Polémica por "Gran Hermano" de la carga: del "hasta llegar a consensos" de la ministra al "aguantamos porque somos camioneros"

La intervención del presidente de la República, Yamandú Orsi, en el conflicto de un grupo de transportistas de carga autoconvocado el pasado 12 de junio fue clave para moderar la situación que resultó en importantes cortes de rutas y movilizaciones en varios puntos del país por parte de ese grupo. Sin embargo, el miércoles la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores recibió a un grupo de representantes de los autoconvocados que manifestó su descontento por la aplicación de la Guía Electrónica de Carga -conocida como el “Gran Hermano” del sector- y volvió a solicitar rever el precio de los combustibles.

Un día después, la comisión recibió a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y al Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra). “El objetivo principal de la Guía Electrónica de Carga es fortalecer el cumplimiento efectivo de la normativa vigente, reforzar la fiscalización en territorio y asegurar la interoperabilidad entre las distintas herramientas de control disponibles”, dijo Etcheverry según indica la versión taquigráfica de la sesión y resaltó que la herramienta acompaña el desarrollo tecnológico de los últimos años.

“No es un tema que no haya tenido una discusión profunda, periódica, que aún se mantiene y seguramente va a seguir así hasta que logremos llegar a los consensos”, dijo Etcheverry y recordó la primera etapa piloto comenzada en diciembre del año pasado con 15 empresas y 370 vehículos.

La ministra agregó que no tiene ningún objetivo recaudatorio y no se establecerá el caracter de obligatorio cuando aún la guía está en diseño.

Por su parte, el director de Transporte, Felipe Martín hizo referencia a los puntos del país donde se trabajó el plan piloto. Estos incluyeron el puerto de Montevideo, la planta de Ancap en La Tablada y el puerto de Nueva Palmira.

Los legisladores plantearon a los autoconvocados que sus reclamos no llegaron a la Comisión de Transporte y que tampoco fueron citados a dialogar. “Ruido hicieron (...) Salió en todo el país gente de trabajo a perder horas de trabajo, a consumir combustible, a expresarse –y por algo era– en todas las rutas nacionales, y no solo eran camioneros porque también hubo productores”, señaló el senador colorado Tabaré Viera, apuntando al vínculo de los autoconvocados con el movimiento Un Solo Uruguay.

Foto: Fernando Ponzetto

“Aguantamos porque somos camioneros”, justificó la integrante del grupo de autoconvocados, Raquel Ferreira, y agregó: “Salgan a ver cuál es la situación de las pequeñas y medianas empresas, porque vamos a dejar a nuestros hijos sin comida si seguimos así”.

El reclamo inicial de los transportistas estuvo vinculado a la Guía Electrónica de Carga, conocida como el “Gran Hermano” del sector aunque escaló a otros ámbitos ya que a las movilizaciones de transportistas autoconvocados se sumanos productores rurales. “Se trata de una guía que créanme que es un problema para el diario vivir del transportista, por la idiosincrasia del uruguayo”, dijo ante el Parlamento el representante de los autoconvocados, Federico Holzmann y agregó que el sector ya carga con varios controles.

“El testeo que hicieron no contempló la realidad del día a día en el interior”, dijo ante el parlamento uno de los voceros, Tulio Rodríguez -apuntado por su militancia contra el gobierno en redes- y agregó: “La guía fue diseñada en un escritorio para las grandes empresas”.

La senadora del MPP, Bettiana Diaz, dijo a los autoconvocados que la comisión no fue citada para recibir a ninguna agrupación. “Los legisladores que los recibieron decidieron no extender la invitación (...) Diría que nos dejaron fuera, básicamente”, sostuvo y agregó: “Fue a través de los trascendidos de prensa que nosotros tuvimos acceso a esa plataforma reivindicativa, porque tampoco se nos entregó el documento que dejaron acá”.

La búsqueda por parte de los gobiernos para generar un marco legal y mantener cierta trazabilidad dentro del sector no es nueva. La Guía de Carga en Uruguay fue introducida en la ley de Presupuesto de 2001 con el objetivo de formalizar el trabajo en el sector y su control se realizaba de forma manual en formato papel.

Foto: AFP fotos

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en 2017 –liderado por Victor Rossi durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez– impulsó el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac). Unos años más tarde durante la administración de Luis Lacalle Pou (2020-2025) y la cartera a cargo de Luis Alberto Heber y José Luis Falero, fue concebido el Sistema de Gestión de Flotas (Sigeflot). Sin embargo, ambos sistemas quedaron sin efecto y este año el gobierno de Orsi busca implementar la Guía Electrónica de Carga.

Los autoconvocados realizaron algunas críticas a este sistema ante el Parlamento y una de sus representantes, Patricia Pertman sostuvo que el mismo “controla mucho más que el transporte de carga” ya que consideró que debía incluir más de 14 campos de información obligatorios.

Si bien el gobierno resaltó en varias oportunidades que la guía no supone costos extras para el transportista, uno de los autoconvocados señaló ante el Parlamento que cada guía tiene un valor de 12 Unidades Indexadas y una aplicación de multas de hasta 50 Unidades Reajustables y resaltó algunas dificultades que presentan los transportistas en su vínculo con las herramientas tecnológicas.

Sin embargo, Martín aseguró que se revisará el valor de las multas ya que la normativa es de 2014 y agregó que los camiones en lastre (vacios) no llevan guía de carga.