La "zona gris" de los residuos de la construcción: la IMM sube costos y empuja a empresas a cambiar el destino de los escombros

La Intendencia de Montevideo (IM) dejará de exonerar a las empresas de la construcción por el ingreso de residuos de obra al relleno sanitario Felipe Cardoso y aplicará nuevas tarifas a partir del mes de julio, en una medida que busca reducir el volumen de escombros que hoy se disponen en ese sitio.

La medida implicará que los desechos generados por la construcción pasen a pagar un costo por tonelada, en línea con lo que abonan otros generadores comerciales e industriales. Actualmente, la IM exonera el pago de la tarifa de ingreso a Felipe Cardoso a los residuos de las obras de construcción del sector vivienda y con destino residencial.

Según indicaron desde la comuna a El País, la referencia estará en el entorno de 1 a 2 UR (entre unos $ 1.900 y $ 3.800 aproximadamente) por tonelada, aunque los montos finales aún no están cerrados.

La decisión de la IM forma parte de una estrategia más amplia que busca no solo desestimular que los residuos de obra sigan teniendo como destino el principal sitio de disposición final de la capital, sino también estimular el desarrollo de un mercado de operadores privados que absorban estos residuos, ya sea a través de nuevas plantas de valorización o de proyectos vinculados al restablecimiento de la calidad ambiental de las canteras.

Desde el sector privado coinciden en que se debe mejorar la gestión de los residuos de las obras, pero advierten que el cambio debe apoyarse en controles efectivos sobre el generador de los desechos, con una trazabilidad que asegure el destino final de los materiales y evite la disposición informal. Además, plantean la necesidad de que el cambio no se apoye únicamente en multas o aumentos de costos, sino en una estrategia más amplia y coordinada por los diferentes organismos públicos.

Los cambios que busca hacer la comuna se enmarcan en lo aprobado por la Ley de Gestión Integral de Residuos que obliga a modificar la forma en que se generan, transportan y disponen estos materiales, y que ahora empezará a reflejarse en medidas concretas a nivel departamental.

La directora de Limpieza de la Intendencia de Montevideo (IM), Chiara Fioretto, explicó a El País que el nuevo marco regulatorio introduce exigencias como la segregación en origen, la demolición selectiva y la trazabilidad del transporte, con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos de obra y avanzar hacia un esquema con mayor valorización.

“Estamos proyectando ajustes que tienen que ver con la tarifa y con instrumentos económicos que desincentiven a que estos residuos terminen ingresando al relleno sanitario”, señaló la jerarca, y agregó que el objetivo es preservar la sostenibilidad de esa infraestructura.

“No nos sirve que siga entrando residuo de obra de construcción. Tenemos que evitar que estos materiales vayan a disposición final y promover alternativas de valorización", indicó.

La funcionaria aclaró que, a diferencia de los residuos domiciliarios, los de la construcción no son competencia directa de la IM, sino que la responsabilidad recae en el generador, en línea con lo que establece la normativa nacional.

“El decreto lo que hace es ordenar el sector”, indicó Fioretto y dijo que algunas alternativas son las plantas de valorización, donde el escombro limpio es triturado y reutilizado; el relleno de predios con autorización; y las canteras en proceso de remediación (remoción de contaminación) o cierre.

En la práctica, el desafío no está tanto en la recolección, un segmento que la IM considera como “muy ordenado”, con cerca de 200 empresas habilitadas para el transporte, sino en el desarrollo de opciones para el destino final de esos desechos.

“En la medida en que vayamos poniendo restricciones para ingresar a Felipe Cardoso, el sector privado va a tener que buscar alternativas”, sostuvo la directora, quien consideró que si bien las capacidades aún deben ampliarse, ya existen opciones operativas en Montevideo y el área metropolitana.

Intendencia de Montevideo. Foto: ARIEL COLMEGNA

Desde el lado del sector de la construcción, la recepción de estos cambios ha sido, según la jerarca, favorable. “Creo que estamos todos bastante alineados en que es por ahí”, afirmó, aunque reconoció que los procesos de ajuste regulatorio, pueden implicar desafíos durante la transición.

El horizonte que se fijó la Intendencia para reducir el ingreso de estos residuos al relleno sanitario es el año 2027.

El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Alejandro Ruibal, consideró que avanzar hacia un sistema más estricto de gestión de residuos de obra es “absolutamente necesario” y sostuvo que el desarrollo de una industria vinculada al reciclaje y tratamiento de escombros solo será posible si existe control efectivo sobre el destino de esos materiales.

Foto: Ignacio Sánchez.

Para Ruibal, la clave pasa por exigir trazabilidad al generador de los residuos y evitar que continúe la disposición informal. “Tiene que haber una obligación de que no se pueda tirar en cualquier lado, porque si no, nadie llama a nadie”, afirmó.

El empresario explicó que, tanto en demoliciones como en obras nuevas, la construcción genera un volumen importante de residuos que necesariamente requiere un destino final, por lo que consideró indispensable avanzar hacia sistemas de control similares a los que funcionan en otros países.

