El cambio que sacude el mercado aduanero propuesto por el Ministerio de Economía para seguir las tendencias mundiales

El proyecto de ley de Competencia y Reducción del Costo de Vida, actualmente en estudio en el Parlamento, incluye, respecto al comercio exterior, artículos que establecen la incorporación del régimen de autodespacho. Según la legislación vigente, la actividad del despachante de aduana es considerada una actividad preceptiva (obligatoria), que responde a un modelo de política pública de vigilancia contra la evasión fiscal y el delito aduanero respectiva al marco legal de cuando se originó esta normativa.
El cambio que propone ahora el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sacudido al mercado, en especial a los despachantes aduaneros que, en un primer momento, pensaron que su actividad se reducirá si ésta cae en manos de la propia empresa. Es decir, en caso de aprobarse la nueva ley, las empresas tendrán la opción de requerir o no los servicios del despachante de aduana, en la medida en que ya no será obligatorio, sino opcional.

Álvaro Lalanne, asesor del MEF y economista a cargo de la implementación de la ley, explicó a El País que la medida no va para nada en contra de los despachantes de aduana, sino que es para seguir las tendencias mundiales.

“Las convenciones internacionales como el ‘Protocolo de Kyoto Revisado de Facilitación del Comercio’ recomiendan la eliminación de los intermediarios obligatorios en el comercio exterior y 136 países del mundo -entre ellos los que representan más del 95% de nuestro comercio- que ya mantienen estas figuras como opcionales, dando más libertad al operador para elegir si quiere gestionar sus trámites por sí mismo o a través de terceros. O sea, estamos llevando al país a una buena práctica internacional”, afirmó Lalanne.

Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Por su parte, Victoria Montana, gerente general de la Asociación de Despachantes de Aduana (ADAU)—que reúne a unos 360 despachantes— aclaró a El País que, antes, cuando la propuesta de ley se llevó al Parlamento, no estaban de acuerdo con la medida, dado que consideraban que no profundizaba lo suficiente. “No se trata solo sobre si las empresas recurrirán o no al despachante de aduana, sino de un cambio de modelo del control aduanero del país”, afirmó.

“Cuando presentaron inicialmente el proyecto, se eliminaba la intervención obligatoria del despachante dependiendo de los montos del despacho, pero les pedimos que revisaran ese alcance, porque una operación de bajo o mediano monto también puede tener riesgos en cuestiones de sanidad humana o animal, o vinculadas al narcotráfico u otros. Por eso, ahora el proyecto de ley amplía al eliminar los topes de los montos y nos parece bien”, fundamentó.

La representante de la asociación también señaló que la primera propuesta no hacía mención a la idoneidad técnica que debe tener quien realiza la operación, pero que esta versión sí establece “la exigencia de idoneidad para hacer la certificación aduanera, además de las garantías (tener entre US$ 15.000 y US$ 70.000 de respaldo) para preservar la renta fiscal, y fija la responsabilidad administrativa y tributaria por la actuación frente a la administración”, detalló. “Hoy, el nuevo proyecto contempla que todo eso esté tutelado para quien haga la operación, porque en un principio parecía que las exigencias solo eran para los despachantes”, añadió.

Montana reconoció que algunos despachantes se resisten a la medida dado que piensan que va a llevar a una reducción de sus trabajos, pero la asociación les explicó que, en otros países, donde ya adoptaron la medida, el impacto ha sido muy bajo debido a que la actividad es compleja y las empresas generalmente optan por continuar con sus despachantes de aduana habituales, sin querer arriesgar en crear departamentos de comercio exterior en sus organizaciones.

Además, según una encuesta de Equipos Consultores, contratada por ADAU, señala, de acuerdo a información adelantada por Montana, que el 95% de los clientes está “satisfecho” o “muy satisfecho” con el despachante de aduana, y que alrededor del 88% valora positivamente el costo-beneficio de contratarlos. Esto podría indicar que, a pesar de que la nueva ley les daría alternativas, la probabilidad de que asuman el trabajo sin tercerizar sería baja. Aun así, hay que ver qué sucede en el mercado “a la hora de la verdad”, es decir, cuando se apruebe el proyecto de ley y se ponga en práctica la nueva normativa.

De acuerdo a declaraciones de Lalanne, en los países dónde es optativo, que es la gran mayoría del mundo, el 85% de las operaciones siguen usando intermediarios profesionales, que en el caso uruguayo son los despachantes de aduana.

“Ahora, la evaluación de qué tipo de empresas decidirá ir por el autodespacho depende de varios factores, entre ellos las capacidades internas que tenga, el nivel de complejidad de sus operaciones, la conformidad con el servicio recibido hasta ahora y la importancia del comercio exterior en su negocio”, destacó el economista.

Foto: MIEM

“El autodespacho asume que las empresas solo podrán hacer despachos para sus propias operaciones y en la medida que no lo hagan bien, además de las sanciones que correspondan, tendrán que volver a usar el sistema regular”, dijo.

“Además, el articulado presentado es producto de varias reuniones con la Asociación de Despachantes donde nos plantearon varios aspectos necesarios para mantener un sistema equilibrado, y ambas partes entendemos que logramos este objetivo”, concluyó Lalanne.

Según Lalanne, hoy la Dirección General de Aduana (DGA) no se relaciona directamente con las empresas, sino que para informar cualquier cambio de procedimiento solo debe asegurarse que unas 250 personas altamente especializadas (los despachantes) internalicen la medida. “A partir del autodespacho el elenco aumentará y será un colectivo más diverso. La DNA ya se está preparando para hacer un cambio similar al que tuvo que recorrer la DGI cuando se implementó el IRPF, que tuvo que aprender a relacionarse con los ciudadanos”, dijo.

El presidente de la Cámara de Comercio y de la empresa automotriz del grupo que lleva su nombre, Julio César Lestido, opinó en conversación con El País que “con la nueva ley, cada empresa decidirá si va a seguir o no con el despachante que tiene, es una decisión privativa de cada empresa”.

“En la cámara, las empresas no han planteado inquietudes y no sé qué harán. En cuanto a mi empresa, vamos a seguir con el despachante, porque sé que así estoy tranquilo. Antes el despachante era preceptivo y pasará a no serlo, pero hay que evaluar si conviene o no cambiar. En mi caso, dada la complejidad de mi negocio y del rubro automotriz, seguiremos igual. Me saco un problema con el despachante de aduana”, apuntó.

“Algunas empresas estudiarán los números, todo dependerá del rubro, tamaño del negocio o su volumen”, agregó.

“Lo que sí valoro es que ahora hay libertad de elección, porque el autodespacho es opcional”, sostuvo Lestido.

CUBO.

De su lado, Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias (CIU), afirmó a El País que la gremial no tiene posición oficial sobre el tema, pero opinó que “no se puede minimizar lo que hace un despachante, ya que ellos evitan que las empresas cometan errores y no es tan fácil sustituirlos”. También manifestó dudas sobre si la medida mejorará la competitividad. “Con la idea de la autocertificación de origen para exportar ocurre algo parecido; no creemos que tenga un impacto en la competitividad”, agregó.

En tanto, Lalanne expresó que “al abrirse alternativas para las empresas, las reglas del juego cambian y se redefine el agregado de valor de una actividad, por lo que el efecto no es simplemente la cantidad de empresas que van a adherir al autodespacho. Nosotros nos enfocamos en facilitarle la vida a las empresas y que el nivel de riesgo del sistema se mantenga incambiado”. Y agregó que en el MEF tienen claro el valor del despachante y de su tarea, muchas veces, de gran complejidad.