Política fiscal de Uruguay bajo presión mundial, el "talón de Aquiles" que se identificó y la "tendencia optimista" que perjudica

Los shocks geopolíticos, los precios volátiles de la energía (el petróleo particulamente), la incertidumbre en el comercio internacional, las condiciones financieras restrictivas y las limitaciones en los gastos, afectan las economías de los países y sus políticas fiscales, sobre todo en América Latina. El tema fue abordado en el webinar “Política fiscal bajo incertidumbre: gestionar choques y preservar sostenibilidad”, organizado por la Plataforma Fiscal para América Latina y el Caribe (Fislac) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI), y representantes de Uruguay, Chile y México.

El planteo general fue que a la política fiscal “cada vez se le pide más” no sólo sobre cómo responder al aumento de los precios energéticos de los últimos tiempos (sobre todo a partir del cierre del estrecho de Ormuz en Medio Oriente, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial), sino cómo gestionar otros shocks (falta de recursos y demás) que se han vuelto permanentes.

Por lo pronto, el shock petrolero hizo bajar las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) global a 2,9 puntos porcentuales para 2026 y, si el escenario adverso se prolonga por las guerras al segundo trimestre de 2027, habrá una caída al 0,5% del PIB mundial, como media, con Europa y Asia como los más afectados, según la OCDE.

Lo cierto es que, según Aída Caldera-Sánchez, jefa de División del Departamento de Economía de la OCDE, reconstruir el espacio fiscal es complejo y no se resuelve solo con un crecimiento de las economías como muchas veces se sostiene.

La economista destacó que los países de la OCDE, entre otros, se enfrentan también a gastos de defensa, seguridad, envejecimiento de la población y transición climática, que se suman a los aumentos de los precios de la energía e inflación más recientes.

Eduardo Fernández Arias, integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) de Uruguay -un órgano que asesora al Ministerio de Economía y Finanzas- explicó la situación del país, destacando que es 100% importador de petróleo, a pesar de lo cual el efecto negativo del conflicto en Medio Oriente no es tan grande como parece porque su matriz no depende totalmente de las energías fósiles. El impacto del precio alto del petróleo sí está concentrado sobre todo en las áreas productivas.

“El impacto de este tipo de shocks (petrolero) ha sido tradicionalmente bajo —sostuvo— incluso en términos inflacionarios, que hasta cierto punto ha causado problemas fiscales por indexación”, continuó.

“Pero ese impacto inflacionario no parece ser un problema importante en Uruguay, ni tampoco el efecto financiero global que se prevé comience a ocurrir en algún momento”, acotó.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

A su juicio, el shock externo agarra a Uruguay en un momento muy bueno en términos de riesgo soberano, con una dolarización de la deuda ha disminuido y buenas reservas. “Ese shock no un problema riesgoso desde el punto de vista de política monetaria, pero sí en términos de política fiscal”, advirtió, considerando que la deuda en Uruguay es alta y cercana al ancla.

El integrante del CFA destacó que en Uruguay existe un mecanismo de estabilización en relación al precio internacional del petróleo, dado que éste es muy volátil, y no cree que seguir las señales del mercado internacional sea lo más eficiente (esto último es lo que propone el BID).

“El mecanismo de estabilización de precios (del crudo) en Uruguay permite cambios graduales tanto al alza como a la baja, donde los cambios se van filtrando a medida que se van demostrando como permanentes”, defendió.

Fernández Arias reconoció que este sistema es controversial, aunque explica por qué Uruguay aumenta el precio de los combustibles gradualmente.

“En la medida en que los shocks son transitorios, lo importante en el caso del país, que tiene una regla fiscal estructural, es que haya un compromiso claro por parte de la autoridad fiscal para revertir los gastos extraordinarios que se puedan producir”, afirmó, aclarando que los subsidios en Uruguay no son un problema en particular, pero va a haber otros gastos asociados a la necesidad de apoyos productivos.

Insistió en la importancia de que la expansión del gasto transitorio sea efectivamente revertida de manera que no se convierta en permanente, así como mantener disciplina con respecto a las metas de resultados fiscales estructurales.

“Somos optimistas, pero no creo que este sistema de Uruguay esté maduro, sino que seguimos experimentando”, aclaró.

Fernández Arias consideró asimismo que “envejecer es un riesgo también para los temas fiscales”. En tal sentido, compartió que actualmente existe una discusión al respecto no sólo en torno a la seguridad social, sino en materia fiscal, dado que es un punto que no está bien integrado al enfoque estructural de largo plazo a la regla fiscal, sino que aún es tratado más bien como algo estacionario. “Allí hay un talón de Aquiles”, puntualizó.

