Entrevista al defensor del Contribuyente de Chile: la polémica por el secreto bancario y cómo ve a Uruguay

La Defensoría del Contribuyente (Dedecon) en Chile se dedica a ofrecer servicios públicos de resguardo y protección de los derechos de los contribuyentes —especialmente de los más vulnerables y de las pequeñas empresas (pymes)—, además de desarrollar actividades en educación y acompañamiento tributario. Se trata de un organismo descentralizado, "sometido a la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda". En entrevista con El País, Ricardo Pizarro, defensor del Contribuyente en Chile, aborda este tema desde Santiago y se refirió también a cómo funciona el secreto bancario en su país, entre otras consideraciones.

Desde que fue creada en 2022 a la fecha, ha recibido más de 5.000 solicitudes y llegado a más de 20.000 chilenos de distintas partes del país, con capacitaciones y operativos en terreno, según cifras de Dedecon.

En 2024, los ciudadanos ingresaron un total de 2.500 requerimientos, lo que significó un aumento de casi 110% en relación al año anterior, sobre temas de orientación tributaria, operación de renta y contribuciones, entre otros.

Esta oficina se ha transformado, en poco tiempo, en un referente para otros países de la región que no cuentan con este tipo de figuras públicas en las estructuras del Estado, según el Banco Mundial (BM).

En Uruguay ha habido propuestas para crear una Defensoría del Contribuyente del estilo por parte de abogados y también del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), que, hasta el momento, no han prosperado.

Lo que sigue es la entrevista que Pizarro mantuvo con El País via telefónica.

—¿Qué están haciendo desde la Defensoría del Contribuyente en Chile?
—Nuestra primera piedra fue puesta en el año 2022, por lo que somos un servicio bastante joven y en desarrollo, y estamos tratando que los contribuyentes nos conozcan. En todo el mundo, la gente rehúye al tema tributario y solo quiere enterarse de estos asuntos cuando tienen algún problema. Por eso existe esta entidad pública, gratuita por cierto, creada para defender los derechos en esta materia y hemos crecido rápidamente en las solicitudes sobre posibles violaciones de derechos. También nos piden orientaciones o que, directamente, los defendamos con nuestros abogados frente a la autoridad tributaria o en Tribunales, si es necesario. Además, tenemos un componente de educación tributaria. Nos manejamos en ambos ámbitos, para todo el país.

—El Banco Mundial los ha destacado como iniciativa regional, ¿a qué se debe?
—Existen algunas defensorías similares y más antiguas que la nuestra, como la de Estados Unidos y la de México, que se parece aún más a Dedecon, y hay varios países que las están creando o repensándolas. Hemos tenido visitas del Banco Mundial, de autoridades de Panamá y otros países que vinieron a conocer el modelo chileno, dado que los sistemas tributarios de Latinoamérica son bastante similares y se valora que desde acá hemos tenido bastante buena llegada a los ciudadanos. Salvo EE.UU., Canadá y México, somos pioneros en la región en esto. La figura de Defensoría se ha creado en América Latina más tarde que en el resto del mundo y entendemos que es absolutamente necesaria. En muchos países, existe la Defensoría Penal Pública, pero no en asuntos tributarios, que son cada vez más complejos y se modifican constantemente. Esto hace que el contribuyente se sienta más indefenso, por eso esta Defensoría no solo lo defiende, sino que le da credibilidad al sistema tributario. Pienso que todo sistema tributario debe tener una entidad, preferentemente independiente, donde se defiendan los derechos de los contribuyentes o empareje la cancha.

—¿Se refiere a las desigualdades sociales que impactan en esta materia?
—Las grandes empresas tienen abogados que los defienden cuando surgen diferencias, y las microempresas o gente de más bajos recursos no los tienen. Ahí tiene que estar el Estado, proveyéndolos de las capacidades de expertos para que los asesoren o defiendan.

—¿Qué percepción tienen en Chile sobre el sistema tributario uruguayo?
—Sabemos que Uruguay tuvo la intención de crear una Defensoría del Contribuyente, lo que sería un gran aporte para su sistema tributario. Es importante que se pueda discutir de “tú a tú” con la DGI (Dirección General Impositiva) cuando hay diferencias, o cuando el contribuyente considera que lo han vulnerado en sus derechos. Los sistemas tributarios uruguayo y chileno son similares, se pueden compartir ideas y queremos hacerlo. El sistema uruguayo es ordenado, así que no me extrañaría que pronto crearán una defensoría bien armada allí.

