Experto en fiscalidad internacional analizó el vínculo de Uruguay con la OCDE y su rol para impulsar reformas

El abogado Carlos Loaiza Keel estuvo en el podcast Nominal del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay, entrevistado por el economista Javier de Haedo.

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Carlos Loaiza Keel, abogado tributario y corporativo.
Foto: Archivo El País.

El abogado Carlos Loaiza Keel sostuvo que el acercamiento de Uruguay a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puede funcionar como una “excusa” para impulsar reformas, aunque advirtió que no hay evidencia clara de que eso genere mejoras económicas directas. Así lo afirmó en entrevista con el economista Javier de Haedo para Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyunturura Económica de la Universidad Católica del Uruguay.

El especialista en tributación internacional analizó la evolución del sistema tributario uruguayo, los cambios vinculados a la transparencia fiscal y la residencia fiscal, y los desafíos que tiene el país para atraer inversiones en un contexto internacional cada vez más exigente.

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Economista Javier de Haedo.
Leonardo Mainé.

Loaiza Keel señaló que Uruguay logró modernizar su normativa y adaptarse a estándares internacionales, pero también advirtió que cambiar con frecuencia reglas sensibles puede generar incertidumbre en los inversores. Sobre el camino hacia la OCDE, sostuvo que el mayor valor del proceso está en fortalecer la capacidad técnica e institucional del Estado, más que en esperar resultados económicos inmediatos.

Además, explicó que el vínculo con la OCDE no debe pensarse solo como una eventual membresía, sino como un proceso de acercamiento a estándares internacionales. Según planteó, el intercambio con técnicos de otros países y los mecanismos de revisión pueden ayudar a mejorar la gestión pública y obligar al Estado a trabajar con mayor rigurosidad.

También señaló que Uruguay tiene una institucionalidad sólida para procesar estos cambios, pero que debe cuidar el equilibrio entre cumplir con exigencias internacionales y mantener condiciones atractivas para la inversión. En ese sentido, advirtió que el país no puede mostrarse como un lugar que facilita la evasión fiscal, aunque sí debe seguir ofreciendo estabilidad, privacidad y seguridad jurídica.

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