El Poder Ejecutivo extendió hasta el 1 de enero de 2031 el régimen de promoción para proyectos de gran dimensión económica, una herramienta de incentivo a las actividades de construcción con destino a oficinas o viviendas, tanto para venta como para arrendamiento.
Las modificaciones surgen de los nuevos criterios de aplicación publicados el pasado 27 de mayo por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), donde se plantearon también cambios en los montos mínimos de inversión requeridos para acceder al régimen, los beneficios fiscales y la estructuración de los proyectos promovidos bajo este esquema.
La consultora CPA Ferrere analizó en un informe que los cambios redefinen el marco de promoción para este tipo de inversiones y destacaron entre las modificaciones más relevantes la extensión del horizonte temporal a 2031, la elevación de los umbrales de inversión, la unificación de los plazos de ejecución de los proyectos, así como también la incorporación de nuevos tramos de exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).
De acuerdo con los nuevos criterios de la Comap, el piso general de inversión pasa a ser de 60 millones de unidades indexadas (UI), equivalentes a aproximadamente US$ 10 millones. No obstante, hasta el 31 de diciembre de 2027 continuará vigente un régimen transitorio que permitirá presentar proyectos desde 30 millones de UI, unos US$ 5 millones aproximadamente.
Otro de los cambios destacados es la unificación de los plazos de ejecución. Según los criterios de la Comap, todas las inversiones deberán ejecutarse en un plazo de 60 meses desde la obtención del permiso de construcción o de la autorización del inicio anticipado de obra. De esta forma, se elimina la diferenciación de plazos que existía hasta el momento y que variaba en función del estado de avance de los proyectos.
En términos tributarios, CPA Ferrere destacó la incorporación de nuevos tramos de exoneración de IRAE, con la inclusión de un tramo de exoneración de 35% para aquellas inversiones de entre un mínimo de 430 millones de UI (US$ 69 millones) y un máximo de 574 millones de UI (unos US$ 92 millones).
Asimismo, los tramos inferiores de exoneración (de 5% y 10%) quedaron limitados a proyectos presentados hasta 2027. Para la exoneración del 5% de IRAE el límite del monto de inversión requerido es de un mínimo de 30 millones de UI (US$ 4,82 millones) y un máximo de 40 millones de UI (unos US$ 6,43 millones); mientras que para la exoneración del 10% de IRAE, el límite del monto de inversión requerido es entre 40 millones de UI y 60 millones de UI (unos US$ 9,64 millones).
Por otro lado, los nuevos criterios de la Comap también plantearon beneficios adicionales orientados a promover el uso de materiales nacionales y las construcciones sostenibles.
En el caso de la industria nacional, el régimen prevé hasta un máximo de seis puntos porcentuales adicionales de exoneración de IRAE para aquellos proyectos que utilicen materiales producidos en el país. Asimismo, los proyectos que obtengan certificaciones ambientales reconocidas podrán acceder a incrementos adicionales en los beneficios fiscales.
La consultora también detalló que el nuevo marco admite expresamente el desarrollo de proyectos por etapas, siempre y cuando haya una vinculación comercial entre los proyectos, así como cumplir con el monto mínimo de inversión en cada etapa y además siempre deberán hacerse bajo una misma razón social. "Asimismo, los proyectos desarrollados por etapas podrán acumular las inversiones previas para determinar el porcentaje de exoneración aplicable según el tramo de inversión correspondiente", indicó el informe.
En términos generales, entre los requisitos establecidos por la normativa se encuentra un mínimo de seis unidades de viviendas u oficinas para acceder al régimen promocional.
El decreto también actualizó el listado de áreas comunes computables para acceder a los beneficios del régimen, al incorporar espacios como salones de usos múltiples, salones de trabajo compartido, spas, soláriums, parrilleros y áreas de recreación infantil.
En tanto, la exoneración de tributos a las importaciones, las condiciones para acceder al crédito de IVA y la exoneración del Impuesto al Patrimonio (durante ocho años para proyectos en Montevideo y 10 en el interior) establecidos por el decreto anterior se mantienen sin cambios en esta normativa.
Por su parte, Nicolás Ferreira, integrante del estudio Posadas, recordó que el régimen de proyectos de gran dimensión económica tiene antecedentes desde el año 2016 y que luego recibió un fuerte impulso en 2020 en el contexto de la pandemia del covid-19 cuando el gobierno buscó dinamizar la actividad económica y el empleo mediante incentivos a la inversión.
En diálogo con Informativo Carve de Cierre, Ferreira detalló que entre 2020 y 2023 se presentaron más de 6.600 proyectos al amparo de este régimen, movilizando inversiones superiores a los US$ 7.800 millones. Ferreira sostuvo además que el nuevo régimen fue bien recibido por los operadores del sector inmobiliario y de la construcción, principalmente por la ampliación de los plazos ya que esto da mayor previsibilidad para la planificación de proyectos de gran porte, que suelen precisar horizontes de desarrollo más largos.
Junto con la actualización de los criterios de promoción, la Ventanilla Única de Inversiones (VUI, una de las herramientas de la Ventanilla Única de Comercio Exterior) anunció que las empresas que presenten iniciativas de gran dimensión económica ante la Comap, podrán realizar el procedimiento de forma completamente digital.
Según informó el organismo, la medida fue implementada en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y busca simplificar la relación entre las empresas y el Estado, reducir tiempos administrativos, generar mayores certezas para los inversores, así como quitar barreras operativas para empresas extranjeras interesadas en desarrollar proyectos en Uruguay.
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