Foto: Dedecon.

—El gobierno uruguayo ha planteado al Parlamento una reforma al levantamiento del secreto bancario para la autoridad tributaria y fiscos extranjeros que no fue aprobada y que es un mandato del Foro Global sobre Transparencia. ¿Cómo se maneja este tema en Chile?
—Acá tenemos distintas formas de acceder a la información bancaria. Existe un proceso judicial, a través del cual la autoridad tributaria puede pedir ese acceso. También la Aduana, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) u otros organismos, lo pueden hacer. Por otra parte, la administración tributaria también tiene acceso a la información (sin pasar por un juez) sobre cuentas bancarias, créditos y seguros de vida, dependiendo de los montos. Si una persona recibe más de 50 transferencias electrónicas de dinero a su cuenta corriente en determinado tiempo, por ejemplo, el banco debe informarlo a la administración tributaria. Esos movimientos podrían ser indicador de evasión de alguna obligación tributaria, como no pagar el IVA. Es decir, cuando hay muchas transferencias interbancarias, salta una alerta que indica a los bancos que tienen que informar la situación a la administración tributaria, para que se preceda a verificar si se trata de transacciones que no quieren ser detectadas. Hay distintas formas para acceder a la información bancaria hoy en día y también son temas en discusión en Chile. Hay un proyecto de ley acá en este momento que busca ampliar la información o facilitar más el acceso a la información bancaria, pensando en combatir mejor el crimen organizado, que es un flagelo que nos está asustando a todos en la región. Esa facilitación permitiría actuar en forma más rápida, pero es algo que está en desarrollo legislativo, en discusión en el Congreso.

—Eso quiere decir, entonces, que el fisco en Chile puede acceder a la información bancaria, sin pasar por un juez, solo en determinadas ocasiones, ¿verdad?
—Exactamente, tiene que haber indicadores de alerta o que se esté llevando a cabo alguna fiscalización que haya pasado a Tribunales el pedido de acceso a la información. No es algo totalmente abierto.

—El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio recomendaciones a Uruguay de flexibilizar más el secreto bancario, ¿qué opinión le merece?
—La OCDE también nos observó (a Chile para) que podemos avanzar más en el acceso a la información bancaria. Sabemos que esto genera un poco de temor en los contribuyentes y ahí entraría el rol de esta Defensoría de explicar que el compartir la información va a hacerse dentro de un marco legal y con las garantías por parte del contribuyente de que va a ser utilizada dentro de sus derechos.

—¿Qué protección tiene el contribuyente ante esta situación?
—Según las normas actuales en Chile, la autoridad fiscal tiene que respetar el resguardo de la información, ésta no puede ser compartida y, como ya comenté, tiene que ser utilizada solo para los fines para los cuales fue solicitada. Nosotros, como funcionarios públicos del ámbito tributario, tenemos que respetar el secreto tributario de por vida, incluso si dejamos de estar en esta actividad. Si violamos esa disposición, la pena puede llegar a ser la cárcel.

Foto: Dedecon.

—¿Qué percepción se tiene, en términos generales, sobre Uruguay, que pasó de ser considerado casi como un paraíso fiscal a cumplir más con las recomendaciones de la OCDE?
—Efectivamente, dentro de Latinoamérica se consideró a Uruguay como un paraíso fiscal, lo que no era necesariamente negativo, sino que generaba señales que los demás países debemos tener visibles, sobre los flujos de la economía. Pero ahora la mirada es que Uruguay está bastante más estructurado, la DGI ha hecho un buen trabajo, ha tenido llegada en el ámbito internacional y avanzado con la factura electrónica. Se ha notado un cambio en los últimos diez años.

—Otro tema tributario que está sacudiendo el tablero en Uruguay es el Impuesto Mínimo Global (IMG) que promueve la OCDE, ¿cuál es la situación de Chile en torno a este tema?
—En Chile, aún no se adoptado la legislación específica para la implementación de ese impuesto. Hay recomendaciones, pero no se ha adoptado ese tributo para las grandes empresas y esa discusión lleva años. Pensamos que seguirá la discusión unos años más.

—¿Lo ven a largo plazo, hoy no está generando polémica en Chile?
—No, aunque esto puede cambiar.