"Es mucha plata": gobierno busca repartir con empresas el costo del seguro citrícola de US$ 6 millones por año

El gobierno busca crear un fondo de estabilización laboral, financiado con aportes del Estado y las empresas del sector, para cubrir los períodos de poszafra de los trabajadores citrícolas y evitar que el Parlamento deba aprobar cada año una extensión del seguro especial de desempleo. El régimen, vigente desde 2012 y prorrogado año a año, alcanza a unas 2.000 personas mensuales en promedio y tiene un costo anual de alrededor de US$ 6 millones.

Según explicó Leonardo Di Doménico, director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo (MTSS), el objetivo es establecer una cobertura "previsible" que permita a los trabajadores acceder al beneficio una vez finalizada la cosecha. “Es necesario que todos los actores involucrados participen contributivamente en el financiamiento de un seguro de trabajo poszafra. Nos referimos a una suerte de fondo de estabilización laboral", afirmó al comparecer ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Pese a que la iniciativa apunta a una “coparticipación del Estado y de los privados” en el financiamiento de la protección laboral, la propuesta está aún en etapa de elaboración y todavía no tiene un diseño definido ni porcentajes de contribución establecidos.

Di Doménico señaló que hubo intercambios con empresarios y trabajadores durante el año pasado y en este año, incluida una instancia tripartita que se realizó en Salto el pasado 21 de julio. Según dijo, la respuesta de los actores "fue positiva" y no hubo objeciones a la idea de estudiar una alternativa, aunque reconoció "diferencias" sobre cuánto debería aportar cada parte.

“No se trata de imponer; se trata de buscar mecanismos inteligentes de aproximación entre las partes en la búsqueda de distribución del ingreso”, sostuvo.

Por su parte, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, puso el foco en el costo de la cobertura para el Estado. Según los datos que presentó ante los legisladores, entre enero y setiembre de 2026 se destinaron $ 536 millones (unos US$ 13,4 millones) a los seguros de desempleo común y especial del sector citrícola.

“Es mucha plata; es mucha plata para los recursos de que disponemos, para los recursos que discutimos en la Rendición de Cuentas”, afirmó Vallcorba y señaló que el gobierno debe "compatibilizar" las necesidades de los trabajadores con los recursos disponibles y considerar también a otros sectores que no tienen un seguro especial.

El subsecretario detalló que los $ 536 millones corresponden a la cobertura conjunta de los seguros común y especial. Dentro de ese monto, el seguro de desempleo común representó $ 133 millones entre enero y setiembre, con un promedio de 770 beneficiarios por mes. Mientras que el seguro especial registró pagos por $ 353 millones en 2026. No obstante, Vallcorba aclaró que parte de ese dinero correspondió a prestaciones que "normalmente se habrían pagado en 2025", por lo que el monto de este año no refleja por sí solo el costo habitual del régimen.

Al considerar el promedio de 2024, 2025 y 2026, el costo anual del seguro especial fue de aproximadamente $ 250 millones, equivalentes a unos US$ 6 millones. En cuanto a los beneficiarios, Vallcorba indicó que el seguro especial alcanza en promedio a unas 2.000 personas por mes y que en los períodos de mayor cobertura se acerca a 3.000. Según sus cálculos, el ingreso mensual por beneficiario ronda los $ 20.000 tanto en el seguro común como en el especial.

Parlamento.

“Tanto en el seguro de paro común -cuya cobertura no es despreciable y no es menor- como en el seguro de paro especial, estamos hablando de un ingreso de aproximadamente $ 20.000. ¿Es una fortuna? No, sin ninguna duda”, señaló.

Vallcorba sostuvo que la zafralidad es una característica estructural de la actividad, que "en definitiva, hace a la naturaleza del contrato", aunque reconoció que fuera de la temporada alta no siempre existen otras tareas a las que los trabajadores puedan incorporarse con facilidad.

Este lunes, la Cámara de Representantes aprobó nuevamente el subsidio especial por desempleo para los trabajadores de la industria citrícola vinculados a la cosecha, el packing y la industria del jugo, cuya vigencia será hasta el 31 de marzo de 2027.

Según señaló el diputado por Salto, Álvaro Lima, la medida responde al acortamiento de las zafras y a la reducción de los jornales de trabajo. “La rentabilidad impuesta por el sector, la significación de las tecnologías, las plataformas digitales y la nueva disposición que el mundo del trabajo viene llevando a trabajadores y empresarios determinan que los desafíos del propio gobierno impliquen de forma permanente estar dispuestos y abiertos a la búsqueda de soluciones”, indicó.

Sin embargo, al repasar los antecedentes de las sucesivas extensiones del subsidio especial, Vallcorba explicó que el régimen comenzó a usarse en 2012 tras las heladas que afectaron la zafra, y que desde 2016 su aplicación se volvió continua por distintos "factores excepcionales" que justificaron esas medidas en años anteriores pero que ya no están presentes en 2026.

Entre ellos mencionó las heladas de 2012, la reconversión productiva, la pandemia, la sequía de 2023 y las heladas de 2024 y 2025, que perjudicaron la producción y acortaron las zafras.

"¿A qué vengo con todo esto? A que cuando uno analiza el año 2026, ya el proceso de reconversión, que había sido parte explícita de la fundamentación hasta el año 2022 —ya en 2024, por ejemplo, no figuraba como fundamento—supone que 16 años después ese proceso ya debería haber madurado. Cuando uno evalúa las condiciones climáticas y la situación en términos de calidad, rendimiento y demás de la zafra citrícola en el año 2026, todos los fundamentos que estuvieron por detrás de la situación que vivió el sector en 2023, 2024 y 2025 tampoco están presentes. Obviamente, no tenemos la excepcionalidad y la afectación que generó la pandemia”, sostuvo.

En ese sentido, el subsecretario planteó que la discusión sobre la cobertura para los trabajadores citrícolas debe considerar las condiciones actuales del sector y enfatizó en la necesidad encontrar un instrumento que se adapte a la estacionalidad de la actividad, en lugar de recurrir cada año a extensiones de un subsidio especial.