El Parlamento de Francia aprobó este miércoles el proyecto de ley destinado a establecer el derecho a la "ayuda a morir", que permite a ciertos pacientes, bajo estrictas condiciones, acceder a la muerte asistida o eutanasia.
Esta reforma, defendida por el presidente, Emmanuel Macron, estuvo años en tramitación antes de ser aprobada de forma definitiva por la cámara baja, por 291 votos a favor, frente a 241 en contra.
La Asamblea Nacional francesa dio el visto bueno definitivo al proyecto, destinado a personas con enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento.
La legalización de la eutanasia había sido impulsada a finales de 2024 por Macron, quien se puso como objetivo la aprobación de este derecho como uno de los avances sociales de su segundo y último mandato que acaba en mayo del año próximo.
Desde 2025, el texto recibió en dos ocasiones el aval de los diputados pero fue tumbado en otras dos ocasiones por el Senado, de mayoría conservadora.
La norma será ahora examinada ante el Consejo Constitucional por iniciativa del primer ministro nombrado por Macron, Sébastien Lecornu, quien tiene dudas respecto a algunas partes del texto, como el tiempo de reflexión del paciente (dos días).
Los requisitos de la ley
El texto, impulsado por el diputado Olivier Falorni (de la izquierda independiente), introduce en Francia el derecho a la "ayuda a morir", que debe ser ejercida por la propia persona implicada excepcionalmente, si está físicamente incapacitada, por un médico o enfermero.
Las condiciones para ejercer ese derecho incluyen que hay que ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o ser residente en el país.
Lo pueden reclamar personas que sufran enfermedades graves e incurables, cuyo pronóstico vital debe estar comprometido en fase avanzada o terminal, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida.
Debe experimentar un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que no pueda ser aliviado o que el paciente considere insoportable tras haber decidido rechazar o detener un tratamiento, si bien se especifica que el sufrimiento puramente psicológico, sin patología física grave subyacente, no da acceso a este derecho.
Y para ejercerlo, el implicado debe tener plena capacidad de discernimiento y ser apto para manifestar su voluntad de forma libre y consciente en el momento de realizar la solicitud.
En ese caso debe pedir la ayuda a un médico y el proceso debe formalizarse por escrito y ser sometido a una evaluación colegiada. A partir de ahí, el médico debe dar una respuesta motivada en un plazo de 15 días desde la solicitud.
Aspecto más polémico
Si se aprueba, el paciente debe confirmar su decisión tras un periodo mínimo de reflexión de 2 días.
Este último es precisamente uno de los factores que más controversia causan, por su duración, y uno de los aspectos que el Gobierno de Sébastien Lecornu remitirá al Tribunal Constitucional.
También pedirá que se pronuncie sobre las disposiciones aplicables a los adultos bajo tutela o protección judicial, en particular en relación con la expresión de un consentimiento libre e informado, así como sobre el papel de las personas legalmente encargadas de su protección.
Y la tercera consulta irá dirigida a la articulación entre la cláusula de conciencia de los profesionales sanitarios y la situación de los establecimientos sanitarios y médico-sociales cuya razón de ser es acompañar a los enfermos al final de la vida, sin acelerar su fallecimiento pero también sin encarnizamiento terapéutico, y que excluyen el recurso a la ayuda a morir.
El Gobierno, en un comunicado, justificó esta decisión señalando que, aunque la Asamblea Nacional celebró un debate en profundidad sobre el texto, el examen en el Senado "no permitió un análisis igualmente exhaustivo" que concilie las expectativas de los defensores de la reforma con las inquietudes de sus detractores sobre su aplicación.
Espera así que la intervención del Constitucional aporte "las aclaraciones necesarias" para garantizar que su aplicación respete plenamente los principios constitucionales, en particular la dignidad humana y la libertad personal.
Con información de EFE y AFP
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