Los académicos Carlos Petrella y Carlos Tessore presentaron el libro “El enigma de la des-conexión ganadera. Los laberintos de una tragedia” (editorial Fondo de Cultura Universitaria), en el que analizan el colapso de la empresa Conexión Ganadera, que funcionaba con un esquema ponzi y cuyos propietarios fueron acusados de estafa por unos US$ 220 millones que afectó a unas 4.000 personas.
A partir de ese y otros casos, los autores plantean que existen dinámicas sistémicas en Uruguay que propician crisis empresariales —con o sin estafas—, y que podrían repetirse.
El País entrevistó a Petrella, ingeniero en sistemas y MBA en Negocios que ha dirigido proyectos de mejora de la gestión del Estado, en el Banco de Previsión Social (BPS), la Distribuidora Uruguaya de Combustibles S.A. (Ducsa) y Antel, entre otras entidades. Fue Grado 5 de Ingeniería en la Universidad de la República (UdelaR) y consultor de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
—Ustedes plantean en el libro que se han dado crisis empresariales en Uruguay que se repiten a lo largo de la historia, de distintas maneras, por fallas sistémicas, ¿a qué se refiere?
—Hay causas genéricas derivadas de cambios que trascienden a Uruguay, pero lo que nos interesa es analizar las de tipo uruguayo. Varias cosas, en términos sistémicos, están impactando la viabilidad de muchas empresas hasta llevarlas a una situación de colapso en sus retornos y quiebra. Estamos asistiendo a problemas de costos, falta actualización de los modelos de negocios, regulaciones escasas o desactualizadas, y algunas fallas éticas en cuanto a los compromisos sociales empresariales. Esos aspectos son fundamentales para entender la caída de una empresa u otra, y hacen que actualmente la realidad de las empresas uruguayas sea más volátil e incierta que hace 20 años.
—¿Qué casos de crisis empresarial podría mencionar en esa línea?
—Conexión Ganadera, fue un caso que afectó a buena parte de la población. Yazaki, la empresa de autopartes, que decidió retirarse del país porque se enfrentó a una situación que no era sostenible por las condiciones competitivas locales. Calcar, en Tarariras, con una deuda acumulada muy grande e incapacidad de crecer. Entonces tú te enfrentas con organizaciones que podrían ir al crecimiento, pero éste no puede producirse en el país por determinadas circunstancias y se quedan sin opciones. Otro caso muy triste para nosotros, los uruguayos, fue el colapso de Pluna, que evidenció una deficiencia muy grande en la articulación de lo público y lo privado, errores importantes en la elección de socios estratégicos y la imposibilidad de encontrar una solución que hiciera viable un negocio que estaba dando rojo. También está toda la negociación que terminó con la minería de hierro a cielo abierto en Uruguay (proyecto Aratirí). Tanto en Conexión Ganadera como en Yazaki, Calcar, Pluna y muchas otras, más allá de cuestiones específicas de cada empresa, hay factores genéricos del comportamiento sistémico que hacen que las organizaciones uruguayas sean más frágiles y menos sostenibles que en otros contextos.
—Los casos de estafa preocupan especialmente, ¿qué lograron identificar a ese nivel?
—En Conexión Ganadera aparecieron muchos elementos vinculados a la activación de medidas de emergencia con el esquema ponzi que aumentó significativamente el número de inversores para tratar de solucionar un problema que al final fue peor y tuvo un resultado trágico; en Pluna se discute mucho si la elección del socio estratégico y del administrador local generó o no conflicto de intereses que hicieron todavía más inviable la recuperación de la empresa; y encontramos otros casos en los cuales hay dudas sobre el comportamiento de los directores no solo en términos éticos, sino legales. Esos casos terminan dilucidándose en ámbitos judiciales, lo cual nos lleva a la reflexión sobre la judicialización de los procesos que dirimen comportamientos empresariales y sobre la problemática en el ámbito político que muchas veces se dirime en el ámbito civil y penal de la Justicia. Hay falta de actuación endogena en el sistema político y en el sistema empresarial para resolver casos excepcionales, y eso se está poniendo en evidencia hoy notoriamente.
—¿Actualmente detectan situaciones específicas de riesgo?
