Los cambios en el gabinete de ministros del régimen chavista cortan la influencia rusa sobre Venezuela

La sustitución del general Vladimir Padrino López como parte de una remodelación del gabinete de ministros en Venezuela, corta la influencia que Rusia tenía sobre el país petrolero y marca el cierre de una primera “fase de estabilización” del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, de acuerdo con lo anunciado por la administración Trump.

Casi diez semanas después del ataque militar estadounidense que llevó a la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Rodríguez cerró, con un breve mensaje en Telegram, el período de Padrino López al frente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), institución que dirigió por más de una década y desde la cual se consolidó como uno de los rostros más estables de la cúpula dictaorial chavista.

“Fue un pilar en el sostenimiento de Maduro y uno de los responsables de que haya durado tanto tiempo en el poder”, afirmó el historiador y analista político Pedro Benítez.

En su mensaje, Delcy Rodríguez se refirió a Padrino López como “el primer soldado en la defensa” del país (más bien del régimen, dice la oposición).

La destitución de Padrino López era una consecuencia casi inevitable tras el ataque estadounidense y, al mismo tiempo, un primer logro de Washington al limitar la influencia rusa en Venezuela, señalaron analistas. “La captura de Nicolás Maduro a principios de enero dejó en una situación precaria a Padrino López, dada la falta de respuesta efectiva de la FANB”, explicó el abogado especialista en derecho internacional Mariano de Alba.

A esto se suman las acusaciones de EE.UU. contra el ahora exministro, a quien desde 2020 vincula con actividades de narcotráfico.

Para Benítez, esta remoción es un cierre simbólico de esta primera etapa sin Maduro, y representa una señal de reconfiguración geopolítica en la región. “La salida de Padrino es cortar la influencia que Rusia tenía en Venezuela, con lo cual Estados Unidos está consiguiendo uno de sus primeros objetivos: incorporar al país a su esfera de influencia”, sostuvo.

Parecería claro que la designación del general Gustavo González López -exministro de Interior y exjefe de inteligencia y contrainteligencia militar- contó con el visto bueno de Washington, no necesariamente explícita, o podría haber más cambios, porque González López dista de ser un rostro renovador. Sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Suiza, su historial genera dudas sobre su posición y futuras acciones.

Un informe de 2020 de la misión de Naciones Unidas que investiga violaciones de derechos humanos en Venezuela señaló que existían “motivos razonables para creer” que González López “tuvo conocimiento, participó y contribuyó” en “graves violaciones” de derechos contra opositores desde 2014, cuando dirigía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El nombramiento podría facilitar, aunque de forma limitada, el acercamiento con Washington. Si bien la relación bilateral se ha enfocado en intereses transaccionales -especialmente en hidrocarburos y minería-, la seguridad interna sigue siendo un eje importante en la agenda estadounidense.

Se tratada de una nueva correlación de fuerzas, pero sin señales -por lo menos todavía- de apertura hacia una transición política, siendo ahora la estabilidad un factor determinante para uno de los objetivos de EE.UU.: atraer inversiones internacionales a Venezuela.

En otro orden de temas sobre Venezuela, la ley de amnistía aprobada en febrero por el Parlamento, de mayoría chavista, busca perdonar al “mismo Estado”, dijo ayer domingo el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, quien expresó su preocupación por esta norma que, en teoría, abarca el periodo de 1999 a 2026, pero en la práctica solo incluye pocos hechos específicos. “Es algo súper importante y útil, pero su principal función es perdonarse el mismo Estado desde el olvido”, sentenció el activista, de visita en Paraguay, quien advirtió que para la aplicación de esta ley no se ha construido “un proceso de establecimiento de verdad para que no vuelva a repetirse esto nunca más”. Con esta norma, opinó, “el Estado trata de simular una justicia, haciendo un poco caprichoso el proceso en que la gente puede obtener la libertad”.

“Todas las personas (detenidas por razones políticas) deben estar libres independientemente de la ley”, agregó Gómez, haciéndose eco de quienes cuestionan la legalidad de esas retenciones.

EFE