La Corte Suprema de Chile ratificó de manera unánime la sentencia que condena a un oficial en retiro del Ejército por su responsabilidad en el secuestro calificado de la ciudadana uruguaya Mónica Cristina Benaroyo Penco. La víctima, quien fue detenida en setiembre de 1973 en la ciudad de Arica, protagonizó uno de los casos más impactantes de violación a los derechos humanos en la región, luego de que sus restos óseos, decapitados y en estado de semimomificación, fueran hallados recién en julio de 2008 dentro de un recinto militar en la Pampa Chaca Oeste.
El fallo de la segunda sala del máximo tribunal chileno desestimó los recursos de casación presentados y confirmó la pena de tres años y un día de presidio para el entonces teniente Juan Iván Vidal Olgueta, en calidad de cómplice.
La resolución subraya la inviabilidad de los argumentos de la defensa, que intentó apelar a la "obediencia debida" y al "miedo insuperable", reafirmando la interpretación de los hechos establecida en las instancias anteriores por la Corte de Apelaciones de La Serena.
La detención de Mónica Benaroyo en Arica
Según la investigación liderada por el ministro Vicente Hormazábal Abarzúa, Mónica Benaroyo fue detenida el 14 de septiembre de 1973 por efectivos de la Policía de Investigaciones en el hotel Tynos de Arica. Al momento de su captura, se le incautó material que incluía manuscritos sobre su estadía en Cuba, menciones al movimiento tupamaro, correspondencia desde Buenos Aires y literatura de corte marxista. Aunque el 25 de setiembre de ese año se ordenó su libertad por falta de antecedentes, la mujer nunca regresó al hotel y fue vista posteriormente siendo torturada en dependencias del Regimiento Rancagua.
El hallazgo en el recinto militar Pampa Chaca
El caso tomó un giro definitivo el 16 de julio de 2008, cuando restos óseos —a excepción del cráneo— fueron descubiertos en un sector de entrenamiento militar. Los peritajes del Servicio Médico Legal de Santiago, mediante análisis de genética forense y dactiloscopía, confirmaron que se trataba de Benaroyo Penco.
Los informes técnicos concluyeron que el cuerpo fue depositado por terceros en una clara acción de ocultamiento, estableciendo una muerte sospechosa de criminalidad que finalmente ha encontrado una resolución judicial definitiva tras más de 50 años de ocurridos los hechos.
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