TRAMA DE CORRUPCIÓN

Alejandro Toledo está prófugo, Pedro Kuczynski y Ollanta Humala pisaron la cárcel y Alan García se suicidó.

Historia de la corrupción, un libro publicado en 2013 por Alfonso Quiroz, en casi 200 años el único presidente de Perú preso había sido Augusto Leguía, fallecido en 1932 en la cárcel de Lima. Pero su fantasma ronda hoy la política nacional.

Los cuatro exmandatarios que gobernaron desde 2001 están bajo investigación de la Fiscalía por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, por haber recibido sobornos o aportaciones no declaradas en sus campañas electorales. Dos de ellos ya pisaron la cárcel por este motivo: Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Alejandro Toledo es prófugo de la justicia desde 2017. Según consta en la petición de extradición a Estados Unidos, el exrepresentante de Odebrecht en Perú prometió a Toledo la entrega de 36 millones de dólares a cambio de la concesión de las obras de la carretera Interoceánica. Su testaferro, el empresario peruano-israelí Yosef Maiman, reconoció ante las autoridades que recibió de la constructora más de 17 millones de dólares destinados a Toledo.

Desde el miércoles, Kuczynski se halla en detención preventiva a pedido del equipo de investigadores de la Fiscalía que lo investiga por actos de corrupción, supuestamente cometidos durante su etapa como ministro de Toledo, al otorgar dos concesiones al gigante brasileño: la carretetera Interoceánica Sur y el proyecto de irrigación e hidroeléctrico Olmos. Se le imputa blanqueo de capitales en perjuicio del Estado.

Los fiscales encargados de la operación conocida como Lava Jato (autolavado, en portugués), tras recabar más pruebas en los últimos días, han cerrado este lunes la investigación preliminar sobre Kuczynski y pasado a la siguiente fase, que es formalizar la instrucción del caso. Por ello han pedido prisión preventiva, durante 36 meses, para el exbanquero de inversión que gobernó Perú entre julio de 2016 y marzo de 2017. El político renunció en marzo de 2018 a la presidencia del país debido al escándalo que provocó la divulgación de los pagos como consultor de Odebrecht mientras era ministro.

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También cumple prisión preventiva por 36 meses, desde octubre, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, presuntamente procedentes de la contabilidad paralela de Odebrecht. Su padre, el expresidente Alberto Fujimori, cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, robo y corrupción.

El fallecido Alan García,que gobernó entre 2006 y 2011, tenía prohibido salir del país desde noviembre, mientras era investigado por colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias ligadas a la concesión a Odebrecht de la construcción de la línea 1 del metro de Lima. El exmandatario se suicidó ayer miércoles cuando iba a ser detenido por la policía.

Gracias a un acuerdo de colaboración entre los investigadores y la constructora, firmado el 14 de febrero, la empresa ha entregado nuevas pruebas de sobornos a altos cargos en Perú. Las más recientes, divulgadas por el medio digital IDL-Reporteros y el diario El Comercio, prueban que Odebrecht entregó al menos cuatro millones de dólares a quien fue la mano derecha de García durante su Gobierno, el exsecretario de la Presidencia y exministro Luis Nava. Nava niega los hechos y desde el lunes está internado en una clínica local.

Apenas 24 horas antes de acabar con su vida, Alan García manifestó que los documentos que dan cuenta de transferencias millonarias a Nava no lo vinculaban a él con los sobornos. “A mí no se me menciona, espero que las personas mencionadas respondan y hagan sus descargos y que el 23 [de abril] el señor Barata [exresponsable de Odebrecht en Perú] termine con esta telenovela ante los fiscales. Soy el hombre más investigado en Perú en los últimos 30 años”, consideró.

La investigación a Ollanta Humala, en el poder entre 2011 y 2016, por pagos irregulares de Odebrecht a su campaña en 2011 es la más avanzada y está pendiente la acusación fiscal.

El antiguo superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, será interrogado por los fiscales la próxima semana. Desde 2018, los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela se hallan entre los personajes más conocidos por los peruanos de a pie, por su investigación a los políticos citados. Sus pesquisas requirieron viajes a Andorra, Tel Aviv, São Paulo y Curitiba, donde mantienen un contacto fluido con los investigadores de la Fiscalía brasileña.

El equipo encargado de aclarar las ramificaciones del caso Odebrecht en Perú ha sufrido los embates de los congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular y del exfiscal general Pedro Chávarry, aliado de esa formación, pero el respaldo de la ciudadanía, mediante manifestaciones en varias localidades del país, ha sido clave para que hayan podido mantenerse en sus funciones. También ha sido clave la documentación recabada por distintos periodistas, que han reunido pruebas adicionales a las de la Fiscalía.

“El Ministerio Público está preparado para afrontar todos los retos que significan el grave grado de complejidad que tienen estas investigaciones”, manifestó el fiscal coordinador Vela cuando la prensa le preguntó por la petición de prisión preventiva para Kuczynski. “El Ministerio Público no quiere que vuelvan a ocurrir casos como los de César Hinostroza y Felix Moreno, que evaden la acción de la justicia”, añadió Vela, en alusión al exjuez cuya extradición espera Perú y al exgobernador del Callao que recibió sobornos de Odebrecht.

Las investigaciones de la trama de Odebrecht en Perú requieren desentrañar operaciones de triangulación financiera que usan la banca tradicional y firmas radicadas en paraísos fiscales que esconden el rastro del dinero y los destinatarios finales.

Odebrecht tenía en Brasil un Sector de Operaciones Estructuradas, que registraba con precisión, en un sistema llamado Drousys-MyWebDay, cada monto transferido a cuentas bancarias o firmas.

Las anotaciones incluían el alias o apodo de los destinatarios relacionados con cada obra pública o cada campaña electoral. En los interrogatorios los ejecutivos de Odebrecht han revelado a los fiscales peruanos la identidad de algunos de los beneficiarios del dinero.

Una trayectoria agitada con exilio y dos mandatos

Joven y audaz, Alan García asumió la Presidencia de Perú en 1985 cuando tenía 36 años y se embarcó en un programa económico de izquierda. Bajo el apelativo de “Caballo Loco”, García impulsó un proyecto que incluía la negativa a pagar la deuda externa y el intento de nacionalización de la banca. Mientras el grupo terrorista Sendero Luminoso avanzaba con brutalidad en sus ataques contra el Estado, la inflación llegaba al 7.000 %.

Su popularidad se desplomó al dejar el cargo el 28 de julio de 1990 a Alberto Fujimori. Entregó su banda presidencial y se marchó sin siquiera escuchar el primer discurso oficial de su sucesor.

-Asilo. García afrontó de forma inmediata investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

Fujimori (1990-2000) protagonizó un autogolpe de Estado e inmediatamente varios hombres armados acudieron a la casa de García con la presunta intención de detenerlo. García huyó por los tejados vecinos y se ocultó durante varias semanas antes de entrar en la embajada de Colombia en Lima.

El gobierno de César Gaviria le concedió protección y obtuvo un salvoconducto que le permitió volar rumbo a Bogotá.

Al caer el fujimorismo retornó a Perú.

-Otro mandato.

En 2001 se volvió a postular a la presidencia y fue derrotado por Alejandro Toledo, de cuya gestión fue opositor, y tras un cambio de línea hacia una opción de derecha populista, volvió a ganar la presidencia tras derrotar al exmilitar nacionalista Ollanta Humala en 2006. (Fuente: EFE)