Redacción El País
El crimen organizado ha expandido su influencia por todo Brasil, alcanzando actualmente al 19% de la población, según una encuesta de Datafolha encargada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Esto representa 31,6 millones de personas que viven cerca del crimen organizado, un aumento de cinco puntos porcentuales con respecto al año anterior. En 2024, el 14% de los encuestados afirmó convivir con este tipo de presencia en sus barrios.
La encuesta entrevistó a 2.007 brasileños mayores de 16 años en 130 municipios del país, entre el 2 y el 6 de junio. La encuesta analizó la percepción de la población sobre el crimen organizado, así como sobre situaciones de violencia, estafas financieras y la actuación policial.
Según los datos, las grandes ciudades, las capitales y la región noreste presentan las tasas más altas de presencia de pandillas y milicias.
Según Folha de S. Paulo, la influencia delictiva no distingue clases sociales. Entre los encuestados que ganaban hasta dos salarios mínimos, el 19% declaró vivir en zonas controladas por grupos ilegales, mientras que entre quienes ganaban entre cinco y diez salarios mínimos, la tasa fue del 18%. Sin embargo, la desigualdad racial es evidente: el 23% de las personas que se identifican como negras reportaron la presencia de estas organizaciones en sus barrios, en comparación con el 13% de las personas blancas.
La coexistencia con el crimen organizado también se asocia a otros fenómenos urbanos. Entre quienes viven en zonas con delincuencia organizada, el 27% reportó tener conocimiento de cementerios clandestinos, en comparación con el promedio general del 16%. Además, cuatro de cada diez reportaron encontrarse con fumaderos de crack en su trayecto diario al trabajo o la escuela, una proporción que aumentó en comparación con la encuesta anterior.
“Creciente poder”
Según Renato Sérgio de Lima, director ejecutivo del Foro, “los datos revelan un fenómeno de creciente poder de las facciones para conquistar territorios y mercados”. Destaca que la encuesta se realizó antes de las operaciones que identificaron la infiltración del PCC (Primer Comando de la Capital) en sectores como el combustible y el financiero, lo que, según él, descarta la posibilidad de que noticias recientes influyeran en los resultados.
El estudio también reveló que el 21% de los encuestados afirmó que agentes de policía fuera de servicio ofrecían servicios de vigilancia privada en sus barrios, una práctica prohibida en la mayor parte del país. La encuesta también muestra un aumento en las denuncias de enfrentamientos violentos por parte de la Policía Militar, especialmente entre jóvenes de 16 a 24 años y residentes de grandes centros urbanos.
Para Lima, los datos refuerzan la urgencia de políticas coordinadas y permanentes para combatir el crimen organizado: “Cuando hay cooperación entre organismos de seguridad, los resultados aparecen. El reto es transformar esto en política de Estado”.
Según las autoridades brasileñas, hay dos organizaciones criminales preponderantes en el país: el PCC, con tentáculos en varios otros países de la región, especialmente en Bolivia y Paraguay, y el Comando Vermelho (CV).
A nivel local hay más siglas relacionadas con el crimen, pero muchas de estas suelen sellar alianzas o estar bajo el paraguas del PCC o el CV, que se dedican principalmente al tráfico de drogas y armas.
El PCC, nacido en la década de los 90 en las cárceles de San Pablo, ha expandido en los últimos años sus actividades, al pasar a controlar moteles, gasolineras y hasta compañías tecnofinancieras, que también le sirven para blanquear el dinero del narcotráfico.
Lula pide más facultades
En abril pasado, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva envió al Parlamento un ambicioso proyecto de enmienda constitucional para ampliar los poderes de la administración central y garantizar los recursos necesarios en la lucha contra el crimen organizado.
La iniciativa amplía las competencias del Ejecutivo federal en materia de seguridad, hoy en manos de los gobiernos regionales, y aumenta las atribuciones de la Policía Federal en los casos de delitos medioambientales, crimen organizado y grupos paramilitares.
El texto, sin embargo, aún está bajo análisis del Congreso. OGlobo (GDA), EFE
El 60% evita usar el celular en la calle
Más de la mitad de los brasileños evitan usar sus celulares en la calle por miedo a ser asaltados, según datos publicados ayer jueves por Datafolha. Según la encuesta, que entrevistó a 1.743 personas, el 60% de la población prefiere mantener sus dispositivos ocultos cuando está fuera de casa.
Los datos varían al considerar factores sociales y económicos.
Las mujeres tienen más miedo a ser asaltadas que los hombres. Mientras que el 68% de las mujeres dejan de usar el móvil cuando están fuera de casa, la proporción entre los hombres es del 53%. Si se considera la educación superior, la tasa asciende al 67%.
Según la encuesta, los factores económicos también influyen en el miedo a ser asaltado: el 63% de las personas con ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos evitan usar el celular en la calle, mientras que el 53% de quienes ganan entre cinco y diez salarios mínimos adoptan la misma precaución.
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