El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta un nuevo escándalo de corrupción cuando faltan pocos días para terminar su mandato, el próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá Abelardo de la Espriella, para el periodo 2026-2030.
Las denuncias cruzadas en la cúpula del Gobierno pusieron a Petro en el foco de las críticas y aumentaron las sospechas sobre supuestas designaciones irregulares.
El escándalo se remonta a finales del año pasado cuando salió a la luz el nombre de Juliana Guerrero, una joven de 23 años y sin título universitario, que siendo asesora del Ministerio del Interior fue presentada por Petro en un consejo de ministros televisado como futura viceministra de la Juventud.
Guerrero finalmente no asumió el puesto luego de que se revelara que la Fundación Universitaria San José le otorgó un título como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, y profesional en Contaduría Pública sin haber presentado las pruebas de rigor. Pese a esto, la joven siguió trabajando en el Gobierno con el aval de Petro.
El conflicto interno en el Gobierno escaló a principios de este año cuando Petro pidió la renuncia de Angie Rodríguez, directora en ese entonces del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), debido a tensiones con varios compañeros, entre ellos el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo.
Tras ese incidente, que marcó el inicio del distanciamiento entre Rodríguez y Petro, la funcionaria perdió el puesto pero fue nombrada gerente del Fondo de Adaptación, entidad que ejecuta proyectos de gestión de riesgo de desastres.
En el Dapre, Rodríguez alertó sobre el poder que ejercía Guerrero en algunas entidades por el simple hecho de ser cercana al presidente.
Rodríguez dijo en una entrevista que dio esta semana a Blu Radio que la relación entre la joven y el presidente colombiano “no era normal” por “la influencia que ella tenía en el Gobierno”.
El escándalo reflotó esta semana luego de que la revista Semana publicara una investigación en la que denunció que Guerrero y su hermana Verónica ofrecían a empresarios facilitar la obtención de contratos en distintas entidades del Estado mediante el pago de comisiones y anticipos para ellas. El esquema contemplaba el cobro de un millón de pesos (unos 315 dólares) por una reunión inicial con Guerrero, un anticipo de 200 millones (unos 65.520 dólares) para comenzar las gestiones y una comisión del 10% sobre el valor de los contratos adjudicados.
Sobre estas denuncias, Rodríguez aseguró esta semana que “había advertido personalmente al mandatario sobre el poder e influencia” que ejercía Guerrero.
Tras esas declaraciones, Petro ordenó el cese de Rodríguez, a quien tachó de “gran manipuladora” y “paciente siquiátrica”, llegando incluso a publicar en su cuenta de X parte de su historia clínica.
Por su parte, Rodríguez, quien no puede ser despedida justamente por estar de baja médica, redobló el ataque y denunció ayer miércoles a Petro por varios delitos, entre ellos injuria, calumnia y tráfico de influencias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Asimismo, alertó que estas designaciones “irregulares” del presidente han sido reiteradas en otros casos, como el de Gabriela Muñoz, una joven estudiante de Derecho e influenciadora que fue contratada en las oficinas de la Aeronáutica Civil en 2025.
Según la denuncia, Muñoz, de 20 años, hace parte, junto con Guerrero, de una “red de mujeres” con mucho poder en el Gobierno. EFE
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