no logra entender la decisión. Practicó y enseñó en el club durante años, y para él ese frontón es irremplazable. “Es único, no hay otro de ese estilo. En mi época, que andaba jugando en todas las canchas del país, esa era especial: podías llevar al mejor jugador y sorprenderlo con golpes que en otra cancha no se pueden hacer”, asegura. Lo atribuye a las condiciones y al material de construcción de la cancha. Hoy Iroldi tiene 76 años y sigue activo, formando a nuevas generaciones en un deporte que, según dice, “está empezando a resurgir”.

ESTEFANIA LEAL

Gabriel Dos Santos ya no es más socio del club. Tras una asamblea tensa, decidió irse. Ese día discutió con Moneta: “Me tuve que callar la boca porque me invitó a pelear”, cuenta. Según Dos Santos, la directiva impuso una sobrecuota y el aumento de la cuota social superó el 100% en un año. “Me fui del club. Nos empezaron a hacer la vida imposible: nos sacaron el uso de las canchas los domingos y los sábados”, relata. Con el tiempo, aclara, lograron recuperar los sábados.

El jueves pasado se realizó una asamblea que también generó problemas entre los socios, pedidos de impugnación y más de 66 votos cuando los presentes para votar no eran más de 12 personas. Fue un paso más dentro de una disputa que ya no se limita a lo deportivo. La verdadera interrogante sigue abierta: ¿por qué un club opta por eliminar una de sus deportes y con ello a una parte de sus socios?

Policía administrativa.

Intervenciones del MEC: clubes de baby, la AUF y hasta Iglesias

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) tiene bajo su órbita a más de 9.000 instituciones de la sociedad civil, entre ellas iglesias, clubes deportivos y organizaciones no gubernamentales. La supervisión de estas entidades recae en la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales, que actúa como la policía administrativa.

Estefania Leal/Archivo El Pais

Su director, Mario Galeotti, explicó a El País que, por el volumen de organizaciones registradas, no es posible realizar controles de oficio. “Por el número tan grande de instituciones no podemos estudiar de oficio, y por eso el trabajo se hace cuando alguna parte denuncia irregularidades”, señaló. En ese sentido, afirmó que las denuncias “han crecido exponencialmente” y que actualmente tienen dispuestas entre 15 y 20 intervenciones, entre casos recientes y anteriores.

Galeotti subrayó que desde el MEC se promueve activamente la participación ciudadana. “Nosotros fomentamos el asociacionismo entre la gente y queremos que exista la mayor participación posible dentro de las instituciones, para que no sean cáscaras vacías, sino que tengan vida, vida social”, afirmó. El objetivo, sostuvo, es evitar que las entidades queden en manos de una sola comisión directiva que actúe sin controles. “La clave es que estén controladas por la masa social, que se reúna en asambleas, que discuta, que participe”, concluyó.