Estados Unidos levantó ayer martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela. La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50% o más.
La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las “transacciones comerciales” con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington.
Por “servicios financieros”, la OFAC entiende la apertura de cuentas bancarias, los préstamos, las transferencias de fondos, remesas o cambio de divisas, entre otras operaciones.
Estas nuevas directrices llegan menos de dos semanas después de que Estados Unidos retirara a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su lista de sancionados y suponen un paso más en el deshielo de relaciones entre Washington y Caracas.
Sin estas restricciones, las principales instituciones bancarias venezolanas podrán entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.
Tras el arresto en Caracas del dictador Nicolás Maduro en una intervención militar por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el Gobierno de Donald Trump ha ido normalizando las relaciones diplomáticas con Venezuela, que rompieron en 2019. En paralelo, Washington también ha ido levantando las estrictas sanciones económicas a las que había sometido a Venezuela bajo el anterior mandato de Trump (2017-2021) en una estrategia para intentar presionar la salida de Maduro.
A cambio, el gobierno de Rodríguez ha promovido cambios significativos en el sector de hidrocarburos, el gran objetivo del gobierno de Trump.
La gran mayoría de licencias generales de la OFAC respecto a Venezuela de los últimos tres meses están vinculadas a la apertura de la explotación petrolera a multinacionales extranjera.
La OFAC también levantó las sanciones contra el procurador Reinaldo Muñoz, en vigor desde septiembre de 2020. EFE, AFP
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