El relator de una comisión del Congreso brasileño que investigó los desvíos de recursos de millones de jubilados pidió ayer viernes que la Fiscalía acuse formalmente ante la Justicia a 217 de los investigados, entre ellos un hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las acusaciones constan en el informe final del relator de la comisión parlamentaria de investigación sobre irregularidades en el Instituto de Seguridad Social (INSS), diputado Alfredo Gaspar, un parlamentario del opositor Partido Liberal (PL).
De acuerdo con el legislador del partido liderado por el expresidente Jair Bolsonaro, el hijo mayor de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, recibió una coima del principal investigado por los desvíos de las jubilaciones, el empresario Antônio Carlos Camilo Antunes, por ayudarlo a obtener un contrato con el Ministerio de Salud.
Los integrantes de la comisión intentaron levantar el sigilo bancario, fiscal y telefónico de Lulinha para profundizar las investigaciones, pero los parlamentarios oficialistas alcanzaron mayoría para impedirlo.
El informe final también sugiere que el hijo de Lula podría responder por delitos como integración en organización criminal. Entre los elementos citados para justificar tal acusación figuran viajes compartidos y testimonios que apuntan a transferencias periódicas de dinero, aunque no se han identificado pagos directos en las investigaciones hasta ahora.
La defensa del hijo del mandatario niega cualquier implicación en irregularidades y subraya que no es objeto de una investigación formal por parte de la Policía Federal, pese a haber sido mencionado durante las averiguaciones policiales.
En una entrevista concedida en febrero pasado, Lula afirmó que tuvo una conversación con su hijo cuando su nombre fue citado en el escándalo de corrupción y que le dijo que tendrá que “pagar el precio” en caso de que las sospechas procedan.
Instalada en agosto del año pasado, la CPI investigó un esquema que habría desviado miles de millones de reales mediante descuentos no autorizados en beneficios de jubilados y pensionistas.
El mecanismo incluía la supuesta creación de asociaciones ficticias y el uso indebido de datos de beneficiarios para justificar cobros mensuales.
El presidente de la comisión, el senador Carlos Viana, afirmó que aún existen divergencias entre los parlamentarios, especialmente en torno a las solicitudes de imputación, y no descartó que la votación del informe se prolongue hasta la madrugada del sábado.
En paralelo, la base del Gobierno impulsa un informe alternativo con menos acusaciones, en un intento por frenar la aprobación del texto del relator en un contexto político marcado por tensiones entre oficialismo y oposición.
Lula aspira a ser reelegido en octubre en unas presidenciales en las que su principal rival puede ser el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario condenado por intento de golpismo. Ambos aparecían en un empate técnico en los últimos sondeos de intención de voto. EFE
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