El ejemplo de Chile sobre la Defensoría del Contribuyente, una entidad que puede ser propuesta para Uruguay

Ricardo Pizarro, quien está al frente de la Defensoría Nacional del Contribuyente en Chile, confirmó que el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET, una asociación sin fines de lucro dedicada al estudio y perfeccionamiento de la tributación) analiza "la posibilidad de formar una defensoría de este tipo también en Uruguay y solicitó una reunión técnica para evaluar cómo hacerlo".

Al respecto, el IUET aclaró en diálogo con El País que su vínculo con la Defensoría del Contribuyente de Chile es exclusivamente de resorte académico y que, en respuesta al interés manifestado por la misma en difundir su experiencia en Uruguay, el IUET ofreció un espacio académico a tales efectos.

La Defensoría del Contribuyente es un organismo público creado en Chile, cuyo objetivo es velar por la protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes.

Pizarro dijo a El País que ya se llevó a cabo una primera charla técnica virtual y que está prevista otra próximamente, con el fin de compartir experiencias. En el IUET “están interesados en conocer cómo se puede instalar una defensoría, cuáles son los principales desafíos, qué mecanismos de atención hemos impulsado acá en Chile y cómo promovemos la cultura tributaria basada en la educación y en la asistencia”, afirmó Pizarro y señaló que hay similitudes entre los sistemas tributarios chileno y uruguayo. “Es importante la cooperación entre los países para avanzar en sistemas tributarios más modernos, transparentes y justos”, agregó.

Pizarro reconoció que al IUET le interesa la figura de la Defensoría y “quieren saber cómo logramos en Chile que se discutiera el tema y que se lograra una ley para su creación”, indicó.

Pizarro señaló que en su país todas las iniciativas de carácter tributario tienen que nacer del gobierno, del presidente de la República, y dijo que la propuesta de crear la Defensoría del Contribuyente surgió para prestar servicios de defensa sobre todo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a particulares, con el fin de “igualar la cancha” en la relación con el conocimiento tributario que tiene el Estado”, entendiendo que existen diferencias con las grandes empresas que sí suelen acceder a bufetes de abogados para ser asesorados.

En relación a la primera charla con el IUET, Pizarro dijo que contaron la historia de la evolución de los derechos del contribuyente en Chile, los cuales partieron estando simplemente en una norma tributaria y, con el paso del tiempo, se incorporaron al Código Tributario. “Desde que se habló de los derechos del contribuyente hasta que se creó la ley para la Defensoría del Contribuyente, pasaron 10 años. Entendemos que hoy en día la discusión de estos temas está más presente y no debería pasar tanto tiempo en otros países”, apuntó.

De hecho, aclaró que casi toda la región ya cuenta con esa figura. “Una defensoría de este tipo, con foco en las empresas más pequeñas y en las personas que tienen menos acceso a la información, le da credibilidad al sistema tributario”, destacó como un argumento que en su momento manejaron en su país para que la propuesta avanzara.

“Lamentablemente, las pymes y las personas están cayendo en incumplimientos tributarios, precisamente por falta de información”, dijo y resaltó como aspecto positivo que, por otro lado, “también están entendiendo que tienen los mismos derechos que las grandes empresas”.

Explicó además que la Defensoría suele actuar cuando el contribuyente no puede pagar un abogado para temas tributarios, y que lo hacen siempre en forma gratuita.

Pizarro explicó que los Estados auxilian a los contribuyentes en estos temas, pero la autoridad tributaria, cuya principal labor es recaudar y fiscalizar tributos, puede, bajo esa directriz, llevarse (por encima) derechos de los contribuyentes, aún sin quererlo. “No es una política de Estado vulnerar los derechos de los contribuyentes, pero ante fiscalizaciones masivas y ante la necesidad de empujar más la recaudación, puede suceder. Y ahí es donde aparece la necesidad de estas defensorías independientes o autónomas, que le puedan prestar apoyo a quienes no tienen a dónde más recurrir”, explicó.

“Como el sistema de Uruguay y el de Chile son bastante similares, hay experiencias de acá que les pueden servir. Además, ya existe una base de esos derechos dentro de la norma uruguaya y eso les ayudará a plantear la necesidad de una entidad de este tipo”, opinó.

Por otro lado, Pizarro señaló que una de las trabas que se podría presentar en Uruguay es que los opositores a la propuesta argumenten que un órgano de Defensoría aumentaría aún más el tamaño del Estado. No obstante, a su entender esto no necesariamente es así ya que se requiere poco personal, se pueden automatizar procesos. Además, como forma de evitar nuevas contrataciones, sugirió que, por ejemplo, "integrantes de la Dirección General de Impositiva (DGI) puedan ser trasladados a formar parte de la Defensoría", ya que los miembros necesitan un alto nivel técnico para funcionar bien, entre otras alternativas.