Redacción El País
La extrema cautela mostrada por el gobierno federal en su reacción a la Operación Contención, llevada a cabo el martes por la policía de Río en las favelas de Alemão y Penha, se debe al reconocimiento, por parte del Palacio Presidencial, de que el tema de la seguridad pública es el más delicado para Lula en la campaña del próximo año; según la valoración de sus asesores, incluso más espinoso que la economía y la crisis fiscal.
Existe abundante investigación que demuestra la importancia que ha adquirido este tema en la percepción del electorado. La violencia es la mayor preocupación de los brasileños, según la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública realizada por Quaest para la UFMG en 2023 y este año.
El mismo instituto ha estado midiendo la valoración que la población hace del desempeño del gobierno de Lula en materia de seguridad. Los datos de marzo muestran que el 38% tiene una valoración negativa, y solo el 25% de positiva.
En general, a los gobernadores les va mejor. Río, sin embargo, es una excepción: una encuesta realizada también por Quaest en febrero mostró un índice de desaprobación del 60% hacia la gestión del gobernador Cláudio Castro en este asunto. La operación del martes, debido a su letalidad sin precedentes y a las repercusiones internacionales que generó, tiene el potencial de modificar esta percepción pública, y esto es lo que los gobiernos están evaluando para guiar cada una de sus acciones.
Esto genera contradicciones y omisiones, sean deliberadas o no, por ambas partes. Por parte del gobierno de Lula, son flagrantes. El presidente optó por no pronunciarse sobre una operación que dejó al menos 121 muertos.
Sus palabras del fin de semana, cuando describió a los narcotraficantes como “víctimas” de los consumidores durante un viaje a Malasia, aún resonaban, y el temor a que pudiera emitir otra declaración ambigua o abiertamente desastrosa le impedía hablar. Lula se limitó a una publicación anodina en redes sociales, en la que no condenó la violencia policial, lo que frustró a las organizaciones de derechos humanos y a los parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
El mismo tono defensivo lo adoptó el ministro Ricardo Lewandowski, quien, después de una visita cordial y agradable a Cláudio Castro, llegó incluso a decir, en una entrevista con Estúdio i en GloboNews, que la operación era un asunto “estrictamente local”, para justificar la falta de cooperación de la Policía Federal en la acción.
Entonces, si ese es el caso, ¿por qué una oficina compartida para combatir el crimen organizado? ¿Y qué pasa con el discurso central del gobierno de Lula en materia de seguridad, según el cual la coordinación debe ser nacional, puesto que las facciones criminales ya no respetan las fronteras y operan también fuera del país?
Esta cautela surge de la percepción, aún por confirmar mediante investigaciones, de que la operación en la Zona Norte de Río, con toda su ferocidad y las diversas cuestiones posibles desde los puntos de vista legal, operativo, logístico y humanitario, contó con un amplio apoyo de la población de Río y del resto de Brasil.
Esto -sumado al conocimiento de que el gobierno aún carece de un portafolio de acciones concretas para demostrar que prioriza la lucha contra el crimen y que ya no está sujeto al discurso tradicional de la izquierda de abordar únicamente el tema de la seguridad bajo la égida de los derechos humanos y las medidas socioeducativas- llevó a los estrategas de Lula a recomendar evitar que la crisis de Río recayera sobre él.
Para intentar dar inicio al discurso de su campaña, el candidato del PT busca ofrecer una contraparte a acciones como la Operación Carbono Oculto del martes, repitiendo el mantra de que causó un daño considerable al PCC sin “derramar una gota de sangre”.
La operación masiva en Río ha vuelto a unir a la derecha y podría ser un obstáculo para la fase de recuperación que Lula venía mostrando desde que adoptó el discurso de la soberanía para responder a las subidas arancelarias de Donald Trump. Vera Magalhães / OGlobo (GDA)
Con antecedentes y requeridos
La gran mayoría de los muertos en la operación policial del pasado martes en Río de Janeiro tenía antecedentes policiales por crímenes graves como narcotráfico y homicidio y casi la mitad tenía órdenes de captura en su contra, informaron ayer fuentes oficiales.
El Gobierno de Río de Janeiro ha reconocido 121 muertes, entre ellas cuatro policías y 117 supuestos narcotraficantes, pero la Defensoría Pública ha contabilizado 132 víctimas.
De los 99 muertos que ya fueron identificados, 78 tenían antecedentes por crímenes graves y 42 eran buscados por órdenes judiciales de detención, según el balance divulgado por la Secretaría de Seguridad Pública de Río.
La operación policial, la más letal de Brasil y en la que también fueron capturadas 133 personas y decomisados 93 fusiles, tenía por objetivo la captura de líderes del Comando Vermelho (CV), la mayor y más antigua organización criminal de Río y que tiene ramificaciones en todo Brasil. De las 100 órdenes de captura que justificaron la operación, expedidas por jueces de Río y de otros estados, los 2.500 policías que participaron en la acción tan solo cumplieron 20.
Entre los muertos identificados figuran 40 procedentes de otros estados de Brasil, que la gobernación regional señaló como líderes de grupos armados de otras regiones vinculados al CV y que estaban refugiados en Río de Janeiro. En la rueda de prensa en la que divulgó la lista de muertos ya identificados, el secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, los tildó de “narcoterroristas”. EFE
Proyecto contra las pandillas en Brasil
El gobierno de Brasil envió ayer viernes al Congreso el proyecto de ley contra las pandillas, una iniciativa para intentar contener la expansión del crimen organizado. El presidente de la Cámara de Representantes, Hugo Motta (Republicanos-PB), declaró esta semana que priorizará la votación de la propuesta, que tiene como objetivo a pandillas como el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC).
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó la medida ayer viernes después de una reunión con ministros, tres días después del operativo que dejó 121 muertos en los complejos de Penha y Alemão.
La semana pasada, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski , entregó el texto en el Palacio Presidencial. Esta iniciativa se suma a una serie de medidas del gobierno de Lula para combatir la violencia, con el objetivo de fortalecer la campaña de reelección del presidente. La inseguridad, una de las principales preocupaciones de la población, también moviliza a los presidentes de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y del Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), quienes buscan priorizar el avance de propuestas en este ámbito.
El paquete anunciado por Lewandowski incluye, por ejemplo, la creación del delito de “organización criminal calificada”, que prevé una pena de hasta 15 años de prisión y abarcaría a grupos de narcotraficantes y milicias.
El texto también contempla la posibilidad de embargo preventivo y decomiso de bienes, así como disposiciones legales para la infiltración de agentes y empresas ficticias en la estructura de las bandas criminales.
“Estamos introduciendo cambios en el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Delitos Graves, la Ley de Prisión Temporal y la Ley de Ejecución Penal. Este es el único proyecto viable en este momento, fruto de un largo debate con todos los ámbitos. Queremos abordar la delincuencia de forma más estructural”, declaró Lewandowski. (OGlobo / GDA)
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