El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos solicitó formalmente a las fuerzas de seguridad locales en Florida y Texas que no divulguen detalles sobre su participación en las redadas migratorias. Según directrices reportadas por medios locales, la administración federal busca centralizar el manejo de la información obtenida mediante los acuerdos 287(g), impidiendo que los departamentos policiales respondan de forma independiente a consultas de prensa o solicitudes de transparencia ciudadana.
La agencia envió una serie de correos electrónicos entre el 19 de abril y el 5 de mayo a las autoridades que mantienen convenios de colaboración. En dichas comunicaciones, el gobierno federal advirtió que la información generada bajo estos programas está bajo el control exclusivo de ICE y no puede ser difundida sin una aprobación previa. Esta medida afecta directamente a las conferencias de prensa y publicaciones en redes sociales donde usualmente se informaba sobre el alcance de los operativos migratorios en territorio estadounidense.
La directriz establece un protocolo estricto: "Por favor, manténganlo en mente, particularmente en situaciones en las que pueda ocurrir la difusión de información, como conferencias de prensa, comunicadores de prensa, recorridos con los medios, publicaciones en redes sociales, y respuestas a peticiones de la Ley por la Libertad de la Información (FOIA, por su sigla en inglés)", indica el mensaje obtenido por los medios locales. Esta restricción implica que las agencias locales no podrán precisar datos básicos, como la cantidad de efectivos involucrados en una detención específica, sin recibir el visto bueno desde Washington.
El conflicto con las leyes de transparencia
La nueva política de confidencialidad genera una fuerte fricción con las leyes de transparencia vigentes en varios estados. En el caso de Florida, estas instrucciones contrastan con la denominada Ley Sunshine, que garantiza el acceso público a los registros gubernamentales. Sin embargo, la presión federal aumenta a medida que la Administración de Donald Trump profundiza la cooperación con los estados republicanos para ejecutar las políticas de deportación.
El crecimiento de los convenios de colaboración ha sido exponencial en los últimos meses. En septiembre pasado, las autoridades federales reconocieron a Florida por establecer el estándar nacional en las asociaciones de seguridad, registrando un total de 325 acuerdos vigentes. Esto representa un incremento del 577% desde el inicio de la actual gestión el 20 de enero de 2025. El gobernador Ron DeSantis impulsó normativas que obligan a los condados a firmar estos pactos, integrando a la Policía de Miami y a la Patrulla de Carreteras en tareas que antes eran exclusivas de la esfera federal.
Por su parte, el estado de Texas mantiene una postura similar mediante la ley SB 8, que exige a los alguaciles de todos sus condados la firma de convenios de asistencia. Actualmente, ese estado suma 299 acuerdos, consolidándose como uno de los pilares de la estrategia de seguridad fronteriza y control interno. La falta de transparencia sobre estas acciones preocupa a organizaciones civiles, que ven en el ocultamiento de datos un obstáculo para el control de posibles excesos en el uso de la fuerza durante las detenciones de extranjeros en situación irregular.
Con información de EFE
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