Santiago Peña afronta una pena de hasta 15 años de cárcel por el caso Ueno bank

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel como parte de la investigación en su contra por el caso del intervenido Ueno bank, entidad con la que ha sido vinculado y en la que distintas organizaciones estatales depositaron millonarios recursos durante su gestión.

“La pena que podría ser aplicada (…), conforme a las calificaciones que ahora están previstas, es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible”, explicó ayer la fiscal Verónica Valdez, en una conferencia de prensa.

Peña, de 47 años y quien llegó al poder en 2023, fue destituido el pasado viernes por el Senado tras ser hallado culpable de “mal desempeño de funciones” a raíz del escándalo de Ueno bank, por el que también están siendo investigadas otras 27 personas de Ueno y sus empresas relacionadas, entre ellas ocho exdirectivos de la entidad.

Contra los exdirectivos, indicó el fiscal Francisco Cabrera, se habla de “una expectativa de pena de hasta 12 años”.

“Eventualmente, si hay una modificación de una calificación (en los presuntos delitos de los que han sido acusados), también va a haber una modificación del marco penal, pero esa es la expectativa de pena mayor (a la) que están expuestos”, agregó el funcionario.

El Ministerio Público imputó el pasado sábado a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, después de que compareciera a declarar en una diligencia, horas después de haber sido detenido tras la conclusión del juicio político.

La imputación fiscal indica que el expresidente “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en ese banco.

Además, “habría mantenido una relación económica y corporativa previa” con Ueno Holding, un grupo empresarial que incluye a la intervenida entidad financiera.

En concreto, detalla la acusación fiscal, tenía acciones en Ueno Holding, que representaban el 1,58% del capital de esa compañía, un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono en la firma Itti, todas estas compañías del Grupo Vázquez, propietario del conglomerado de empresas.

En marzo de 2025, estando ya en el poder, vendió la participación en el conglomerado, según relató la acusación de los diputados que promovieron el juicio político en su contra.

El mismo sábado, el juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú argumentó, tras una audiencia de imposición de medidas, que Peña “debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento”, y determinó que permanezca en el Regimiento Guardia Presidencial.

La Fiscalía ha solicitado la cooperación de agencias internacionales y de las autoridades de Luxemburgo, donde el intervenido Ueno bank tiene una sociedad matriz, para rastrear y asegurar los bienes y activos de las empresas y personas vinculadas a la entidad bancaria.

Una de las acciones emprendidas ayer miércoles por el Ministerio Público fue el envío de un “exhorto formal” al Gran Ducado de Luxemburgo, para que “profundicen las investigaciones internas” y que “puedan asegurar bienes con fines posteriores de decomiso” relacionados con Ueno, dijo en una conferencia de prensa el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán.

Miguel Vázquez, fundador de Ueno bank actualmente en prisión preventiva, creó la firma U Holding S.à r.l., domiciliada en Luxemburgo, que actúa como “controlante” de ese banco a través de U Paraguay S.A., según la imputación fiscal al expresidente, que destaca, además, que su hermano Francisco Peña Palacios, habría sido accionista de la compañía europea.

Igualmente, Doldán anunció que por primera vez Paraguay hace uso de la denominada notificación plateada de la Interpol, para buscar bienes en el extranjero vinculados a la trama de Ueno, un banco en el que se depositaron al menos 800 millones de dólares de fondos públicos, la mayoría pensionales.

Por otro lado, el funcionario informó que la Fiscalía trabaja “muy de cerca” con las autoridades de Argentina, con quienes evalúa la posibilidad de conformar comisiones mixtas de investigación, debido a que Ueno recibía servicios de empresas que operaban desde el país vecino, como Itti.

La Fiscalía paraguaya tiene “mucha colaboración de agencias internacionales”, enfatizó Doldán, entre ellos el Instituto de Gobernanza de Basilea, en Suiza, que brinda asesoría técnica enfocada a la recuperación de activos. Doldán señaló que también han realizado solicitudes de colaboración a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), con sede en Luxemburgo, y a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Público.

Además, la Fiscalía está usando plataformas como la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que permite intercambiar información entre los países, afirmó el fiscal adjunto.

Con información de EFE y AFP