Redacción El País
El operativo policial que dejó al menos 64 muertos (60 delincuentes y cuatro policías) en Río de Janeiro ayer martes arroja cifras impactantes: es el más mortífero en la historia del estado, más del doble de las 28 muertes registradas en Jacarezinho en 2021. Hasta anoche, se había confirmado la incautación de 93 fusiles y 81 arrestos. Además de los dos policías civiles y los dos policías militares fallecidos, otros nueve agentes resultaron heridos.
Durante los enfrentamientos, además de intensos tiroteos, los narcotraficantes utilizaron drones cargados de explosivos contra las fuerzas de seguridad. El punto álgido de la guerra de Río de Janeiro también incluyó el cierre de negocios e instituciones y un caos total en el camino a casa para los cariocas, quienes, ante la escasez de autobuses -utilizados por los delincuentes para bloquear las calles-, se encontraron con trenes y metros abarrotados. Muchos se arriesgaron a largas caminatas de más de una hora.
En otra señal de la escalada de la crisis, el gobierno estatal declaró que no podía actuar solo y que el conflicto había trascendido el ámbito de la seguridad pública tradicional. En una demostración de poderío militar sin precedentes, los delincuentes utilizaron drones para lanzar granadas contra equipos de fuerzas especiales de la Policía Civil y la Policía Militar.
Las intervenciones delictivas en las calles de Río también afectaron a las personas que regresaban del trabajo. Con las vías bloqueadas por barricadas, el tráfico se fue ralentizado, lo que provocó atascos en varios corredores urbanos. Además, el servicio de autobús se redujo, lo que provocó aglomeraciones en las paradas. Las estaciones de metro estaban abarrotadas, y el servicio de ferry Río-Niterói registró un alto número de pasajeros.
A medida que se desarrollaba el caos, empresas e instituciones cerraron en toda la ciudad y la región metropolitana. La Universidad Federal de Río de Janeiro, la Universidad Estadual de Río de Janeiro y la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro suspendieron clases, al igual que universidades privadas como Estácio de Sá, que paralizó sus operaciones en todos sus campus en el Gran Río.
Debido a la operación, 46 unidades educativas municipales también tuvieron que cerrar. Cinco unidades de atención primaria no pudieron siquiera iniciar sus operaciones.
La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) adelantó la salida de empleados, estudiantes, usuarios y visitantes. Las actividades en los campus finalizaron a las 15:30 horas. Otra institución que suspendió actividades fue el Sesc RJ, en sus campus de la capital y la región metropolitana. “La medida busca garantizar la seguridad de los empleados, los profesionales acreditados y el público en general, además de colaborar con las fuerzas de seguridad”, declaró en un comunicado.
Incluso el Ayuntamiento de Río de Janeiro suspendió su sesión plenaria prevista para ayer martes. Según el ayuntamiento, la medida buscó garantizar la seguridad de todos.
Bares y otros establecimientos similares también cerraron. Entre ellos el Bar da Gema y el Cine Botequim 2, ambos en Maracaná. Este último afirma: “Lamentablemente, debido a los acontecimientos que estamos siguiendo en la ciudad y pensando en la seguridad de nuestros empleados y clientes, no abriremos hoy”.
Es que toda precaución era poca para los habitantes de Río de Janeiro. La ciudad vivió verdaderas escenas de guerra durante el megaoperativo policial contra el Comando Vermelho, una de las más poderosas bandas del crimen organizado en Brasil.
El operativo movilizó a unos 2.500 agentes desde la madrugada para ejecutar 100 órdenes de arresto en los populosos complejos de favelas Alemão y Penha, ubicados en uno de los sectores más pobres y violentos de Río, en la zona norte de la ciudad.
Según la Policía Civil, el objetivo del operativo era detener a los cabecillas del Comando Vermelho y frenar su expansión territorial.
Las investigaciones adelantadas durante un año revelaron que el complejo de la Penha se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista de esa organización criminal y que por estar ubicada cerca de autopistas se convirtió en “un punto estratégico para el tráfico de drogas y armas”, según la Fiscalía.
La violenta jornada ocurrió una semana antes de la visita a Brasil del príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, quien participará en Río de la entrega del premio Earthshot, y del foro de Líderes Locales, evento previo a la cumbre climática de la ONU (COP30), que se celebrará en la ciudad amazónica de Belém en noviembre.
En una rueda de prensa, el gobernador del estado, Cláudio Castro, aseguró que Río estuvo “completamente solo en esta guerra” y afirmó que “debería haber existido una mayor integración con las fuerzas federales”, señalando de forma indirecta al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, respondió en otra rueda de prensa que el Ejecutivo central no recibió ningún pedido para esta operación y que “la seguridad es responsabilidad de los gobernadores”.
Lewandowski lamentó la violencia del operativo, subrayó que el combate al crimen debe hacerse “con planificación e inteligencia” y mencionó que el Gobierno de Lula propuso una reforma para coordinar fuerzas federales, regionales y municipales, la cual está en análisis en el Congreso.
Comando Vermelho
El Comando Vermelho (Comando Rojo) es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Brasil.
Surgió en la década de 1970 en una prisión de Ilha Grande, en Río de Janeiro, durante la dictadura militar brasileña (1964-1985). En la cárcel, presos comunes fueron recluidos junto a guerrilleros de izquierda y disidentes políticos, lo que fomentó una alianza.
Inicialmente, el grupo se formó como una milicia de autodefensa llamada “Falange Vermelha”, influenciada por ideales de izquierda, pero pronto evolucionó hacia una estructura criminal más organizada.
Con el tiempo, el Comando Vermelho se consolidó como una facción dominante en el tráfico de drogas, controlando gran parte del comercio de cocaína en Río y expandiéndose a regiones como Amazonas y Mato Grosso.
Además del narcotráfico y el contrabando de armas, el CV también se dedica a la extorsión, secuestros, préstamos usureros y el robo de camiones blindados. OGlobo (GDA), EFE, AFP
“Horrorizada”
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo en X estar “horrorizada” por la operación policial, y recordó a las autoridades brasileñas “sus obligaciones” bajo las leyes internacionales. “Una operación policial que resulta en la muerte de más de 60 habitantes y policías es una enorme tragedia”, afirmó de su lado César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil. El diputado y pastor evangélico Henrique Vieira denunció en X que el gobierno estatal trata a la favela “como territorio enemigo, con licencia para tirar y matar”.
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