Aldo Lema

“Hemos vivido una historia pendular, no es que ahora les toca a los otros, ahora nos va a tocar a todos”. Cuando en 1993 llegué por primera vez a Chile, advertí que esa frase definía muy bien la principal misión del gobierno de Patricio Aylwin, que estaba en su último año de mandato.

La había pronunciado su ministro de Trabajo, René Cortázar, a poco de asumir en 1990, pero no sólo era válida para las políticas laborales, sino también para el gobierno en general. En una sociedad dividida por el “No” y el “Sí” a Pinochet, se necesitaban consensos y acuerdos para asentar una transición en paz, una democracia sólida y el desarrollo económico. Todo imbuido de “crecimiento con equidad”. Todo para evitar repetir el pasado pendular.

Exactamente 30 años después, luego de dos contundentes derrotas electorales, una en el plebiscito del proyecto constitucional de 2022 y otra en las recientes elecciones de nuevos constituyentes, el presidente Gabriel Boric planteó un enfoque similar al expresar que “el liderazgo se juega en detener este (renovado) movimiento pendular, con un equilibrio que apunte al progreso compartido y apropiado por todos”.

Centrar el péndulo fue una de las metas del gobierno de Aylwin y ahora, tres décadas después, también parece serlo para Boric.

Pero es importante distinguir dos péndulos: uno el de las preferencias ciudadanas (las demandas, diríamos los economistas) y otro el de las políticas de gobierno (la oferta), al que hacen más referencia dichos planteos gubernamentales.

Por el lado de las preferencias ciudadanas, si bien electoralmente ha habido fuertes vaivenes durante los últimos años, pasando del triunfo de la centroderecha (Piñera) al masivo apoyo a una nueva Constitución con una Convención muy inclinada a la izquierda y el ascenso de Boric, hasta el rebote de la derecha liderada por José Antonio Kast, las encuestas estructurales tienden a ser más estables en términos de las demandas de la población.

Es posible que el tránsito del voto voluntario al obligatorio haya influido algo en los últimos resultados, pero en lo subyacente parece haber un voto castigo hacia el gobierno de turno que no satisface las expectativas ciudadanas para resolver algunos temas largamente pendientes.

El conjunto de asuntos que hay detrás del descontento y la frustración es complejo. Parece claro que falta tiempo y perspectiva para caracterizarlo bien. Una buena teoría al respecto deberá seguramente entrelazar temáticas muy diversas, incluyendo la pérdida de confianza en las élites e instituciones, el rol de las redes sociales, o el complicado duelo que todavía transitan adherentes al llamado socialismo real.

Sin embargo, aún a riesgo de simplificar, subyacen al menos tres grandes categorías de problemas: 1) el bajo crecimiento económico potencial y sus consecuencias; 2) las fallas en ciertas políticas públicas (sobre todo últimamente las relacionadas con la seguridad ciudadana); y 3) gestión de la masiva inmigración de los últimos años.

Esas tres temáticas estuvieron, como mínimo, detrás del malestar de 2019 o “estallido social” u “octubrismo” o como se le quiera llamar; explican la baja aprobación del presidente Boric; y seguirán marcando a éste y el próximo gobierno.

Primero, el aterrizaje desde 30 años de crecimiento promedio al 5% anual (1984-2013) a sólo 2% en la última década, desaceleró el aumento del empleo y los salarios reales, así como redujo la movilidad social y las oportunidades laborales, justo cuando dio un salto significativo la tasa de egreso en educación terciaria. La frustración fue mayor en el ambiente de altas expectativas previas.

Segundo, si bien Chile fue muy exitoso en la primera generación de reformas, que mejoraron significativamente en cobertura y calidad las políticas de seguridad, transporte, infraestructura, educación, salud, vivienda, pensiones, protección e inclusión social, hubo falta de transformaciones o fallas de diseño y ejecución en etapas más maduras. Pero en la mayoría de esos casos las soluciones no pasaban, ni pasan, por destruir lo previo, sino por reformarlo y adaptarlo a nuevas demandas, con eficacia y eficiencia.

Tercero, a pesar de los evidentes efectos positivos de la inmigración para el desarrollo de largo plazo de un país, es posible que en lo inmediato haya presionado en varios servicios públicos e impactado en el mercado laboral, sobre todo en la dinámica salarial, dado el mediocre crecimiento. En la última década llegaron a Chile cerca de un millón y medio de inmigrantes, casi el 10% de la población.

Por esos temas pasan las preferencias ciudadanas. Es posible que en algún momento una nueva Constitución haya sido vista como la esperanza de soluciones a ellos, pero esa percepción parece haberse diluido. Hay quizás también cierta impaciencia desarrollada en el pasado (hasta 2013) cuando la gran prosperidad y el alto crecimiento económico la satisfacían. En estos cuatro años ha quedado claro que enfrentar eso con expansiones de demanda, sin reformas que eleven el PIB potencial, ni buenas políticas sostenibles a la larga, sólo profundiza los malestares y los desequilibrios macro.

Así, en ese marco relativamente estable y estándar de demandas ciudadanas que las encuestas reflejan, el péndulo a centrar es la oferta de (mejor) calidad en “Política” y “políticas”. Es difícil pronosticar si eso ocurrirá, pero al menos para los principales políticos, en la izquierda (Boric) y en la derecha (Kast), los incentivos parecen apuntar en esa dirección. Sólo con dicha convergencia Chile podría gestar otro ciclo positivo en materia política, económica y social.