VENEZUELA

El régimen de Nicolás Maduro descargó su enojo por haber perdido el litigio por el oro contra once colaboradores del líder opositor Juan Guaidó, que fueron imputados por “traición a la patria” y acusados de “despojar” a Venezuela de las reservas almacenadas en el Banco de Inglaterra.

“A todos estos criminales que han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras (...) se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir”, anunció el fiscal general, Tarek William Saab, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal venezolana.

El jueves, Maduro pidió una investigación penal para determinar “responsabilidades” por el “robo” de 1.000 millones de oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, tras un fallo de la justicia británica en favor de Guaidó en la pugna por esos fondos. El fallo impide a Maduro acceder a esos activos, pues el Reino Unido reconoce a Guaidó como presidente interino.

El Ministerio Público solicitó “órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes” contra los acusados, afirmó Saab.

Figuran en la lista Vanessa Neumann y Carlos Vecchio, delegados de Guaidó en Reino Unido y Estados Unidos, respectivamente; así como el diputado Julio Borges, exiliado en Colombia, encargado de las relaciones exteriores del líder opositor.

La orden de arresto está dirigida también contra José Ignacio Hernández, quien hasta el pasado 18 de junio ocupaba el cargo de procurador nombrado también por Guaidó, e Irene De Lourdes Loreto y Geraldine Afiuni, por su labor en esa oficina.

La Fiscalía venezolana también ordenó la detención de los cinco miembros de la junta ad hoc nombrada por Guaidó para el Banco Central de Venezuela (BCV). Las cinco personas sobre las que pesa la orden de captura y “congelamiento de bienes” son el presidente de dicha junta, Ricardo Adolfo Villasmil, así como Giacoma Cuius Cortesia, Manuel Rodríguez Armesta, Nelson Andrés Lugo y Carlos Antonio Suares.

Para el fiscal Saab, la decisión adoptada por el juez británico Nigel Teare “no es judicial, sino política”, puesto que el magistrado “se sometió a la postura política del Gobierno británico” que reconoció “al supuesto presidente interino”, en referencia a Guaidó, al que el Reino Unido y cerca de 60 países más consideran mandatario encargado de Venezuela.

El dictamen, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, y no de la nombrada por Maduro.

Tras la decisión del tribunal británico, Guaidó, celebró. “Protegimos las reservas en oro de las garras de la dictadura. Nuestras reservas se mantendrán como tales y en Inglaterra para su protección, del proceso judicial y de su integridad. ¡Oro protegido del saqueo del régimen!”, escribió en Twitter.

Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro calificó como un “delito de exterminio” que el juez Nigel Teare les haya negado el acceso al oro. “Negar el oro a Venezuela para atender la pandemia es cometer delito de exterminio”, dijo en la televisión pública la vicepresidenta Delcy Rodríguez.