Las carreteras quedaron completamente despejadas ayer martes en Bolivia, informaron las autoridades, tres días después de la proclamación del estado de excepción destinada a poner fin a siete semanas de protestas contra el gobierno.
Con la entrada en vigor de la medida, mejoró el abastecimiento en ciudades como La Paz y su vecina El Alto, las más afectadas. En el punto álgido de la crisis, las autoridades llegaron a contabilizar hasta un centenar de cortes de ruta.
El presidente de centroderecha Rodrigo Paz decretó el sábado el estado de excepción para prohibir las protestas y ordenó a policías y militares despejar las rutas.
“Nuestras carreteras han sido liberadas”, señaló ayer martes en su cuenta de X el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. Desde comienzos de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca multiplicaron las manifestaciones y los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, en un contexto de crisis económica, la más grave en 40 años.
En una declaración, Estados Unidos y otros 15 países americanos expresaron su “profunda preocupación” por el impacto de los bloqueos y afirmaron que los intentos de “socavar y derrocar” al gobierno representan una “grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática” de Bolivia.
“Apoyamos al gobierno boliviano elegido de acuerdo con la Constitución e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional”, añaden en el texto.
Narcos e izquierda
El presidente panameño José Raúl Mulino afirmó por su parte durante la Asamblea General de la OEA en Panamá que el narcotráfico financia a la “izquierda radical” en Bolivia. El crimen organizado “busca subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos”, declaró.
“El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización impulsada por sectores radicales y por el crimen organizado que buscan subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos”, dijo Mulino.
“Este es un problema serio, muy serio, que estamos enfrentando todos como podemos (...) los problemas de Rodrigo Paz no son distintos a los de cualquier país amenazado por la izquierda radical y el narcotráfico que lo financiero”, agregó el presidente de Panamá.
Mulino también manifestó que avaló una propuesta de la OEA para enviar a Bolivia una misión de cancilleres y ministros de seguridad y defensa para apoyar a la paz y evaluar la situación en ese país.
Paz, que puso fin en noviembre a dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa al expresidente Morales (2006-2019) de haber orquestado las protestas, que provocaron escasez de combustibles, alimentos y medicamentos. Paz también acusa a Morales de financiar las protestas con dinero proveniente del narcotráfico.
Los últimos puntos de bloqueo se extinguieron, tras declarar Morales el lunes su suspensión temporal. Todos estaban en el departamento de Cochabamba, bastión del expresidente en el centro del país.
Refugiado en la región selvática del Chapare, Morales declaró al término de una asamblea de dirigentes cocaleros este lunes que “por ahora un cuarto intermedio” en los bloqueos.
Morales permanece refugiado en Lauca Eñe, una localidad cocalera del Chapare, para evitar la ejecución de una orden de captura por presunta trata de una menor, acusación que él rechaza. AFP
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