La Cámara de Diputados de Bolivia sancionó ayer domingo la ley que regula los estados de excepción, tras más de 12 horas de debate, y la envió al Ejecutivo para su promulgación, mientras persisten los bloqueos de caminos de los sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La sesión de la Cámara de Diputados se instaló bajo la modalidad híbrida, con legisladores presentes y otros que siguieron el debate de forma virtual, desde las 17:00 del sábado, para tratar con carácter de urgencia la norma, cuyo debate se prolongó hasta casi las 6:00 de ayer domingo. La norma fue aprobada con 79 votos a favor, más de dos tercios de los asistentes.
El diputado Manolo Rojas, del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó durante el debate que la aprobación de la norma “es algo que necesita el pueblo boliviano y, sobre todo, el Estado para salvaguardar el orden constitucional”.
Por su parte, Basilia Cruz, de la opositora Alianza Popular, sostuvo que la norma es una “carta abierta” para la actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas, por lo que instó a que los conflictos que vive el país se resuelvan mediante el “diálogo”.
La ley aprobada busca regular la aplicación de estados de excepción en casos de conmoción interna y otros acontecimientos, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Bolivia.
Entre sus fines están la “preservación del orden democrático” y la “estabilidad institucional del Estado”, mediante una “proporcionalidad razonable” ante la amenaza detectada.
En los casos de conmoción interna, otorga a la Policía un rol principal, con respaldo limitado de las Fuerzas Armadas, y prevé restricciones temporales a actividades que contribuyan a esa situación crítica.
La ley sancionada por el Legislativo pasó al Ejecutivo para su aprobación presidencial y aún resta esperar si Paz decide o no declarar el estado de excepción en Bolivia.
Bloqueos
Bolivia sufre desde hace más de un mes los bloqueos de caminos que lideran la Federación de Campesinos ‘Túpac Katari’ y la Central Obrera Boliviana, a los que se sumaron los grupos leales al expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes piden la renuncia de Paz como “única demanda”.
En las últimas semanas, los bloqueos de carreteras se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y, especialmente, oxígeno medicinal para los centros de salud.
La Policía y el Ejército ejecutó el fin de semana una acción conjunta en una carretera del este del país, que culminó con varios heridos, entre ellos cuatro agentes antidisturbios que recibieron disparos.
El Gobierno reiteró recientemente su voluntad de dialogar para encontrar una salida a esta crisis, pero los líderes de los sectores en protesta reiteraron su posición e instaron a Paz a renunciar a la Presidencia.
Violencia y desbloqueo de rutas
La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó que 16 civiles y 19 policías resultaron heridos el fin de semana durante en un operativo de desbloqueo de carreteras en el este de Bolivia, ocupadas por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La entidad de defensa de los derechos humanos indicó que efectuó “una verificación ‘in situ’ y un seguimiento riguroso a la evolución médica” de los heridos en cuatro hospitales de la región oriental de Santa Cruz, donde constató la presencia “de 16 personas civiles heridas y 19 efectivos policiales afectados”. El reporte señala que 14 de los 16 civiles fueron dados de alta, mientras que dos permanecen internados. Sobre la situación de los policías, la Defensoría indicó que “constató cinco afectados”, de los que cuatro están internados y uno, el agente que recibió un disparo en la cabeza, permanece bajo valoración para ingresar a cuidados intensivos. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó en el comunicado su “preocupación” por las agresiones causadas a civiles y policías y pidió a las autoridades que toda acción de la fuerza pública se realice “bajo los estándares internacionales de derechos humanos”. EFE
Ante la "luz verde"
El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibió ayer domingo luz verde del Congreso para utilizar al Ejército en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia. Campesinos, mineros, transportistas y grupos afines al expresidente populista Evo Morales mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.
Paz, en el gobierno desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones.
Hasta ahora la participación de los militares ha sido muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.
Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.
Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal. Ese tema fue uno de los más debatidos.
“Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.
Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto como los que vive hoy Bolivia.
Con información de EFE y AFP
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