—Nosotros analizamos comportamientos irregulares en crisis de desarrollo reciente, lo que hay son datos que podrían llevar a evidencias de comportamientos irregulares, o delictivos incluso, pero no podemos generar una acusación a partir de eso. Hay que ser cuidadosos porque hay situaciones que son producto de que el modelo de negocio no pudo ser adaptado y la empresa colapsó, y otras en las que, además de producirse un desfasaje en el modelo de negocios, hubo prácticas irregulares o delictivas. Pero lo que sí se puede afirmar es que hay vulnerabilidades que pueden llevar a que se repitan situaciones como la de Conexión Ganadera.
—¿Cómo piensan que se podría evitar?
—Está claro que, en un mundo muy cambiante, cuando una empresa se dedica solo a reaccionar o a tener cambios reactivos ante la realidad, se queda sin tiempo para trabajar anticipadamente o para administrar estratégicamente. Muchas veces también aparecen escasos mecanismos de asistencia o de control estatal en el manejo de condiciones excepcionales empresariales, con regulaciones que no son suficientes o actualizadas para evitar que se produzcan situaciones de colapso. Pareciera que el Estado se preocupa mucho por los estímulos de la inversión en etapas previas a la concepción de un negocio y después no tanto. Pero esos estímulos podrían ser más permanentes para que las organizaciones tengan un tiempo suficiente de apoyo para crecer y estabilizarse. Eso haría a los negocios más sustentables en el medio y largo plazo.
—A partir del caso de Conexión Ganadera, el gobierno decidió ampliar las competencias del Banco Central para proteger más al público ante determinados ofrecimientos de inversión.
—Sí, eso es el “síndrome de una actuación reactiva”, que es una respuesta correcta, pero tardía. O sea, si nos dedicamos a esperar que haya un desastre para actuar, lo que hacemos es regular expost y los costos políticos, económicos y sociales de las quiebras de empresas terminan siendo mucho más altos.
—Pero a partir de ahora, con esos nuevos parámetros de control establecidos, se podrá evitar estafas similares o negocios altamente riesgosos para la población, ¿lo ve así?
—No, porque esas medidas no son suficientes. En un momento como el que vivimos, de gran dinamismo y volatilidad en los negocios, se tiene que estar aggiornando las normativas con más frecuencia, no una vez cada tanto. Eso marca la necesidad de que el Estado desarrolle mecanismos de vigilancia más activos y todo el tiempo sobre los negocios; además, no solo de públicos con privados, sino de privados con privados, como es el caso de la Conexión Ganadera. Eso no se hace.
—El planteo de ustedes es que los errores son sistémicos, recurrentes, ¿identifican sectores más vulnerables para ante potenciales transgresiones en este momento?
—Hay dos o tres sectores en los cuales no siempre somos conscientes de los niveles de riesgo. Y hay otros que son bastante sólidos, como el sector financiero formal. Creímos que el sector ganadero era también sólido, pero mezclamos el negocio ganadero con negocios de intermediación financiera vinculados con el agro, y entonces traspusimos la seguridad que aparentemente existía en un sector a una operación que fue inventada, para sacar partido de un nicho de gente que quería invertir dinero sacando una rentabilidad alta. Se pueden ir generando situaciones especiales de ese tipo a futuro. Creo que el sector de seguridad de datos también es extremadamente vulnerable. De hecho, hay movimientos políticos en torno a la seguridad de la información y a la protección de los datos que, de alguna manera, están interpelando a las autoridades. Ha habido remociones en las últimas semanas, que muestran un descontento o diferencias muy grandes y notorias sobre cómo se debe manejar la seguridad en este país. Y otro nicho vulnerable es la introducción de la inteligencia artificial en la toma de decisiones en determinados negocios, por ejemplo de inversiones o préstamos, con algoritmos que no son transparentes para los usuarios. Se entra en un proceso con una máquina con reglas de juego que ni siquiera los dueños del negocio conocen. No estoy hablando de ciberseguridad, sino de sistemas inteligentes que pueden decirle, por ejemplo, al acreedor de un préstamo que puede sustentarlo, que tiene ingresos suficientes para eso, y no ser así.