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El debate días atrás en el Parlamento sobre la crisis en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, debería ser analizado a fondo por toda la ciudadanía.
No solo porque cómo trata un estado a los menores de edad que han violado la ley, es una prueba flagrante de su concepción de la democracia y la convivencia social. Sino porque es una muestra en pequeño de lo que pasa, o puede llegar a pasar, en el sistema político en general, si no se frenan ciertos procesos que se han desatado en los últimos meses.
La primera lección que se debe extraer de este debate, es la hipocresía con la que el Frente Amplio maneja una serie de temas de profunda sensibilidad social. De forma permanente, ese partido se atribuye el monopolio de todos los buenos sentimientos que puede albergar el ser humano, el ser el paladín de los pobres y los humildes, y el gran defensor de los sufrientes. La situación del Inisa es la prueba definitiva de que eso es una enorme mentira.
La situación general de estos menores que han cometido delitos, es lamentable, como la de todos los presos en general del país. Algo que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos locales e internacionales durante años. Y que el Frente Amplio, durante 15 años de gobierno, con mayorías automáticas, y arcas públicas rebosantes de dinero extraído al contribuyente, nunca hizo nada por mejorar. Nada, cero.
Una segunda lección que es importante sacar de este proceso tan triste surge de ver cómo se maneja el presupuesto de ese instituto. Según se informó en el Parlamento, el Inisa tiene asignados unos 54 millones de dólares al año, pero atiende a relativamente poca gente. Según el diputado Eduardo Lust, ese presupuesto implica que por cada joven internado, el estado uruguayo gasta casi 16 mil dólares al mes. ¡16 mil dólares! Claramente ese dinero no va a los jóvenes que viven en situaciones lamentables. Se evapora en financiar una estructura de funcionarios, oenegés, técnicos y toda una camada de figuras intermedias que se llevan la parte del león del botín. Y con resultados muy pobres.
Esto es lo mismo que sucede en el Mides, y tantos organismos del estado, supuestamente creados y financiados para ayudar a los necesitados, pero que las administraciones frenteamplistas (como en general con todas las izquierdas) convierten en cotos de acomodo para estructuras burocráticas afines.
Llegamos a la locura de que sería literalmente más barato mandar a esos jóvenes con becas completas a Harvard o Stanford, que mantenerlos encerrados y empastillados como se los tiene ahora.
Una tercera lección de este proceso, es que deja en evidencia el efecto perverso del poder sindical en el Estado uruguayo. Y sus vínculos con el Frente Amplio. Toda la estructura funcional del Inisa y del INAU está dominada por un sector del gremio que acomoda familiares y amigos en los cargos principales, con actitudes al filo de lo mafioso, y que en cuanto aparece un jerarca que intenta desarmarla, comienzan los problemas, fugas, revueltas y conflictos. Que mientras se desarrollaba el debate parlamentario, una diputada opositora manejara información privilegiada sobre un incidente en ese mismo momento, deja en evidencia esa relación carnal.
El debate parlamentario sobre la situación de la institución que busca contener a menores que violan la ley, muestra las consecuencias naturales de ciertas miradas políticas, y un riesgo que enfrenta la coalición de gobierno.
Pero hay un último elemento, una última lección que es muy importante marcar en el contexto de este episodio. Tiene que ver con las peleas absurdas entre dirigentes de la propia coalición de gobierno, en este caso de Cabildo Abierto, a quien responde la directora Rosanna de Olivera, y el resto de los partidos.
Las declaraciones de la ex asesora de seguridad de De Olivera, Sandra Mérida, son contundentes en cuanto a que diferencias políticas menores en el directorio, conspiraron contra el buen funcionamiento del organismo. Mérida denunció que mientras ella intentaba poner mano dura, y enfrentar al gremio y a los operadores políticos, otros negociaban o buscaban réditos políticos personales, por detrás. Y en el mismo parlamento, las diferencias entre Cabildo y el Partido Nacional por un tema absurdo como la Ley Forestal, conspiraron para que el bloque tuviera una postura monolítica en defensa de la gestión en el Inisa.
Esto no puede volver a pasar. Los partidos en la coalición de gobierno tienen que entender que el gran desafío histórico de este momento es mostrar a la ciudadanía una gestión exitosa, que respete al contribuyente y a la vez logre resultados palpables mejores que los de los 15 años anteriores. Si por diferencias estratégicas y de conceptos menores, se pierde de vista ese fin, las consecuencias para los partidos de la coalición, y para el país en general, serán funestas.