Familiares de presos políticos en Venezuela advirtieron ayer martes que “más de la mitad” de los detenidos estarían excluidos del proyecto de ley de amnistía, aprobado por el Parlamento en primera discusión y en proceso de consulta pública para su segundo debate y aprobación definitiva.
“Son más de la mitad de presos políticos que quedarían excluidos de esta ley de amnistía, si se aprueba sin escuchar a las víctimas”, advirtió Andreína Baduel, dirigente de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), en una concentración de familias y activistas frente al Palacio Legislativo, sede del Parlamento.
La activista denunció que el proyecto de ley propuesto por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no cubre detenciones ocurridas en años como 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023, cuando ocurrieron “más de la mitad de los casos” que tienen registrados.
En la propuesta, se habla de que la amnistía es para los casos desde 1999 hasta enero de 2026, pero en el artículo 6 se detallan algunos años específicos: 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.
Baduel recalcó que una amnistía “no es la única vía” para lograr la liberación de los detenidos. “Hay diversos mecanismos en la ley que pueden hacer que liberen a los presos políticos sin tener que seguir prolongando el dolor con acciones burocráticas”, insistió.
A su juicio, la revisión de casos de todos los presos políticos ya implicaría “libertad inmediata” porque, aseguró, “todos esos procesos están viciados de nulidad porque no cumplen con los protocolos apegados a la ley”. Además, señaló que la amnistía no significa “olvido e impunidad”, sino que debe haber “reparación para las víctimas”.
“Estamos aquí denunciando que no solamente se materialice el cese de la represión, el cese de la persecución, el cese de las detenciones arbitrarias, sino que realmente haya garantías para la justicia y para la no repetición”, añadió.
Estaba previsto que el proyecto de ley de amnistía cumpliera ayer martes su trámite parlamentario, pero el chavismo postergó la votación.
Decenas de familiares de presos políticos encerrados en diversas cárceles, incluyendo El Rodeo I (Miranda), Yare (Miranda), Tocuyito (Carabobo) y comandos policiales, se congregaron alrededor del Parlamento, en el centro de Caracas, para exigir ser escuchados en el marco de la consulta pública del proyecto de ley de amnistía.
Los diputados chavistas Jorge Arreaza, líder de la comisión que discute la ley, y Pedro Infante, vicepresidente del Parlamento, recibieron a los familiares, que designaron una comisión que ingresó a la sede legislativa para exponer sus cuestionamientos sobre el texto.
El diputado opositor Luis Florido explicó a la AFP que el debate se atrasó por el proceso de consulta, que se extenderá hasta hoy miércoles. Florido estimó que se aprobará mañana jueves. La agenda de la sesión de ese día aún no se ha publicado.
“Tenía la esperanza de que esta semana mi hijo sí podía salir”, expresó Mireya Sierra, madre de un detenido desde hace un año por criticar el gobierno. “Esto es como una burla, están jugando con los sentimientos de los familiares. Es muy doloroso y muy injusto”.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, informó el lunes de que ha verificado 426 excarcelaciones desde que se anunció el proceso de liberaciones el pasado 8 de enero, mientras que el Gobierno encargado asegura que ha excarcelado a 897 personas desde diciembre, sin que se haya publicado un listado oficial.
Por su parte, le ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, exigió que se anulen las sentencias y se cierren los casos judiciales de los presos políticos en Venezuela.
Espacio Público hizo esta y otras recomendaciones a través de un documento que entregó el lunes al Parlamento, en el marco del debate por la ley de amnistía que se prevé apruebe el Legislativo esta semana.
En este sentido, la ONG defendió que “la inmensa mayoría de los presos y perseguidos políticos no han cometido delito alguno, sino que han ejercido sus derechos, por lo que deben ser liberados y sus casos cerrados”.
“Consideramos imperativo que esta ley no sea un acto de ‘clemencia’ condescendiente, sino un acto de justicia y reparación que reconozca la naturaleza arbitraria de las persecuciones previas”, subrayó.
Para la ONG, este proyecto “presenta omisiones graves que podrían comprometer el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la memoria histórica en Venezuela”. Además, dijo que la ley busca prevenir que los hechos se repitan, pero “mantiene intacto el entorno legal represivo”.
Prisión domiciliaria
En tanto, Juan Pablo Guanipa, cercano aliado de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, fue llevado ayer martes a su residencia para cumplir arresto domiciliario tras ser detenido nuevamente por manifestar y exigir elecciones en Venezuela tras su breve excarcelación.
Guanipa, exparlamentario de 61 años, fue liberado el domingo luego de pasar casi nueve meses preso acusado de conspiración. En las casi 12 horas que estuvo en libertad visitó familiares de presos políticos, recorrió Caracas en una caravana motorizada, gritó consignas frente a la temida cárcel del Helicoide y exigió nuevas elecciones.
Poco antes de la madrugada fue detenido nuevamente. La fiscalía argumentó que violó su libertad condicional y solicitó casa por cárcel.
Su hijo, Ramón Guanipa, informó la llegada de su padre a Maracaibo, a unos 700 kilómetros de Caracas. “Mi padre desestabilizó al país por darle apoyo a la gente que está esperando afuera de los centros de reclusión”, declaró a periodistas el hijo de Guanipa en la puerta de su casa en Maracaibo. “Miedo tenemos todos, pero tenemos que seguir peleando para que podamos hablar y podamos vivir en paz”.
Explicó que el dirigente no puede declarar a los medios ni usar redes sociales. Tiene además un brazalete electrónico y dos funcionarios lo custodian desde el garaje de la residencia.
Ramón Guanipa agradeció el martes las gestiones del gobierno estadounidense “por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”.
Delcy Rodríguez gobierna bajo tutela de Washington. Además de la proyectada amnistía, cedió control en el sector del petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas en 2019 por Maduro.
La mandataria comenzó el 8 de enero un proceso de excarcelaciones de presos políticos, que avanza lentamente.
Sin elecciones previstas en el corto plazo
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, declaró que no hay elecciones presidenciales previstas en un futuro cercano en el país al priorizar la “estabilidad” en estos momentos de cambio desencadenados por la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. “Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato”, afirmó Rodríguez en la primera entrevista de un líder chavista a un medio internacional este año, que en este caso ha sido Newsmax, un medio conservador de la órbita de Donald Trump.
Rodríguez aseguró que primero buscan asegurar “la estabilidad para Venezuela y la reconciliación de Venezuela”.
Visita a los que capturaron a Maduro
El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, viajarán el viernes al estado de Carolina del Norte para reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero en Caracas.
El encuentro tendrá lugar en la base militar de Fort Bragg, sede de las fuerzas Delta, anunció ayer martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa. Allí se reunirán con “los miembros de las Fuerzas Especiales que llevaron a cabo con éxito la Operación ‘Resolución Absoluta’ en Venezuela y ayudaron a llevar ante la Justicia al narcoterrorista Nicolás Maduro”, señaló Leavitt. Las fuerzas Delta son una unidad de operaciones especiales de élite del Ejército de Estados Unidos, especializada en misiones antiterroristas, rescate de rehenes y operativos encubiertos.
Estados Unidos realizó el 3 de enero una operación conjunta militar, de inteligencia y fuerzas especiales en Venezuela, que consistió en un ataque para neutralizar las defensas aéreas y posteriormente capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, y luego a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico.
El ataque a Venezuela dejó unos 80 muertos, entre ellos 32 agentes cubanos que formaban parte del anillo de seguridad de Maduro, sin que se registraran bajas estadounidenses.
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