Redacción El País
El cierre parcial del Gobierno Federal de Estados Unidos, que hoy cumple 35 días, está a punto de convertirse en el más largo de la historia y superar al que se prolongó durante el mismo periodo entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Y si eso sucede, coincidirá con el día en que se celebra el primer aniversario de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
El actual cierre es el cuarto que afronta el presidente del país, Donald Trump, que ya vivió tres durante su primer mandato (2017-2020), entre ellos el más largo de la historia hasta ahora.
Aquel cierre comenzó el 20 de diciembre de 2018, después de que republicanos y demócratas no consiguieran un acuerdo para destinar 5.700 millones de dólares a la construcción del muro en la frontera con México prometido por Trump durante su campaña electoral.
La clausura provocó que 800.000 funcionarios no cobrasen sus nóminas. Concluyó el 25 de enero de 2019 tras alcanzarse un acuerdo temporal —sin fondos para el muro— para reabrir el Gobierno, y continuar las negociaciones presupuestarias. Finalmente, Trump declaró en marzo una emergencia nacional para financiar la construcción de la valla fronteriza.
El mandatario republicano ya había sufrido otros dos cierres ese mismo año. El primero duró tres días, entre el 20 y el 22 de enero, y fue motivado por la decisión demócrata de incluir en el presupuesto ayudas a los inmigrantes, especialmente a los que habían llegado al país siendo niños, conocidos como dreamers.
El tercer cierre, en febrero de 2018, originado por una maniobra del senador Rand Paul, beligerante contra el gasto público, duró apenas unas horas, tras las que los congresistas aprobaron el plan presupuestario.
Desde 1980 se han producido una quincena de crisis que han afectado a la aplicación de los presupuestos gubernamentales y una docena de ellas han provocado el cierre de algunas de las actividades del Gobierno.
Casi todos estos cierres se han producido con la presidencia del país en manos de un partido y la mayoría de alguna de las dos cámaras legislativas en las del otro, aunque no fue así en el caso de Trump en 2018, ni lo es en este caso.
Durante el mandato de Joe Biden (2021-2024), que gobernó entre los dos periodos presidenciales de Donald Trump, el demócrata se enfrentó a la amenaza del cierre gubernamental en noviembre de 2023 y en marzo de 2024, pero logró evitarlo, y ya con Trump elegido para su segundo mandato, en diciembre de 2024, un acuerdo para extender el presupuesto federal frenó 'in extremis' el cierre.
Trump declaró en una entrevista emitida el domingo que no será "extorsionado" por los demócratas, que exigen negociaciones para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que expiran a fin de año para millones de estadounidenses. Trump considera que la ley, —a menudo conocida como Obamacare porque fue firmada y defendida por el expresidente Barack Obama— es “terrible” y que si los demócratas votan para reabrir el gobierno, “trabajaremos en arreglar la mala atención médica que tenemos ahora”, dijo.
Crisis del SNAP
El gobierno informó el lunes que la ayuda alimentaria de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses se reducirá prácticamente a la mitad en noviembre debido a la parálisis presupuestaria que lleva un mes en curso. La ayuda alimentaria se agotó el sábado. Muchas familias están ahora sin los cerca de 180 dólares mensuales en promedio de los cupones de alimentos.
El gobierno utilizará 4.650 millones de dólares de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa SNAP (por sus siglas en inglés), el principal de ayuda alimentaria pública en Estados Unidos, lo que cubrirá aproximadamente "el 50% de las ayudas de los hogares elegibles", afirmó un funcionario del Ministerio de Agricultura en documentos judiciales.
El Ejecutivo, según estos documentos presentados ante una corte federal de Rhode Island, no completará el faltante con otros recursos. Este anuncio sigue a una decisión de un juez federal de Providence (noreste), uno de los dos que ordenaron la semana pasada al gobierno utilizar fondos de emergencia para garantizar la continuidad del programa SNAP.
El presidente Trump aseguró el viernes que estaba dispuesto a desbloquear los fondos necesarios si la justicia así lo decidía, y señaló que no quiere "que los estadounidenses pasen hambre". Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, acusó el domingo a Trump y a su Partido Republicano de "instrumentalizar el hambre".
El SNAP cubre a casi 42 millones de personas, lo que representa una octava parte de la población total. La mayoría de sus beneficiarios viven en o por debajo del umbral federal de pobreza y su costo supera los 8.000 millones de dólares mensuales a nivel nacional.
“La Administración Trump tiene los recursos para financiar este programa en su totalidad, y su decisión de no hacerlo dejará a millones de estadounidenses con hambre y esperando aún más tiempo la ayuda”, declaró en un comunicado la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, quien lideró una coalición de funcionarios estatales demócratas en una de las demandas que forzaron la financiación.
La Administración también proporcionó fondos adicionales al Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), que ayuda a madres de bajos ingresos a comprar alimentos básicos nutritivos.
Decenas de servicios afectados
La situación es especialmente dramática entre los controladores aéreos, que pertenecen al grupo de funcionarios que están obligados a seguir trabajando, por estar considerados como “esenciales”, aunque sin cobrar por ello (el resto, unos 750.000 quedan suspendidos de empleo, además de sueldo).
Tradicionalmente, los controladores han faltado a sus trabajos durante los cierres del Gobierno. El jueves, eso provocó retrasos o la interrupción temporal de las operaciones en aeropuertos de todo el país. Más de 3,2 millones de pasajeros se han visto afectados por retrasos o cancelaciones desde que comenzó el cierre, según informó el lunes un grupo de aerolíneas.
Los trabajadores federales, como las fuerzas del orden y los miembros del ejército, tampoco están cobrando sus nóminas.
La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que el cierre podría costar a la economía 11.000 millones de dólares si dura otra semana
Con información de EFE y AFP
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