Redacción El País
La jueza María Farfalla decretó el concurso voluntario para la empresa constructora Balsa y Asociados, luego de que su director, Juan Martín Balsa, declarara a la empresa insolvente. La firma desarrolla tres proyectos de barrios privados en Canelones.

La jueza designó como interventor a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) que "coadministrará los bienes de las deudoras", según informó El Observador y confirmó El País al acceder a la resolución judicial. Además, Farfalla citó a la junta de acreedores, que es integrada por varias empresas, para los días 5 y 6 de noviembre.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) fue el primero en encender las alarmas. A través de un comunicado informó que unos 400 trabajadores fueron enviados a seguro de paro por parte del proyecto inversor de Balsa & Asociados.

Días atrás, en diálogo con El País, Daniel Diverio, secretario general del Sunca, detalló los entretelones del conflicto que derivó en la situación actual, tanto de la empresa como de los trabajadores.

"En 2023 durante seis meses la empresa estuvo sin hacer aportes, ni a los trabajadores ni al BPS. ¿No sonó ninguna alarma? Nosotros nos enteramos por un compañero que tuvo un siniestro laboral y al ir al Banco de Seguros se enteró que no tenía aportes y no podía cobrar seguro. Ahí la empresa llegó a un convenio para ponerse al día con los aportes y nosotros llevamos una planilla para asegurarnos de que no se incumplieran los pagos", detalló Diverio.

Sin embargo, con el correr de los meses se volvieron a registrar impagos, aseguró Diverio. "Ahora envían a los trabajadores a seguro de paro parcial pero no los dan de baja. Esto hace que no puedan acceder al 5% de seguro del Fondo de Cesantía y Retiro (Focer), ni a los créditos ni tampoco a cobrar los jornales de abril", lamentó.

Con este contexto, el sindicato solicita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que el BPS revise las causas para enviar a seguro de paro parcial a los trabajadores, revise los casos de aquellos trabajadores a los que les faltaron aportes y "exponga con claridad el resultado que tendrá este proceso, ya que hoy la empresa no tiene garantías, por más que se remate todo".

A propósito de la "falta de garantías", Diverio remarcó que esta clase de proyectos "cuentan con respaldo por su elevado valor y exoneraciones fiscales, tanto desde el Ministerio de Economía y Finanzas como desde la Junta Departamental que es la que da la autorización para que se construyan urbanizaciones en predios rurales, lo que multiplica muchísimo su valor".