En ese sentido, señaló que las experiencias internacionales más desarrolladas (sobre todo en Europa) obligan a las empresas constructoras a realizar una estimación previa de los residuos que generará cada proyecto, para luego corregirla en función del volumen efectivamente producido y presentar certificados que acrediten cuál fue el destino final de esos materiales.

“Lo que se controla es al generador de residuos. Tiene que declarar cuánto estima generar y después demostrar qué hizo con esos residuos y dónde fueron a parar”, explicó.

Según Ruibal, ese esquema de trazabilidad es el que permite que surjan operadores especializados y una industria de tratamiento y valorización de residuos de construcción. A su entender, sin controles ni exigencias, es difícil que esas inversiones prosperen.

“Para que puedan desarrollarse industrias de reciclaje y tratamiento tiene que haber reglas claras y obligación de cumplirlas”, enfatizó.

El director de la desarrolladora Kopel Sánchez, Sebastián Sánchez, también coincidió en que la construcción debe avanzar hacia una gestión más eficiente de sus residuos y remarcó que su empresa ya trabaja desde hace tiempo en la reclasificación dentro de las obras. Para el empresario, el punto de partida es que la industria de la construcción tiene una incidencia muy relevante en la generación de residuos sólidos.

“Estamos alineados. La usina (Felipe Cardoso) ya no es un lugar que pueda seguir recibiendo residuos limpios ni residuos sólidos de la construcción”, afirmó Sánchez. Sin embargo, advirtió que el cambio no debería apoyarse únicamente en restricciones, multas o aumentos de costos, sino en una estrategia más amplia y coordinada.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

A su juicio, el principal problema es que la gestión de estos residuos involucra a varios actores que no siempre están sentados en la misma mesa. En ese sentido, planteó que debería conformarse un ámbito conjunto con la IM, el Ministerio de Ambiente, desarrolladores, constructoras, transportistas y empresas vinculadas a la reutilización de materiales.

“El problema es bastante más amplio. Lo que estaría bueno es armar una mesa de diálogo entre todas las partes. Pero cuando digo todas, tienen que estar todas”, enfatizó.

Sánchez explicó que la construcción genera distintos tipos de residuos: por un lado, los vinculados a demoliciones, escombros y procesos de obra; y por otro, los derivados de excavaciones, que pueden considerarse residuos "limpios", según sus características. Esa diferencia, sostuvo, es clave para definir destinos alternativos, aunque muchas veces los trámites para habilitar esos destinos no dependen solo de la Intendencia, sino también de Ambiente.

“Es una zona gris a la que nadie le quiere poner foco. Y el único que tiene que poner foco no es la IM, es una mesa conjunta”, afirmó.

El empresario también planteó que el sistema debería premiar mejores prácticas y no solo castigar incumplimientos. Como ejemplo, mencionó experiencias en las que midieron los residuos generados en obra mediante balanzas, para conocer cuánto material ingresaba y cuánto salía como excedente. Ese tipo de herramientas, dijo, permitiría generar incentivos para quienes construyen con tecnologías más limpias, reducen desperdicios o clasifican correctamente los materiales.

“Hoy no se beneficia al que genera menos residuo en la construcción. Da lo mismo construir con un sistema que no genera residuo que con uno que genera residuo”, cuestionó.

Para Sánchez, la discusión debe avanzar en tres niveles: primero, generar menos residuos; segundo, clasificarlos mejor dentro de las obras; y tercero, definir destinos alternativos que permitan reutilizarlos.

También advirtió que una política basada solo en penalizaciones puede terminar siendo contraproducente. Según dijo, las multas pueden ordenar ciertos comportamientos, pero no necesariamente resuelven el problema estructural. Incluso, sostuvo, si el sistema no ofrece salidas viables, puede empujar a algunos actores a buscar soluciones informales.

Francisco Flores/Archivo El Pais

“La penalización hace que todos estemos más atentos, pero a veces no soluciona el problema. Terminás jugando a la escondida”, afirmó.

Sánchez planteó que los recursos que se generen por multas o sanciones deberían destinarse a promover políticas de reciclaje, reconversión y desarrollo de nuevos productos para la construcción.

En tanto, el CEO de la desarrolladora Tanco, Marcelo Guillermo, consideró que la iniciativa de la IM “suena razonable”, aunque remarcó que el éxito dependerá de una “implementación inteligente”, que no afecte la logística de las obras.

Guillermo explicó que el mayor impacto operativo podría darse en las etapas iniciales de los proyectos, cuando se concentran los movimientos de suelo, demoliciones y retiro de materiales. Según indicó, si bien en toda obra hay desperdicios inevitables, el volumen más importante suele aparecer al comienzo.

Para el empresario la iniciativa puede ser bien recibida por el sector privado si logra ordenar sin generar cuellos de botella. “La idea es buena, pero todo depende de que la implementación sea ágil”, concluyó.