El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves por la noche que enfrentará el juicio político en su contra y ejercerá su derecho a la defensa, en un giro inesperado después de haber presentado su renuncia horas antes, acorralado por el escándalo financiero desatado por el colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus fondos.
“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, afirmó el mandatario en un nuevo mensaje difundido en X, que marcó un giro en su postura frente al proceso de destitución.
“Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, agregó.
Queridos compatriotas:
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.
Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la…
Peña también aseguró que colaborará con las investigaciones para esclarecer las irregularidades financieras que desataron la crisis, aunque evitó admitir responsabilidades. “Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, sostuvo.
En otro tramo de su publicación, pidió que la disputa sobre su futuro no demore la devolución de los depósitos a los millones de clientes afectados por la intervención de Ueno Bank.
“El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”, advirtió.
Finalmente, reclamó calma y aseguró que respetará el desenlace institucional. “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución”, concluyó.
Una sesión sin quorum
El mensaje se conoció después de una jornada de máxima tensión en el Congreso paraguayo y poco antes de una nueva sesión extraordinaria del Senado, convocada para las 19.45, en la que se debatirá el juicio político contra el mandatario.
Horas antes, una sesión conjunta de diputados y senadores, convocada para decidir si aceptaba la renuncia presidencial, debió levantarse por falta de quorum cuando ganaba terreno la postura de rechazarla.
La interrupción postergó una definición clave y favoreció momentáneamente a los sectores que buscaban aceptar la dimisión y evitar que el proceso de juicio político avanzara hasta una eventual destitución.
Por el momento, Peña continúa siendo presidente de Paraguay, ya que su renuncia no fue aceptada formalmente por el Congreso y tampoco se concretó su destitución. Según el artículo 202 de la Constitución, corresponde al Poder Legislativo aceptar o rechazar la dimisión del mandatario. Hasta que se resuelva su salida, conserva sus atribuciones como jefe de Estado.
Horas antes, la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad, con 78 votos, la acusación para someterlo a juicio político, pese a que Peña ya había anunciado su intención de abandonar el cargo.
El ministro del Interior, Enrique Riera, presentó formalmente su renuncia ante el Congreso mientras los legisladores continuaban el debate.
Al mismo tiempo, Diputados desestimó el pedido de juicio político contra el vicepresidente, Pedro Alliana, lo que despejó el camino para que asuma la presidencia una vez formalizada la salida de Peña. El mandato constitucional concluye en agosto de 2028.
La controversia gira en torno a dos mecanismos con consecuencias diferentes. Mientras el artículo 202 regula la aceptación de la renuncia, el artículo 225 establece el procedimiento de juicio político, que requiere una acusación de Diputados y una decisión del Senado.
La oposición sostiene que aceptar la dimisión permitiría a Peña acceder a la condición de senador vitalicio, lo que, según sus legisladores, podría complicar eventuales investigaciones judiciales. Por eso, denunció un posible pacto de impunidad y reclamó que el proceso avance hasta la destitución.
El oficialismo, en cambio, había defendido la aceptación de la renuncia como una salida institucional para acelerar la sucesión presidencial.
La crisis también provocó una profunda fractura en el Partido Colorado. Horacio Cartes, presidente de la agrupación y antiguo padrino político de Peña, retiró su respaldo al mandatario y apoyó públicamente el juicio político.
La bandera colorada representa una historia de servicio al país; honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige. pic.twitter.com/W7ubJ3xMuA
— Horacio Cartes (@Horacio_Cartes) November 5, 2026
“No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, afirmó Cartes en un comunicado.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado inició una investigación penal contra Peña por posibles responsabilidades en las irregularidades de Ueno Bank. La denuncia fue derivada a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El antecedente de Fernando Lugo
El proceso contra Peña reavivó el recuerdo de la destitución de Fernando Lugo en junio de 2012, uno de los episodios más controvertidos de la historia política reciente de Paraguay.
El exobispo había llegado al poder en 2008 al frente de una coalición de izquierda y centroizquierda, con la que puso fin a 61 años de hegemonía del Partido Colorado.
Su caída se precipitó después de la masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías durante un operativo de desalojo de tierras. La oposición impulsó entonces un juicio político por mal desempeño, cuya acusación fue aprobada por Diputados el 21 de junio con 76 votos de los 80 legisladores.
Al día siguiente, el Senado destituyó a Lugo por 39 votos contra cuatro, tras un procedimiento de menos de 48 horas que le concedió apenas dos horas para preparar su defensa. Lo reemplazó su vicepresidente, Federico Franco.
La rapidez del proceso generó fuertes cuestionamientos internacionales por las garantías del debido proceso. Varios gobiernos latinoamericanos calificaron la destitución como un golpe de Estado y el Mercosur suspendió temporalmente a Paraguay, en una decisión respaldada por los gobiernos de Cristina Kirchner en la Argentina, Dilma Rousseff en Brasil y José Mujica en Uruguay.
La Nación/GDA y AFP
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
de modo que se deslice hacia la izquierda.
, situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
. Se pondrá en gris, lo que indica que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
.