La operación en Río de Janeiro unifica a la derecha brasileña. Por Vera Magalhães

Dada la actual fragmentación de la derecha, no está claro quién se beneficiará de este discurso unificado en defensa de una postura firme en materia de seguridad pública.

Cuerpos alineados en la plaza de Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro en el complejo Penha en Río de Janeiro, Brasil, después de la Operación Contención.
Cuerpos alineados en la favela Vila Cruzeiro en el complejo Penha en Río de Janeiro, después de la Operación Contención.
Foto: AFP

La Operación Contención, lanzada el martes en Río de Janeiro y que resultó en un número récord y aún impreciso de muertes, está conduciendo, en el frente político, a una unión de la derecha que no se había producido al menos desde la condena y el arresto domiciliario de Jair Bolsonaro y los reveses que le siguieron. Los gobernadores que aspiran a la presidencia, quienes hasta ahora han tenido dificultades en las encuestas y en sus intentos por obtener el respaldo de un Bolsonaro debilitado para sus proyectos, felicitaron rápidamente al gobernador Cláudio Castro y calificaron la acción -cuyos métodos y resultados dividen a expertos en seguridad pública, autoridades y activistas de derechos humanos- como exitosa y ejemplar. Ronaldo Caiado y Romeu Zema grabaron videos elogiando la acción, a la que calificaron de histórica.

Otro efecto discursivo de la operación fue vincularla directamente con el desastroso discurso del presidente Lula durante el fin de semana en una visita a Malasia, cuando, al cuestionar la política de Estados Unidos de intervenciones militares en países sudamericanos con la justificación de combatir el narcotráfico, se refirió a los traficantes como “víctimas” de los consumidores.

La frase fue rápidamente revisada por la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia, pero en las primeras horas posteriores al operativo en los complejos Penha y Alemão, comenzó a aparecer masivamente en comentarios de redes sociales por parte de quienes apoyaban la acción de la policía de Río y criticaban a quienes cuestionaban los métodos utilizados y la alta letalidad.

Castro y el gobierno de Río apostaron todo a un discurso triunfalista para respaldar la operación y calificarla como un éxito de planificación e inteligencia. Si bien aún existe una enorme falta de información precisa sobre el número de muertos, las circunstancias de estas muertes, si hay inocentes entre las víctimas y si, dado el gran contingente policial desplegado, no fue posible realizar más arrestos y reducir el número de muertes, el gobernador felicitó a los agentes y la Policía Civil incluso publicó un comunicado prometiendo una “respuesta rápida y apropiada” ante la muerte de cuatro policías.

Fotografía de dos vehículos incinerados en una calle este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil).
Fotografía de dos vehículos incinerados en una calle este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil).
Foto: Antonio Lacerda/EFE.

Este tono se extendió a la reacción de la derecha, que adoptó la operación como modelo a seguir para combatir el crimen organizado. La contraposición al discurso tradicional de la izquierda y la supuesta inacción del gobierno federal en el tema constituyen la base de esta ofensiva narrativa que congregó a una derecha que había sufrido sucesivas derrotas debido a la reanudación del diálogo entre Lula y Donald Trump y al fracaso de la campaña por la amnistía para Bolsonaro y otros condenados por intentos de golpe de Estado, entre otros reveses recientes.

Dada la actual fragmentación de la derecha y la dificultad de Bolsonaro para ceder el poder, no está claro quién se beneficiará de este discurso unificado en defensa de una postura firme en materia de seguridad pública, el tema prioritario de la campaña de 2026, según varias encuestas. Para Castro, tampoco está claro qué beneficios obtendría por ahora, ya que el gobernador del PL se enfrenta al desgaste personal y a una falta de influencia en su propia sucesión.

Desde la perspectiva del gobierno federal, la declaración de Lula terminó eclipsando los recientes esfuerzos por cambiar el discurso de la izquierda sobre seguridad y buscar un mayor papel coordinador federal en el tema, lo que dio como resultado la Enmienda de Seguridad, que ya se está considerando en la Cámara de Diputados, y el proyecto de ley contra las pandillas, enviado al Palacio Presidencial para ser evaluado por la Oficina del Fiscal General y la Cámara Civil, y luego remitido al Congreso.
*OGlobo (GDA)

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