Texas comenzó a implementar la ley firmada por Greg Abbott que obliga a los condados a trabajar con ICE

El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que comenzó a regir al inicio de este año y está diseñada para brindar asistencia a ICE en Estados Unidos. La legislación es la SB 8 de Texas, que obliga a los condados del Estado de la Estrella Solitaria a colaborar con el organismo federal encargado de hacer cumplir las leyes migratorias de EE.UU.

Si un condado no solicita un acuerdo 287(g) con ICE, se podría exponer a sanciones, indica esta ley de Texas.

Según lo establece el texto de la norma, que entró en vigor el 1° de enero, algunas jurisdicciones del Estado de la Estrella Solitaria están obligadas a solicitar a la agencia migratoria su incorporación a un acuerdo de cooperación.

Las claves de la ley son las siguientes:

• Todos los departamentos policiales de condados que tengan una cárcel, ya sea que la administren directamente o mediante un privado, deben solicitar un acuerdo 287(g) al ICE.
• Los sheriffs tienen hasta el 1° de diciembre para pedir la participación en el programa.
• En caso de rechazo por parte de la entidad federal, el condado debe presentar pruebas al estado de que presentó la solicitud. Además, debe volver a aplicar al menos una vez por año.
• Para que un contrato entre un condado de Texas y el ICE sea válido, debe establecer claramente: el alcance de la autoridad delegada, la duración del compromiso y las limitaciones para hacer cumplir las leyes migratorias.

Además de marcar la obligación de que los condados presten su cooperación a la agencia federal, la ley firmada por Abbott también indica que Texas se encargará de enviar fondos con este fin.

Foto: ICE

Algunas de las claves sobre esta estipulación son:

• El estado cubrirá los fondos no reembolsados por el gobierno federal mediante un programa destinado a ese fin.
• Las subvenciones varían según la cantidad de habitantes de cada condado, con un mínimo de US$ 80.000 y un máximo de US$ 140 mil para jurisdicciones con al menos un millón de habitantes.
• Este dinero debe usarse en el plazo de los dos años desde que se entregó y tiene que ser obligatoriamente destinado a gastos relacionados con la colaboración con ICE.
• Los fondos son complementarios al presupuesto de seguridad aprobado, el cual no se puede recortar con la excusa del dinero extra que envía el gobierno de Texas.

Según lo que indica la SB 8, los sheriffs que no cumplan se enfrentan a una demanda civil por parte del procurador general de Texas. Esta debe presentarse dentro de un tribunal del distrito en cuestión para tener validez.

En lo que respecta a sanciones, no hay castigos específicos establecidos, más allá de la obligación de pagar el costo de honorarios y otros gastos legales que se desprendan de la demanda que presente Texas.

Foto: Octavio Jones/AFP.

Sin embargo, en caso de que la Justicia considere que hay un incumplimiento, el departamento policial se verá obligado a cumplir con la ley.

La Nación/GDA