Una investigación ensombrece a la coalición de Boric en Chile

Rocío Montes /El País de Madrid
El presidente chileno, Gabriel Boric, ha abordado porprimera vez un escándalo político que representa una estocada a la promesa de probidad del Frente Amplio, la joven coalición de izquierda del mandatario de 37 años. “Si la Fiscalía decide involucrarse es porque hay sospecha o antecedentes de delitos y eso es gravísimo”, indicó la semana pasada el jefe de Estado sobre la decisión del Ministerio Público de indagar a la Fundación Democracia Viva, ligada al partido Revolución Democrática (RD), de los más importantes del Frente Amplio chileno, por los millonarios y controvertidos convenios suscritos con el ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La trama involucra a varias figuras del oficialismo, como a la diputada Catalina Pérez, militante de RD, presidenta del partido entre 2019 y 2021, que tuvo que suspender sus funciones como vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

El jueves, el partido de la derecha tradicional UDI presentó una querella por fraude al Fisco y tráfico de influencias para determinar las responsabilidades de la causa.

Cada ministerio tiene una secretaría regional ministerial, Seremi, en cada una de las 16 regiones en que está dividido el territorio chileno. La Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, en el norte del país, estaba liderada por Carlos Contreras, militante de RD, que fue un asesor cercano de la diputada Pérez. En el ejercicio de su cargo asignó directamente 426 millones de pesos chilenos (unos 530.000 dólares) a la Fundación Democracia Viva, encabezada por Daniel Andrade, pareja de la legisladora. Estaban destinados, supuestamente, a colaborar en la ayuda se asentamientos precarios de la región.

El caso provocó la salida del Contreras, que suscribió el polémico convenio que representaba en torno a un 6% del presupuesto total asignado a esta Seremi. La parlamentaria, que representa justamente a un distrito de Antofagasta, se ha defendido y tomado distancia tanto de Contreras como de Andrade: “Aquí hubo un error de juicio político grave, un error de criterio político grave, y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde”, aseguró la diputada, uno de los principales rostros de Revolución Democrática, un partido al que pertenece Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social del Gobierno y “compañero de ruta” del presidente.

Este caso representa una grave herida a una nueva generación política de izquierda que llegó al poder en marzo de 2022 con una fuerte promesa no solo de renovación de rostros, sino, sobre todo, de prácticas. Boric se refirió a este asunto: “Tenemos que ser muy claros y firmes si en el pasado desde nuestro sector político fuimos muy duros en condenar todo tipo de actos reñidos con la fe pública”, aseguró el presidente. “En donde hubiesen delitos o presunciones de delito, eso le corresponderá decirlo a la justicia. Hoy día, cuando quienes están involucrados son personas cercanas al Gobierno, tenemos que tener el mismo estándar e incluso ser más firmes. Acá no puede caber ningún tipo de complacencias, ningún tipo de protección, sino que tenemos que ser muy claros en que este tipo de situaciones no las vamos a permitir”, recalcó el mandatario chileno en una actividad pública.

La Contraloría pidió el jueves al ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por el socialista Carlos Montes, a detallar en cinco días todos los recursos traspasados desde esta cartera a otras fundaciones en el marco del Programa de Asentamientos Precarios. La petición se focaliza en la Seremi de Vivienda de Antofagasta, donde explotó este caso y se investigan otros traspasos directos.

El partido del presidente Boric, Convergencia Social, que conforma el Frente Amplio como RD, ha asegurado que esta trama “constituye un grave error político que daña” el “compromiso ético” del Frente Amplio. Tras un consejo político nacional, el mismo partido RD solicitó la expulsión de Andrade y Contreras “por infringir la normativa interna”.