Redacción El País
El candidato opositor de derecha José Antonio Kast se afirma por estas horas como el gran favorito para ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile el próximo domingo 14. Su rival es la comunista Jeannette Jara, candidata de la coalición de gobierno.
Kast, de 59 años, líder del Partido Republicano, promete combatir el crimen a través de la detención y expulsión de casi 340.000 migrantes indocumentados que viven en Chile.
Todas las encuestas anticipan su victoria por amplio margen sobre Jara, de 51 años, exministra de Trabajo del actual gobierno de Gabriel Boric.
Jara fue la más votada en la primera vuelta, pero Kast y los demás candidatos de derecha sumaron más del 50% de apoyo con una propuesta en común: enfrentar la delincuencia y la migración irregular. Aunque Chile es uno de los países más seguros de la región, el crimen y la violencia son la mayor preocupación de los chilenos (63%), según una encuesta de Ipsos de octubre.
Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.
La media en América Latina es de 15 homicidios, de acuerdo con la ONU. La fiscalía chilena, entretanto, reportó 868 secuestros el año pasado, un 76% más respecto a 2021.
Rafael Urzúa, un arquitecto de 47 años que vive a las afueras de Santiago, afirma que por la inseguridad ya no sale de noche. Votará por Kast. “Necesitamos orden y seguridad. Sabemos que si seguimos con Jara no habrá ningún cambio, con Kast es un golpe de timón”, dice a la AFP.
Desde 2010, la derecha y la izquierda se alternan el poder en Chile en cada elección.
Frente a una población que pide soluciones ya, Kast promete detener y deportar a todos los indocumentados, en su mayoría venezolanos.
Su propuesta de “escudo fronterizo” incluye levantar un muro en la frontera con Bolivia, abrir una zanja y desplegar 3.000 militares para frenar los ingresos.
Kast promete combatir el crimen con más poder de fuego para la policía y el envío de militares a zonas críticas.
La fuerte percepción de inseguridad “juega un papel muy importante en política, especialmente en política electoral. La derecha ha sabido instrumentalizar esto para beneficiarse”, sostiene Guillaume Long, experto del Centro de estudios económicos y políticos, con sede en Washington.
Esta es la tercera vez que Kast disputa unas presidenciales. Hace cuatro años, perdió el balotaje frente a Boric, que llegó a la presidencia con la promesa de cambiar la Constitución de Pinochet para garantizar un mayor acceso a la salud y educación tras el estallido social de 2019, cuando más de un millón de ciudadanos salieron a las calles. Pero los dos intentos de reformar la Constitución fracasaron.
Jara tiene como una de sus principales promesas aumentar el salario mínimo a casi 800 dólares, 250 más que el actual.
El plan de la candidata oficialista para la migración es controlar los ingresos por los pasos clandestinos y censar a los indocumentados para identificar a quienes tengan antecedentes penales y expulsarlos.
“No hay candidatura más comprometida que la nuestra con la seguridad: seguridad para combatir el crimen y seguridad para llegar a fin de mes”, indicó.
Como ministra de Trabajo del actual gobierno de Boric, Jara impulsó la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas y una reforma al sistema de pensiones, dos temas que le dieron visibilidad y le sirvieron para obtener su candidatura presidencial. AFP
Migración, un tema central de campaña electoral
Chile se ha convertido en un destino clave de migrantes. La población migrante se duplicó en siete años y alcanzó al 8,8% del total en 2024 en este país de 20 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Es la segunda proporción más alta de residentes extranjeros en un país latinoamericano después de Costa Rica, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Venezuela es el principal país de origen de los inmigrantes en Chile (41,6%), seguido de Perú (14,5%) y Colombia (12,3%). Según estimaciones oficiales, unos 337.000 inmigrantes son indocumentados.