La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) dará superávit este año, debido a las medidas que se han tomado últimamente para enfrentar la crisis, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, el presidente de la paraestatal, Andrés Pérez, afirmó a El País que no van a "administrar la Caja mirando solamente el resultado de un año".
El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, señaló en el Parlamento que la Caja tendría ingresos por US$ 13 millones superiores a lo previsto inicialmente por el Poder Ejecutivo, adjudicables al aumento de la tasa de activos y la contribución de pasivos.
Por su parte, Pérez declaró a El País que existen diferencias entre lo que proyectan desde la Caja y las afirmaciones de Vallcorba. Además, "un resultado contable positivo de un año, no convierte en sostenible un sistema cuyo flujo financiero proyectado es negativo y cuyo patrimonio se consume para cubrir el déficit", apuntó.
"No vamos a administrar la Caja mirando solamente el resultado de un año, nuestra obligación es garantizar que pueda pagar las jubilaciones y pensiones dentro de diez, 20 y 30 años", reafirmó. “Esa es la diferencia entre administrar el ejercicio y gobernar una institución previsional”, agregó.
La “ley de salvataje” –N° 20.410- de la Caja de Profesionales estableció un aumento en la tasa de aportación para los profesionales activos, que podría llegar a 22,5% para 2028, y una nueva contribución pecuniaria para los pasivos, de entre 2% y 5%, dependiendo del nivel de ingresos.
Además, las proyecciones del MEF estimaban que el 50% del incremento por los nuevos aportes se perdería por las declaraciones de no ejercicio o los cambios de categoría, pero luego estas fueron estimadas por debajo del 10%, según la propia Cjppu. La paraestatal también recibe aportes de Rentas Generales por US$ 70 millones anuales.
Según el MEF, la Caja tendrá un resultado previsto de casi $ 229 millones (US$ 5,7 millones) en 2026 y el resultado será de casi $ 50 millones (US$ 1,25 millones) en 2027. En ese marco, Vallcorba estimó que no se requerirán aportes adiciones a los US$ 70 millones por parte de Rentas Generales.
Por su parte, la Cjppu consideró que “resulta difícil comprender cómo pueden afirmarse determinados resultados financieros cuando no se ha desarrollado plenamente el ámbito institucional previsto para discutir las propias proyecciones, contrastar metodologías, analizar los supuestos utilizados y evaluar conjuntamente (gobierno y la paraestatal) el comportamiento efectivo del sistema”.
Pérez estimó que, si para pagar las jubilaciones hay que consumir el patrimonio de la institución, “no estamos frente a una solución, sino frente a una cuenta regresiva”, dijo, al calcular que el agotamiento de las reservas ocurrirá en 2028. Asimismo planteó que al existir diferencias en la interpretación de los datos o en los escenarios proyectados, “lo razonable es analizarlas técnicamente en los espacios instituciones previstos para ello”.
“La respuesta de los profesionales a las nuevas opciones de aportación, las decisiones adoptadas sobre las escalas de contribución y otros cambios de comportamiento derivados de la reforma son variables que solo pueden analizarse adecuadamente a partir de la información que administra la propia institución y de un seguimiento permanente de su evolución”, afirmó Pérez.
“La Ley N° 20.410 no fue concebida como una solución definitiva, sino como el inicio de un proceso que requiere una implementación rigurosa, un monitoreo permanente y la evaluación continua de sus resultados”, concluyó.