El mandatario del Parlamento de Venezuela, el chavista y dictador Jorge Rodríguez, afirmó ayer sábado que “muchas” de las personas excluidas de la Ley de Amnistía “están siendo consideradas” para recibir “medidas de gracia” o indultos del Ejecutivo.
El asunto ha generado gran resistencia en la oposición al régimen y en la población del país caribeño, dado que el texto de la Ley de Amnistía dista mucho de lo que esperaban, al no reconocer las injusticias y abusos cometidos y al dejar a muchos presos políticos por fuera, sobre todo a militares que se rebelaron ante las arbitrariedades del chavismo en el poder. Por otro lado, hubo liberaciones de presos políticos ayer, aunque las cifras dadas por el gobierno distan mucho de las que contabilizan la oposición y ONG.
Ayer hubo movilizaciones en distintas ciudades del mundo para ejercer presión sobre el régimen, aun a distancia.
“Muchas otras personas están siendo consideradas (para ser liberadas), no en el ámbito que contempla la Ley de Amnistía, porque es muy específico su ámbito, sino en el ámbito de medidas de gracia o de indulto por parte del Ejecutivo nacional”, insistió el parlamentario en declaraciones a la prensa tras una reunión de consulta pública del proyecto de ley que regula a la Cruz Roja Venezolana, en Caracas.
La amnistía cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.
Consultado sobre las exclusiones, Rodríguez señaló que tras la promulgación de la ley “se abre un espacio” para que instancias como el Programa de convivencia y paz -instalado en enero- o la comisión para la revolución judicial atiendan y recomienden medidas “para personas que no estén contempladas” en la amnistía.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, estimó el viernes que al menos 400 detenidos podrían estar excluidos de la amnistía e informó que entregará a la comisión especial del Parlamento una primera lista para la revisión de 232 casos. Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos detenidos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.
El diputado Jorge Arreaza, que preside la comisión especial de seguimiento de la ley, indicó el viernes en una entrevista televisiva que la Fiscalía General introdujo 379 solicitudes de amnistía ante los “tribunales competentes”, y afirmó que los beneficiados debían ser excarcelados ya mismo.
Ayer, sábado, el régimen chavista concretó 80 excarcelaciones a través de amnistía, al tiempo que la alianza opositora criticó nuevamente que la amnistía o deje en libertad a todos los presos políticos.
Protestas
Movimientos opositores venezolanos en España, entre otros países, criticaron que la nueva ley de amnistía que no garantiza la libertad de todos los presos políticos, pues excluye casos como los de los militares acusados de rebelión. La Alianza Ciudadana por la Libertad de Venezuela, que agrupa organizaciones como el Movimiento Contra la Intolerancia (MCI) o Ayuda Venezuela, pidió en un comunicado la “liberación inmediata e incondicional de todos los presos política y de conciencia actualmente detenidos en Venezuela”. Y criticaron las “condiciones inhumanas de detención” y las “torturas, malos tratos y ausencias de garantías procesales” a las que están sometidos muchos presos que han sido encerrados por motivos políticos.
“Aunque en la última semana la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado una ley de amnistía que podría facilitar la liberación de centenares de personas detenidas por razones políticas, esta normativa ha sido recibida con desconfianza y críticas por parte de defensores de derechos humanos y familiares de presos”, recuerdan.
Estados Unidos
En otros asuntos vinculados, el régimen chavista, a pesar de estar acorralado y bajo presión del gobierno de Trump, ayer sábado rechazó “categóricamente” la renovación por un año de la “emergencia nacional” decretada en 2015 por Estados Unidos, en la que considera que la situación del país caribeño representa “una amenaza inusual y extraordinaria” para “la seguridad nacional y la política exterior” estadounidense.
En un comunicado divulgado en Telegram por el canciller venezolano, Yván Gil, el Ejecutivo afirmó que mantener esta medida contribuye a sostener “narrativas de confrontación” que “no reflejan” los vínculos entre Estados Unidos y Venezuela. “Desde su origen, este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del derecho internacional”, añadió.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó el pasado miércoles el decreto 13692, dictado el 8 de marzo de 2015 por el entonces mandatario Barack Obama, y renovado cada año desde la fecha. La renovación de este decreto ocurre cuando el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez mantiene estrechos contactos con Estados Unidos, dirigidos principalmente a recuperar las relaciones diplomáticas, que estuvieron rotas desde 2019, y a revitalizar la industria petrolera venezolana. EFE, AFP
Sánchez a favor de Delcy Rodríguez
España pedirá a la Unión Europea que levante las sanciones a Delcy Rodríguez en respuesta a los pasos que está dando “en el buen camino” la presidenta interina de Venezuela, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
“Vamos a solicitar formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones” a Delcy Rodríguez, “porque la Unión Europea tiene que enviar un signo, un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa”, dijo Albares en Barcelona el viernes.
El ministro comentó además que la aprobación por el Parlamento de Venezuela de una ley de amnistía general, el jueves, es “una muy buena noticia”.
“Las sanciones nunca son un fin, son un medio, un medio para alcanzar fines, un medio para que se produzca ese diálogo amplio, pacífico, democrático en Venezuela”, argumentó el ministro del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.
“Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea tiene que darlos también”, estimó Albares.
El ministro recordó que Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero, nunca fue objeto de sanciones europeas, “porque normalmente la Unión Europea, cuando establece sanciones individuales, siempre deja fuera a presidentes y ministros de Asuntos Exteriores, precisamente para mantener el cauce de diálogo abierto”. Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, fue incluida en la lista de funcionarios venezolanos sancionados en junio de 2018 y se mantiene vetado su ingreso al espacio de la UE.
En enero 2020 se desató un escándalo cuando Rodríguez hizo una escala en Madrid, sin salir del aeropuerto, lo que le valió al Gobierno críticas de la oposición que lo acusó de haber dejado que se violaran sanciones de la UE. Opositores, en el pasado, han señalado supuestos vínculos de negocios entre el régimen chavista y sectores del gobierno español. El Nacional, EFE, AFP