Para el integrante del CFA, las empresas públicas no representan un problema para Uruguay en este aspecto, ya que en general son superavitarias, es decir, aportan al fisco, aunque la excepción es Ancap, que casi no lo hace y que en el pasado ha tenido problemas de capitalización y ha sido incluso una carga fiscal explícita.

Insistió que en Uruguay el mayor problema es que la deuda está cerca de su tope, lo que plantea falta de holgura y también hay bajo crecimiento del PIB, lo que genera tensión.

Foto: Casa de América.

“Hemos observado (se refiere al CFA) que no existe ninguna garantía de que el crecimiento del PIB de Uruguay esté bien pronosticado. Puede haber una tendencia a que sea demasiado optimista. La solución son políticas más efectivas de crecimiento, pero apuntaría como un riesgo los pocos recursos para manejarse y de proyecciones que pueden atentar contra la estabilidad fiscal”, sintetizó.

Consultado sobre qué puede hacer el país para fortalecer su resiliencia, Fernández Arias dijo que eso pasa por la capacidad de conducir una política fiscal efectiva para afrontar los shocks externos, lo que depende de que existan “reglas fiscales estructurales firmes, cumplidas y creíbles”, que es lo que permite la sostenibilidad fiscal.

“El sistema uruguayo acaba de ser reformado con una regla fiscal dual (se eliminó el pilar previo del tope al crecimiento del gasto), con un resultado fiscal estructural asociado a un ancla de deuda”, valoró el economista, además de considerar que antes las metas se tomaban como proyecciones y por lo tanto se iban cambiando sobre la marcha, mientras que ahora se espera que deje de ser así.

También valoró que el CFA ha sido fortalecido en su autonomía, aunque sus consejeros siguen siendo honorarios y tampoco hay recursos para analizar debidamente las proyecciones macrofiscales, lo que es un punto débil a solucionar.

Por su parte, Raphael Lam, jefe adjunto de división del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, destacó que los países de la región tienen espacios fiscales diferentes y, en tal sentido, es importante “gastar bien” y mantener políticas flexibles.

Evaluó que las economías emergentes deben invertir más para sus respectivos crecimientos y fortalecer sus instituciones.

Marta Ruiz-Arranz, jefa de la división de Gestión Fiscal del BID, destacó que "ningún país es inmune al choque de precios que existe”, sobre todo porque la generación y utilización de energías fósiles es aún alta en esta región. Hizo referencia a que las deudas de América Latina y el Caribe no han bajado desde la pandemia del covid-19, sino que solo se han estabilizado en los últimos dos o tres años, con intereses que han aumentado.

“Los gobiernos tienen menos credibilidad institucional, no cumplen las reglas fiscales y los compromisos no se han consolidado, además de haber rigidez en el gasto”, advirtió sobre la región.

Según el BID, las medidas a implementar deberían incluir subsidios fiscales focalizados (que son eficientes, aunque requieren mayor capacidad de implementación) y no controles de precios que terminan generando distorsiones.

También recomienda atender debilidades estructurales de recaudación, para que la región salga más fortalecida para enfrentar crisis futuras.

De su lado, Alejandro Guin-Po Bon, coordinador Macroeconómico del Ministerio de Hacienda de Chile, recordó que un nuevo gobierno acaba de asumir (con José Antonio Kast como presidente de la República), y el objetivo es reforzar las instituciones.

Actualmente, Chile implementa subsidios localizados (para familias de bajos recursos, transporte público, y bonos a taxis y al trasporte escolar). Guin-Po Bon oincidió con la OCDE en que conviene no implementar subsidios generales que suelen terminar siendo permanentes, aunque haya cláusulas de salidas, que son costosas.

Advirtió, por otra parte, que Chile está muy pendiente de los fenómenos climáticos que generan problemas en las economías del agro, y también del negocio del cobre, entre otros.

Finalmente, Rodrigo Mariscal, economista Jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, explicó que su país es tanto exportador como importador de petróleo, y que cuenta con un subsidio generalizado, que se activa o desactiva según los shocks globales del precio del crudo.

“Son mejores los subsidios generalizados porque ayudan a absorber mejor los shocks a nivel macroeconómico, que los focalizados, en nuestro caso. A medida que dependamos menos de los combustibles fósiles, habrá menos subsidios”, concluyó.